Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La confrontación entre Morena y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, va mucho más allá de una disputa coyuntural por temas de seguridad. Lo que hoy se observa es un episodio que refleja con claridad el nuevo rostro de la política mexicana, una lucha permanente por controlar la narrativa pública en torno a la violencia, la gobernabilidad y el poder territorial.
La seguridad se ha convertido en el principal campo de batalla político del país.
Cada homicidio, enfrentamiento o crisis regional ya no sólo representa un problema de orden público; ahora también funciona como un arma política capaz de debilitar adversarios, fortalecer discursos partidistas y preparar escenarios electorales futuros.
Por eso la exigencia de sectores de Morena para impulsar la desaparición de poderes, realizar una marcha contra la incursión de fuerzas extranjeras en territorio mexicano, aún y cuando ello haya significado el desmantelamiento de un laboratorio productor de drogas e incluso un juicio político contra la mandataria panista tiene una dimensión mucho más amplia que la estrictamente jurídica. La intención política es evidente, posicionar la idea de que Chihuahua atraviesa una crisis de gobernabilidad y que el gobierno estatal ha sido incapaz de contener la violencia.
En términos políticos, el mensaje busca golpear al PAN en uno de sus bastiones más importantes del norte del país y, particularmente, a una de sus figuras con mayor proyección nacional.
Pero la respuesta de Maru Campos también revela el otro lado de esta disputa.
Cuando afirma que “no entregarán el estado al crimen organizado”, no sólo intenta enviar un mensaje de firmeza institucional; también busca construir una narrativa de resistencia frente al poder federal. La gobernadora intenta colocarse ante la opinión pública como una autoridad que enfrenta a los grupos criminales mientras rechaza lo que considera una ofensiva política desde el centro del país.
Ahí aparece uno de los ejes más delicados del conflicto, la tensión entre federalismo y centralización.
El PAN intenta defender la idea de que los estados deben conservar autonomía política y capacidad de decisión frente al gobierno federal. Morena, por su parte, sostiene una narrativa donde el combate a la corrupción, la impunidad y las presuntas complicidades locales justifican una mayor intervención política e institucional cuando existen crisis de seguridad.
El problema es que, en medio de esa confrontación, la violencia termina absorbida por la lógica partidista.
La discusión deja de concentrarse en cómo reducir homicidios, desarticular grupos criminales o fortalecer policías, para convertirse en una batalla sobre quién tiene la culpa y quién puede sacar ventaja política del deterioro de la seguridad.
Y eso es particularmente peligroso.
Hablar de desaparición de poderes no es un asunto menor. La Constitución mexicana contempla esa figura únicamente para situaciones extraordinarias de ruptura institucional o imposibilidad total de funcionamiento de las autoridades locales. Convertir esa herramienta en parte del discurso político cotidiano puede abrir un precedente delicado para la relación entre estados y federación.
Porque si cada crisis de seguridad comienza a utilizarse como argumento para presionar políticamente a gobiernos opositores, el país podría entrar en una dinámica donde las instituciones constitucionales se perciban más como instrumentos de confrontación que como mecanismos de equilibrio democrático.
Al mismo tiempo, el PAN aprovecha el conflicto para impulsar otra narrativa igualmente poderosa, acusar a Morena de utilizar políticamente la inseguridad y advertir sobre posibles tendencias de centralización excesiva o persecución política desde el gobierno federal.
En realidad, ambos bloques políticos están construyendo discursos dirigidos no sólo a Chihuahua, sino al escenario nacional rumbo a los próximos procesos electorales del 2027 y del 2030.
La seguridad se ha transformado en el tema más rentable y más riesgoso de la política mexicana.
Quien logre convencer a la ciudadanía de que tiene capacidad para enfrentar al crimen organizado obtendrá una enorme ventaja política. Pero quien sea señalado como responsable del deterioro de la violencia también puede pagar costos electorales muy altos.
Por eso el conflicto podría evolucionar hacia distintos escenarios.
El primero es una escalada política entre Chihuahua y el gobierno federal, con mayor confrontación pública y acusaciones mutuas. El segundo sería una judicialización del conflicto mediante investigaciones, controversias constitucionales o presiones legislativas. Y el tercero —quizá el más probable— sería una negociación política silenciosa para evitar que la tensión termine afectando tanto a Morena como al PAN en términos electorales.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación cómo la seguridad pública se convierte cada vez más en una arena de disputa partidista.
Y ahí radica el verdadero riesgo.
Porque cuando las instituciones se confrontan entre sí en contextos de violencia, el mensaje de estabilidad se debilita. Y cuando la narrativa política termina desplazando la coordinación institucional, quienes más ganan suelen ser precisamente los grupos criminales que el Estado dice combatir.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
