El Congreso del Estado de Veracruz votó a favor de que se introduzca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
En la Decimoprimera Sesión Ordinaria, el Pleno de la LXVII Legislatura otorgó 38 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso a la Base VI del Artículo 41 de la Carta Magna, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
El propuesto inciso d) prevé que se incluya la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales entre los casos por los que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes.
Posicionamientos de diputadas y diputados
En representación del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Nallely Mendoza Camarillo expuso que esta reforma salvaguarda el derecho a la libertad de expresión, fortalece la democracia del Estado mexicano, permite la pluralidad de las opiniones políticas, conlleva sentido de responsabilidad y busca proteger la autenticidad de las elecciones y garantizar que las decisiones políticas del país correspondan únicamente al pueblo de México.
El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aclaró que para que la anulación proceda tendrá que probarse, de manera plena y con elementos objetivos, que hubo una intervención dolosa y determinante; que la propuesta no toca al periodismo, a la observación electoral internacional, a la cooperación técnica entre autoridades; lo que se persigue –puntuó- es la operación deliberada de un poder extranjero para torcer la voluntad de los mexicanos.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román planteó que también sean anuladas las elecciones en las que el crimen organizado intervenga y cuestionó la falta de un método para determinar la intervención o el injerencismo y para regular las opiniones de organismos y organizaciones o en negociaciones internacionales.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT) Elizabeth Morales García refirió que las democracias modernas tienen la obligación de proteger la autenticidad de los procesos electorales y garantizar que la voluntad ciudadana se exprese sin presiones ni influencias indebidas provenientes del exterior. Distinguió que, si bien México es un país abierto al diálogo, a la cooperación y al intercambio internacional, “la conducción de nuestros asuntos públicos corresponde únicamente al pueblo mexicano”.
Del partido Movimiento Ciudadano (MC), el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada observó que la propuesta no exige pruebas que justifiquen la anulación de una elección ni establece parámetros jurídicos y que una causal vaga e imprecisa abre espacios a interpretaciones ambiguas. Adelantó voto en contra porque, indicó, esta causal es un arma política, no un mecanismo de protección democrática, y abre la puerta a la discrecionalidad, a la manipulación y a la anulación selectiva de elecciones.
A su vez, la legisladora Montserrat Ortega Ruiz expuso que en una democracia las razones para anular una elección deben ser excepcionales, claras y fáciles de comprobar, no pueden depender de interpretaciones amplias o subjetivas; que las reglas del juego deben construirse con amplios consensos y la participación de especialistas, autoridades electorales, académicos y la sociedad civil: “México necesita instituciones sólidas, elecciones confiables y reglas claras”.
En este respecto, la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar dejó clara su oposición al contenido de la minuta. Criticó el contenido de la propuesta y previó los efectos de su aplicación en elecciones futuras, los que, consideró, repercutirían en detrimento de la democracia y la libertad, y rechazó toda acción que atente contra la libertad de las y los ciudadanos y todo abuso de poder.
El diputado sin partido Héctor Yunes Landa señaló la utilización de criterios que resultan una “ley en blanco” que, al carecer de criterios probatorios y parámetros claros, permite interpretaciones discrecionales. Consideró que se trata de una legislación ambigua que, por su redacción y su falta de estándar probatorio, podría ser utilizada de manera arbitraria como un mecanismo de persecución política.
