Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La reciente declaración de Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no es una advertencia menor ni una crítica coyuntural. Es, en realidad, un diagnóstico incómodo sobre una fractura estructural que México arrastra desde la pandemia y que hoy amenaza con consolidarse, la formación de una generación marcada por la interrupción educativa, la desigualdad y la fragilidad institucional.
Durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, millones de estudiantes quedaron suspendidos en una especie de limbo educativo. La falta de acceso a herramientas digitales, el abandono escolar —temporal en algunos casos, definitivo en muchos otros— y la pérdida de continuidad en el aprendizaje han derivado en lo que ya puede considerarse una “generación parcialmente perdida”. No se trata únicamente de rezago académico; hablamos de vacíos profundos en habilidades básicas, trayectorias truncas y una probabilidad creciente de no concluir la educación media superior. Este déficit no desaparecerá con el tiempo: se acumulará, afectando la productividad, la empleabilidad y las oportunidades de desarrollo durante décadas.
Pero el golpe no ha sido uniforme. Como suele ocurrir, la crisis amplificó las desigualdades existentes. Mientras algunos estudiantes pudieron sostener su formación gracias a recursos, conectividad y apoyo familiar, otros quedaron completamente rezagados. El resultado es una brecha social más profunda, una movilidad social cada vez más limitada y la consolidación de ciclos de pobreza que se reproducen generación tras generación.
En este contexto, la expansión de la economía informal juvenil no es una coincidencia, sino una consecuencia directa. Jóvenes que abandonan la escuela encuentran en el trabajo informal una vía inmediata de ingreso, aunque sea precaria. Sin seguridad social, sin estabilidad y sin posibilidades reales de desarrollo profesional, se normaliza la idea de que estudiar es prescindible frente a la urgencia económica. El riesgo es evidente, México podría estar formando una fuerza laboral menos calificada, con impactos negativos en la competitividad, la innovación y el crecimiento económico a largo plazo.
Sin embargo, el punto más alarmante no está únicamente en la economía, sino en el tejido social. Cuando la escuela deja de ser un espacio viable o significativo, otros entornos ocupan su lugar. En muchas comunidades, la violencia y las estructuras delictivas compiten directamente con la escuela como espacios de pertenencia. Ofrecen lo que el sistema educativo ha dejado de garantizar: identidad, ingresos rápidos y reconocimiento. El resultado es un mayor riesgo de reclutamiento juvenil por parte del crimen organizado, el incremento de la violencia local y el debilitamiento de la cohesión social.
Frente a este panorama, la respuesta institucional ha sido insuficiente. Como bien señala Cepeda, no basta con otorgar becas. Si bien estas reducen barreras económicas, no resuelven problemas de fondo, escuelas desconectadas de la realidad de los estudiantes, falta de acompañamiento emocional, infraestructura deficiente y modelos pedagógicos poco relevantes. La crisis actual exige algo más profundo, transformar a las escuelas en espacios vivos, comunitarios, capaces de retener, motivar y, sobre todo, reincorporar a quienes han quedado fuera.
La percepción de ausencia institucional agrava el problema. Cuando el Estado no logra garantizar la permanencia ni la reinserción educativa, se erosiona la confianza pública y se abren espacios para dinámicas informales o incluso ilegales. La falta de coordinación entre políticas educativas, sociales y de seguridad termina por fragmentar la respuesta y debilitar su impacto.
Lo más preocupante es que estos factores no operan de manera aislada; forman un círculo difícil de romper. La deserción conduce a la informalidad o a entornos de riesgo, lo que a su vez limita los ingresos y perpetúa la desigualdad, haciendo cada vez más difícil el regreso al sistema educativo. Es un ciclo que, de no intervenirse con decisión, puede consolidarse como una nueva normalidad.
La declaración del dirigente del SNTE, en ese sentido, debe leerse como un llamado urgente a replantear el enfoque de la política educativa. No basta con garantizar el acceso; es imprescindible asegurar la permanencia y la reintegración. La educación debe entenderse no solo como un derecho, sino como una herramienta central de seguridad, desarrollo social y estabilidad nacional. Las escuelas deben competir —y ganar— frente a otras formas de pertenencia que hoy capturan a miles de jóvenes.
México se encuentra ante una disyuntiva crítica. Ignorar esta alerta implicaría aceptar la formación de una generación con menor nivel educativo, mayor precariedad laboral y mayor exposición a la violencia. Atenderla, en cambio, requiere voluntad política, visión de largo plazo y una transformación profunda del sistema educativo.
No es solo un problema de aulas vacías o alumnos rezagados. Es un asunto de estabilidad social, de crecimiento económico y, en última instancia, de cohesión nacional. Porque perder a una generación no es un dato estadístico: es hipotecar el futuro del país.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
