La LXVII Legislatura de Veracruz aprobó, con 43 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, un conjunto de actualizaciones al marco penal relativo al delito de Abuso Sexual redefiniéndolo, aumentando las penas al ser un atentado contra la libertad y la seguridad sexual y protegiendo especialmente la integridad de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes.
El dictamen, signado por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género, deriva de las iniciativas con proyecto de decreto autoría de la diputada Dorheny García Cayetano y de las integrantes del Grupo Legislativo de Morena para actualizar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
De acuerdo con el dictamen, ambos proyectos tienen como objeto principal el aumento de las penas en diversos delitos contra la libertad y la seguridad sexual y confluyen en la tutela de bienes jurídicos como la libertad y la seguridad sexual. La finalidad de las propuestas unificadas es reforzar integralmente el marco jurídico estatal para la protección efectiva de las víctimas de delitos sexuales, con un énfasis particular en las personas menores de edad.
Las comisiones integraron al dictamen la redefinición del delito de Abuso Sexual estableciendo que lo comete “quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo”.
Además, a quien cometa este ilícito se le impondrá una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multa de 250 a 550 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se perseguirá de oficio.
También prevé las circunstancias por las cuales las penas señaladas aumentarán hasta en una tercera parte.
A lo anterior se añade que, como parte de la reparación del daño, el sujeto activo deberá cubrir los gastos relacionados con la atención psicológica para la víctima, hasta su total recuperación, sin perjuicio de las otras medidas establecidas en la Ley.
En cuanto al delito de acoso sexual, a quien lo cometa se le impondrá de un año y ocho meses a cuatro años de prisión y multa por el valor diario de hasta 500 UMAs.
Con esta actualización a su marco penal, Veracruz asume una política de mayor rigor ante estos ilícitos y se suma a las entidades federativas que han optado por marcos punitivos que excluyen la posibilidad de que los agresores accedan a salidas alternas preliberacionales.
Posicionamientos
En la etapa de posicionamientos por grupo legislativo y por partido político, todas las fuerzas políticas coincidieron en su respaldo a este proyecto y anticiparon su voto a favor.
Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Astrid Sánchez Moguel aseguró que en Veracruz la violencia sexual no es ni será tolerada, ni minimizada ni un asunto privado. Con estas modificaciones, “disuadimos al agresor, protegemos a las víctimas con mayor eficacia, removemos y promovemos un cambio cultural profundo que arranque de raíz la misoginia y el machismo y alineamos a nuestro estado con los más altos estándares internacionales de derechos humanos”.
El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció el trabajo de las comisiones dictaminadoras para actualizar y agravar las sanciones y manifestó que “con esta reforma damos un mensaje contundente del Estado mexicano a las mujeres, a las niñas y niños de Veracruz, les decimos que les creemos, que estamos de su lado y que todo el peso de la Ley caerá sobre quienes intenten robarles su paz, su dignidad y su libertad”.
En nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez indicó que el consentimiento es el centro de la libertad sexual, por lo que “la carga de la vergüenza no es de la víctima, sino del agresor”. Al advertir que la violencia sexual no es un hecho aislado sino un problema persistente, precisó que en Veracruz durante 2025 fueron reportados más de tres mil delitos contra la libertad y la seguridad sexual y que esto se resuelve con leyes claras, instituciones coordinadas y presupuesto.
La legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), habló de las heridas emocionales, psicológicas y sociales que el abuso sexual deja en las víctimas, con quienes, dijo, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar protección efectiva y justicia. De acuerdo con la diputada, fortalecer la legislación en esta materia es proteger a quienes más lo necesitan y es también afirmar un principio fundamental: la libertad y la dignidad de las personas no se negocian.
Por el partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada destacó el sentido ético y político de esta reforma, la cual, advirtió, abarca tres vertientes: sancionar, transformar conductas y prevenir futuras agresiones. Consideró que aprobar estas reformas es asumir que la lucha por los derechos de las mujeres no se conmemora sólo con discursos, sino con decisiones legislativas que transforman realidades. “Hoy, este Congreso puede decir a las mujeres de Veracruz: las escuchamos, les creemos y actuamos en consecuencia”, concluyó.
