Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La modificación constitucional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum busca permitirle participar activamente en campañas electorales de 2027 a favor de Morena, principalmente mediante un «plan B» que adelanta y habilita su promoción en la revocación de mandato coincidiendo con los comicios. Esto rompería la prohibición actual del artículo 41 constitucional, que suspende propaganda gubernamental durante campañas para garantizar equidad.
La reforma permitiría a Sheinbaum difundir mensajes y promover el voto en su favor durante la revocación, coincidiendo con elecciones federales y locales de 2027, lo que le daría visibilidad masiva vía conferencias mañaneras, spots informativos y eventos públicos. Esto fortalecería la narrativa de Morena, asociando su imagen positiva (alta aprobación reportada) con candidatos del partido, influyendo en preferencias electorales en un contexto de alta concentración de poder oficialista. Especialistas advierten riesgos de inequidad al usar recursos públicos implícitamente para autopromoción.
La oposición, sin acceso a una figura presidencial de similar peso, enfrentaría un desbalance en exposición mediática y movilización, exacerbado por la concentración de recursos en Morena observada en procesos previos. PAN y PRI, ya debilitados por divisiones internas (como la decisión del PAN de ir solo), tendrían menor capacidad para competir en igualdad, limitando su alcance ante la promoción oficialista. Esto podría traducirse en menor votación opositora, especialmente si la revocación empalma operativamente con elecciones, complicando su logística.
Aunque no hay confirmación directa de rechazo total por el PVEM, Morena ha impuesto una regla antinepotismo estricta para 2027, prohibiendo candidaturas de familiares de gobernantes incluso en alianzas con PVEM y PT, lo que genera tensiones en la coalición oficialista. Esto cierra puertas a aspirantes ligados a PVEM, forzando ajustes para mantener la unidad rumbo a 2027, pese a choques previos en estados como Veracruz. La dirigencia de Morena insiste en aplicar esta medida firmemente para evitar fracturas.
En teoría, la revocación de mandato es uno de los instrumentos más avanzados de la democracia participativa en México. Su propósito es claro, permitir que la ciudadanía retire del cargo a un presidente que ha perdido su confianza. No es una elección, no es una campaña y, mucho menos, un mecanismo de ratificación. Sin embargo, en la práctica, la línea entre estos conceptos se ha ido desdibujando peligrosamente.
La propuesta de adelantar este ejercicio abre un debate que va más allá de lo jurídico. Sí, se requeriría una reforma constitucional. Sí, podría justificarse en términos legales. Pero el verdadero problema no está en si se puede hacer, sino en para qué se haría?
Mover la revocación de su punto natural —la mitad del sexenio— rompe su lógica original. Deja de ser un instrumento ciudadano de evaluación para convertirse potencialmente en una herramienta de intervención política en el calendario electoral. Y ahí es donde surgen las alertas.
La experiencia reciente ya mostró que, aunque la revocación no está diseñada como ratificación, puede operar como tal. Bajo una narrativa política adecuada, se transforma en una demostración de fuerza, en un ejercicio de movilización y, sobre todo, en una plataforma de posicionamiento.
El problema es que no todos los actores juegan con las mismas reglas. Mientras el gobierno en turno concentra la atención mediática y cuenta con estructuras territoriales robustas, la oposición enfrenta un terreno desigual: no hay candidatos, no hay competencia directa y no hay mecanismos equivalentes para equilibrar la exposición pública.
Esto no significa necesariamente que se esté violando la ley. Pero sí plantea una pregunta más profunda ¿puede algo ser legal y, al mismo tiempo, erosionar la equidad democrática?
El uso de figuras como “enlaces”, “defensores” o la promoción anticipada de perfiles políticos se mueve en una zona gris que tensiona constantemente los límites de la legislación electoral. A falta de llamados explícitos al voto, muchas de estas prácticas logran mantenerse dentro de la legalidad formal, pero no necesariamente dentro del espíritu de la competencia justa.
En el fondo, lo que está en juego no es solo una fecha o un procedimiento. Es la naturaleza misma de la revocación de mandato. ¿Seguirá siendo un mecanismo de control ciudadano o se convertirá en una herramienta de legitimación política?
La respuesta a esa pregunta definirá no solo el futuro de este instrumento, sino también la calidad de la democracia mexicana. Porque cuando las reglas se mantienen, pero el juego cambia, la equidad deja de ser un principio y se convierte en una ilusión.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
