NdelaR
Socios del Club Britania Xalapa denunciaron públicamente que el grupo directivo destituido en Asamblea General de Socios se resiste a entregar el control administrativo, las instalaciones y la documentación institucional del club, pese a que, aseguran, existen procedimientos judiciales en curso y resoluciones que reconocen la validez de los acuerdos tomados por la asamblea.
De acuerdo con un documento que circula entre integrantes del club, el conflicto inició después de la Asamblea General celebrada el pasado 18 de abril, en la que fue removido el Consejo de Administración que durante años mantuvo el control de la asociación civil. Los inconformes acusan falta de claridad en el manejo de recursos por varios millones de pesos, así como una estrategia de dilación legal para conservar el control del inmueble y desgastar a la nueva directiva.
Los socios señalan que lo que originalmente era un asunto interno del club se ha convertido en un caso de resistencia al cumplimiento de la legalidad, debido a la negativa del consejo depuesto para entregar cuentas, documentación y administración.
En el documento también se menciona a Gerardo Garza Dávila, actual Contralor Interno del OPLE Veracruz, a quien los socios vinculan con el grupo que se niega a entregar el control del Club Britania. Aunque, según los inconformes, Garza Dávila ya no forma parte de la directiva, lo acusan de mantener influencia en el conflicto, obstaculizar el avance de las resoluciones y presuntamente afirmar que cuenta con protección política de parte de la Gobernadora Rocío Nahle.
Los socios también denuncian que se ha impedido el acceso al club a quienes exigieron rendición de cuentas, mediante el uso del personal de vigilancia, además de la suspensión de derechos societarios que, afirman, viola los estatutos internos y la legislación aplicable.
La nueva directiva electa en Asamblea General de Socios está encabezada por el ingeniero Marcos Salas Contreras, cuyos integrantes exigen que se respete la voluntad de la asamblea, que los procedimientos judiciales avancen sin presiones y que ningún cargo público sea utilizado como mecanismo de influencia o escudo político.
Los inconformes solicitaron visibilizar el caso al considerar que la demora en la aplicación de la legalidad termina favoreciendo a quienes, aseguran, se niegan a rendir cuentas.
“Cuando la legalidad tarda demasiado en aplicarse, la justicia deja de ser justicia y se convierte en protección para quienes se niegan a rendir cuentas”, expresaron los socios en un documento difundido.
