María Luisa Bandala Pantoja
Voz sin Barreras
Se acerca el 10 de mayo, Día de las Madres, y hay un tema que aún se prefiere no abordar: el derecho de las mujeres con discapacidad a decidir si quieren ser madres o no.
Todavía hoy se escuchan frases así, sin filtro: “pobrecita, mejor opérala para quitarle la matriz… no vaya a ser que te la vayan a ganar”. Se habla de ello como si fuéramos animalitos que se deben esterilizar, como si fuera una orden, como si nuestro cuerpo fuera una decisión ajena.
No es un caso aislado. Muchas veces viene de la familia, de amistades de los padres o incluso de espacios de salud, como si fuera una medida “preventiva”.
Mujeres con discapacidad motriz, intelectual, visual —por mencionar algunas— siguen siendo vistas como personas no aptas para maternar. Detrás de esto hay un prejuicio profundo que ha justificado prácticas graves: esterilizaciones sin consentimiento, negación de información sobre salud sexual y reproductiva y presión constante para no tener hijos.
El problema no es nuestra capacidad, sino una sociedad que, ante el riesgo, prefiere controlar nuestros cuerpos en lugar de garantizar nuestra seguridad. En lo personal, conozco mujeres con alguna condición de discapacidad que son excelentes madres, que trabajan y sacan adelante a sus hijos, enfrentando también los juicios de una sociedad que duda de ellas.
Este derecho no es una opinión. Está reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la discriminación, y en el artículo 4°, que protege el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.
También en el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que garantiza el derecho a formar una familia en igualdad de condiciones. Se necesitan servicios de salud accesibles, información clara y educación sexual.
La falta de información, la idea de que somos “niñas eternas” y el prejuicio de que no somos capaces de maternar siguen limitando nuestras posibilidades.
Muchas veces esa información no llega desde la familia, y cuando tampoco se garantiza desde los espacios de salud, se nos deja sin educación sexual, sin acceso a métodos anticonceptivos y sin herramientas para tomar decisiones informadas.
No se trata de promover la maternidad en las personas con discapacidad, sino de respetar nuestra capacidad de decidir, de manera libre, informada y responsable.
Cada persona vive condiciones distintas de salud y de vida; algunas toman decisiones de maternidad desde su realidad personal, otras no. Pero ninguna de esas realidades debe ser definida o limitada por terceros, ni por prejuicios. Cuando se decide por nosotras o se controla nuestro cuerpo, se nos está negando un derecho.
