Isabel Ortega
Hasta el 70 por ciento de los ayuntamientos de Veracruz —entre 127 y 148 de los 212 que iniciaron funciones el pasado 1 de enero— han presentado quejas por presuntas irregularidades en sus procesos de entrega-recepción, informó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.
Las inconformidades apuntan a posibles incumplimientos a los términos legales en la transición de gobiernos municipales, uno de los procesos clave para garantizar la correcta transferencia de recursos públicos, bienes y documentación oficial.
De acuerdo con los reportes de las nuevas administraciones, entre las principales anomalías detectadas se encuentran presunto daño patrimonial, falta de vehículos, equipo y bienes, documentación incompleta e incluso casos en los que se han señalado oficinas vacías al momento de asumir funciones.
“Ahora, las autoridades entrantes nos están diciendo que no les entregaron completo; lo que tenemos que ver es si efectivamente es así (…) porque es muy fácil imputar”, advirtió la auditora.
El volumen de quejas coloca bajo revisión a la mayoría de los municipios del estado, aunque el ORFIS aún no determina cuántos de estos casos derivarán en observaciones formales o responsabilidades administrativas, ya que la validación dependerá del proceso de fiscalización.
González Cobos señaló que, previo al relevo institucional, el órgano fiscalizador impartió capacitación a autoridades salientes y entrantes para cumplir con los lineamientos de entrega-recepción; sin embargo, las denuncias comenzaron a acumularse tras el inicio de las nuevas gestiones.
“Hay que hacer un análisis y tomar en cuenta lo que nos dijo el servidor público actual, para poder determinar si es procedente o no. Esta experiencia la tuvimos hace 4 años, cuando muchas administraciones nuevas llegaron con el ánimo de no comunicarse debidamente con las autoridades salientes.
“Entonces, ya sabemos que políticamente ocurren cosas así, pero nosotros tenemos que ajustarnos a procedimiento de la ley. Es muy alto el número”, dijo la auditora general.
Pese a ello, subrayó que será la revisión técnica la que permita distinguir entre conflictos políticos y posibles irregularidades administrativas, en un contexto donde las acusaciones incluyen la desaparición de bienes y posibles afectaciones al patrimonio público.
Las quejas serán analizadas como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, cuyo proceso iniciará formalmente en las próximas semanas, una vez que el Congreso del Estado remita la documentación correspondiente al ORFIS.
Será en esa etapa cuando el órgano auditor determine si existen elementos para confirmar las denuncias, fincar responsabilidades o descartar los señalamientos.
Por ahora, la autoridad fiscalizadora reconoce que no cuenta con todos los elementos para emitir conclusiones, mientras se acumulan las quejas en un proceso que mantiene bajo revisión a la mayoría de los ayuntamientos del estado.
