Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La reciente reforma judicial en México ha sido criticada internamente por Morena, con Alfonso Ramírez Cuéllar y la ministra Jazmín Esquivel admitiendo errores en su diseño e implementación, como la selección de candidatos vía «tómbola» y «acordeón», que generaron candidaturas cuestionables y baja legitimidad. La desaparición de las Salas de la SCJN, responsables del 93% de los expedientes, ha sobrecargado el Pleno con miles de casos pendientes (aumento del 37.7% en 2025), reduciendo la eficiencia en hasta 45% según estimaciones por menor capacidad resolutiva. La ministra Jazmín Esquivel ha defendido aspectos, pero rechazos a sus proyectos resaltan tensiones en el diseño constitucional. La discusión ya no gira únicamente en torno a la pertinencia de la reforma, sino a la necesidad de corregirla para preservar tres pilares fundamentales: la eficiencia institucional, la legitimidad democrática y la confianza económica.
Ramírez Cuéllar sugiere posponer las elecciones judiciales de 2027 hasta junio de 2028 para corregir fallas, eliminar comités de evaluación multipartidistas, reducir candidaturas por puesto y fortalecer filtros de idoneidad e independencia frente a partidos e intereses económicos. Otros ajustes incluyen digitalizar expedientes para verificación, capacitar personal electoral en perfiles judiciales y separar elecciones judiciales de las políticas para evitar confusión y politización. La presidenta Sheinbaum minimiza inquietudes para inversionistas, pero expertos piden blindaje jurídico contra corrupción en candidaturas.
La elección popular de jueces ha elevado temores de captura partidista, con baja participación (13% en 2025), candidatos ligados a corrupción o crimen organizado, y alias como «Juez de AMLO» que sugieren sesgo político. Para 2027, coincidir con elecciones políticas podría sobrecargar al INE, generar confusión ciudadana y minar independencia, según analistas y sociedad civil; EE.UU. ha expresado preocupación por impacto en T-MEC. Expectativas incluyen mayor escrutinio ciudadano y mecanismos de evaluación de desempeño para mitigar dudas.
La reforma genera desconfianza al elevar incertidumbre jurídica, deteniendo inversiones frescas (empresas reinvierten utilidades pero pausan expansiones), con impacto en IED de 36 mil millones USD en 2023. Retardos en litigios, arbitrajes y percepción de riesgo judicial amenazan T-MEC en 2026, con Coparmex alertando sobre menor atractivo para capital extranjero. Ajustes como posposición y filtros podrían restaurar certidumbre, pero sin ellos, persiste volatilidad para inversionistas nacionales y foráneos.
Uno de los cambios más controvertidos fue el rediseño de la Suprema Corte de Justicia. La reforma redujo el número de ministros de once a nueve y eliminó las salas especializadas para concentrar todas las decisiones en el pleno. Aunque la intención era simplificar la estructura del tribunal constitucional, la medida ha generado efectos contraproducentes. Al desaparecer las salas que antes resolvían una gran parte de los asuntos, el pleno enfrenta ahora una mayor carga de trabajo y menor especialización en materias clave como derecho penal, administrativo o laboral. Diversos análisis advierten que esta reorganización podría estar afectando la productividad judicial y ralentizando la resolución de casos. Ante este escenario, una corrección razonable sería restablecer salas especializadas o crear cámaras temáticas que permitan mantener eficiencia sin renunciar al nuevo modelo institucional.
Otro eje polémico de la reforma es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Más de 2,600 cargos judiciales federales y estatales comenzaron a definirse mediante voto ciudadano. En principio, esta medida busca acercar el Poder Judicial a la sociedad. No obstante, la primera experiencia electoral reveló varios problemas: campañas poco conocidas, participación ciudadana muy reducida de solo el 12% de la ciudadanía y el uso de “acordeones” para orientar el voto hacia determinados candidatos. Esto pone en evidencia un dilema estructural: mientras la democracia electoral privilegia la competencia política, la función judicial exige independencia técnica y profesionalismo. Para equilibrar ambas dimensiones, varios especialistas han propuesto modelos híbridos en los que comités técnicos independientes preseleccionen a los candidatos y la ciudadanía vote únicamente entre perfiles certificados o ratifique periódicamente a los jueces ya en funciones.
A ello se suma la fragilidad institucional del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, creado para supervisar la conducta de los juzgadores. Este órgano debería ser el pilar del combate a la corrupción judicial; sin embargo, su funcionamiento inicial ha sido cuestionado por su lentitud y por dudas sobre su independencia. Si la instancia encargada de vigilar a los jueces es percibida como politizada, el sistema pierde credibilidad. De ahí que resulte fundamental fortalecer su integración mediante la participación equilibrada de la judicatura, la academia y la sociedad civil, además de establecer procedimientos transparentes y mecanismos de auditoría externa.
Más allá de los aspectos técnicos, uno de los riesgos más discutidos es la posible politización del Poder Judicial. Diversos analistas han advertido que el nuevo sistema podría favorecer la alineación de los tribunales o “captura” con el partido gobernante, especialmente después de que la mayoría de los ministros electos en la nueva Suprema Corte están vinculados con el oficialismo. La preocupación central es que el equilibrio entre poderes —un elemento esencial de cualquier democracia constitucional— se debilite si el Poder Judicial pierde autonomía frente al Ejecutivo o al Legislativo. Para evitar ese escenario, sería necesario prohibir el financiamiento político en campañas judiciales, limitar la propaganda partidista, exigir trayectorias profesionales sólidas y establecer periodos escalonados de elección que impidan la captura simultánea de todo el tribunal.
Las implicaciones de la reforma también trascienden el ámbito político y alcanzan el terreno económico. Para los inversionistas nacionales y extranjeros, la seguridad jurídica es un factor clave en la toma de decisiones. Cuando se percibe que el sistema judicial puede responder a intereses políticos, aumenta el riesgo país, se encarece el financiamiento y se retrasan proyectos de inversión. La confianza económica depende en gran medida de la estabilidad institucional y de la existencia de tribunales capaces de resolver conflictos de manera imparcial. Por ello, recuperar la certidumbre exige reglas claras en la transición judicial, tribunales especializados en áreas estratégicas como comercio y energía, y el respeto a mecanismos internacionales de arbitraje.
Las próximas elecciones judiciales previstas para 2027 representan una prueba decisiva para el futuro de la reforma. El proceso es escalonado y busca completar la renovación del sistema; sin embargo, persisten dudas sobre la participación ciudadana, la complejidad de las boletas y la posibilidad de que los partidos políticos influyan de manera determinante en los resultados. De aquí a entonces pueden abrirse tres escenarios: una corrección institucional que fortalezca el modelo, la consolidación de un sistema judicial más alineado con las mayorías políticas o, en el largo plazo, una contrarreforma que retome esquemas mixtos de nombramiento.
En este contexto, los ajustes más viables políticamente no requieren necesariamente una reforma constitucional profunda. Bastaría con establecer filtros técnicos obligatorios para los candidatos, reinstalar mecanismos de especialización dentro de la Suprema Corte, fortalecer la carrera judicial, regular estrictamente las campañas y garantizar una verdadera autonomía del Tribunal de Disciplina.
La reforma judicial mexicana no está condenada al fracaso, pero su diseño inicial ha mostrado fallas significativas. Si no se corrigen a tiempo, el país podría enfrentar un triple riesgo: la captura política del Poder Judicial, la erosión de la legitimidad democrática y un deterioro en la confianza económica de parte de inversionistas tanto nacionales como extranjeros. En donde la Inversión Extranjera Directa (IED) ha sido clave para el desarrollo de nuevos polos y la generación de empleos. La clave no está en revertir completamente la reforma, sino en perfeccionarla para que cumpla su objetivo original: construir una justicia más cercana a la ciudadanía, pero también sea independiente, profesional y capaz de garantizar el Estado de derecho.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
