Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La concentración convocada por Morena en Chihuahua para presionar políticamente a la gobernadora panista Maru Campos terminó generando un efecto muy distinto al que esperaba la dirigencia nacional del partido. Lo que pretendía convertirse en una demostración de fuerza, músculo político y capacidad de movilización, acabó exhibiendo señales de desgaste, fracturas internas y vulnerabilidades narrativas que hoy representan un desafío mayor para el oficialismo.
El primer golpe fue la baja afluencia.
Morena había construido durante días la expectativa de una movilización multitudinaria. Desde distintos sectores del partido se hablaba de una respuesta popular masiva para respaldar la ofensiva política contra Maru Campos y reforzar la narrativa de que Chihuahua enfrenta una crisis institucional bajo un gobierno panista.
Sin embargo, la realidad terminó siendo distinta. La asistencia quedó muy por debajo de las cifras esperadas y eso, en política, importa más de lo que parece.
Las movilizaciones de este tipo no sólo buscan protestar; buscan transmitir percepción de fuerza. Pretenden enviar el mensaje de que existe una mayoría movilizada, activa y respaldando una causa política. Cuando esa imagen no se concreta, el efecto puede revertirse completamente: en lugar de proyectar crecimiento y hegemonía, aparece la idea de desgaste, cansancio o incapacidad de convocatoria fuera de los territorios plenamente dominados por Morena.
Y eso resulta especialmente delicado para un movimiento que durante años construyó parte de su legitimidad en la capacidad de llenar plazas públicas y convertir las calles en demostraciones de respaldo popular.
Pero el episodio dejó otro dato todavía más sensible para Morena: el rechazo visible hacia Andrés Manuel López Beltrán.
Las consignas y expresiones hostiles contra “Andy” López Beltrán son políticamente relevantes porque ocurren justo en el momento en que el partido parece intentar posicionarlo como una figura con peso propio rumbo al futuro del movimiento.
Hasta ahora, López Beltrán había mantenido una presencia relativamente protegida, sostenida en el enorme capital político heredado por su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo ocurrido en Chihuahua mostró que el apellido ya no garantiza automáticamente simpatía fuera de los núcleos más duros del obradorismo.
Por el contrario, comienza a despertar resistencias.
Eso representa un problema estratégico para Morena porque una parte importante de la narrativa rumbo a 2027 y 2030 parece orientada a preservar el obradorismo como una estructura de continuidad política, ideológica y hasta familiar. El problema es que la transferencia del liderazgo simbólico no necesariamente ocurre de manera automática.
La figura de López Obrador sigue teniendo enorme peso político, pero eso no implica que sus herederos políticos generen el mismo nivel de legitimidad, conexión popular o capacidad de movilización.
Y mientras Morena intentaba controlar el discurso bajo la bandera de la “soberanía nacional” y la confrontación contra Maru Campos, apareció un tercer factor que terminó contaminando completamente la narrativa: el caso del círculo político del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya.
La entrega voluntaria de personajes cercanos a Rocha Moya ante autoridades estadounidenses —incluyendo al exsecretario de Seguridad, el general Gerardo Mérida Sánchez— cambió el eje de la conversación pública.
El impacto político es profundo.
Primero, porque contradice parcialmente el discurso oficial de que todo se trata exclusivamente de persecución política o presiones externas contra actores vinculados a Morena. Cuando exfuncionarios deciden entregarse voluntariamente a autoridades de Estados Unidos, el mensaje implícito es que perciben riesgos judiciales reales y posiblemente evidencia comprometedora en su contra.
Segundo, porque la entrega de perfiles de alto nivel inevitablemente abre la especulación sobre posibles acuerdos de cooperación, negociaciones judiciales o búsqueda de beneficios procesales en territorio estadounidense.
Y tercero, porque incrementa la presión sobre Rubén Rocha Moya, cuya situación política comienza a volverse más delicada conforme figuras cercanas empiezan a quedar bajo investigación o bajo control de autoridades extranjeras.
El contraste terminó siendo demoledor para Morena.
Mientras el partido buscaba convertir a Maru Campos en símbolo de crisis institucional y debilidad gubernamental, la conversación nacional terminó regresando hacia las acusaciones, sospechas y señalamientos que rodean a figuras cercanas a gobiernos morenistas.
En ese contexto, el saldo político parece favorecer más a la gobernadora de Chihuahua que al oficialismo.
Maru Campos logró resistir la presión sin que la movilización alcanzara dimensiones de crisis estatal. Además, la limitada convocatoria permitió a la oposición construir una narrativa de fracaso operativo y desgaste político de Morena.
Más allá del episodio inmediato, lo ocurrido deja una conclusión importante: Morena sigue siendo la fuerza política más poderosa del país en términos electorales, pero ya no toda convocatoria garantiza movilización masiva ni control absoluto de la narrativa pública.
Y eso marca un cambio relevante.
Porque durante años el obradorismo dominó simultáneamente las urnas, las calles y la conversación política nacional. Hoy, comienzan a aparecer señales de que ese control ya no es automático, especialmente cuando temas como seguridad, crimen organizado o presuntos vínculos políticos entran al debate público.
El caso Rocha Moya podría terminar convirtiéndose en un problema mucho más complejo y costoso para Morena que cualquier confrontación con gobiernos estatales de oposición.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
