Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
Durante años, México entendió su relación económica con Estados Unidos bajo una lógica relativamente sencilla, integración comercial a cambio de acceso preferencial al mercado más grande del mundo. Sin embargo, la revisión en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) demuestra que esa etapa ha terminado.
La renegociación que se avecina ya no es únicamente una discusión sobre aranceles, reglas de origen o intercambio de mercancías. Hoy estamos frente a una negociación de carácter geopolítico, industrial y de seguridad nacional, donde el comercio es apenas una de las piezas del tablero.
La diferencia con las negociaciones que dieron origen al TMEC entre 2018 y 2020 es evidente. En aquel momento el principal objetivo de Washington era corregir aspectos del antiguo TLCAN. Ahora, la Casa Blanca persigue algo mucho más ambicioso. Redefinir el papel económico de América del Norte en un mundo marcado por la competencia con China y por crecientes preocupaciones de seguridad.
Estados Unidos enfrenta tres prioridades simultáneas. La primera es recuperar parte de la capacidad industrial que emigró durante décadas hacia otros países. La segunda es reducir su dependencia de las cadenas de suministro vinculadas a China. La tercera es utilizar su poder económico para presionar en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico.
Por ello no resulta casual que la administración del presidente Donald Trump impulse nuevas exigencias para la industria automotriz. La propuesta de elevar el contenido regional de los vehículos y exigir que una proporción significativa provenga específicamente de Estados Unidos no busca únicamente fortalecer la competitividad norteamericana; busca que las inversiones regresen a territorio estadounidense.
En otras palabras, Washington ya no quiere solamente producir en América del Norte. Quiere producir más dentro de Estados Unidos.
Este cambio de visión coloca a México en una posición compleja. Durante los últimos años, el país se convirtió en uno de los principales beneficiarios del fenómeno conocido como nearshoring. Empresas internacionales trasladaron operaciones al territorio mexicano para aprovechar la cercanía con el mercado estadounidense, los costos competitivos y las ventajas del TMEC.
Sin embargo, si la nueva lógica estadounidense consiste en atraer nuevamente esas inversiones hacia su propio territorio, México podría enfrentar una competencia mucho más dura por parte de su principal socio comercial.
El escenario ideal sería una renovación del tratado por otros 16 años, acompañada de ajustes moderados que permitan preservar la certidumbre para los inversionistas. Es la opción que desean los gobiernos de México y Canadá, así como buena parte del sector empresarial de América del Norte.
No obstante, el escenario más probable parece ser otro, la continuidad del TMEC, pero bajo condiciones más estrictas para México.
Las exigencias podrían incluir mayores controles a componentes chinos, reglas de origen más severas, supervisión sobre inversiones estratégicas y compromisos adicionales en materia de seguridad. México conservaría el acceso preferencial al mercado estadounidense, pero a cambio de una reducción gradual de sus márgenes de maniobra.
El elemento más delicado, sin embargo, no está en el comercio.
Por primera vez desde la entrada en vigor del tratado, la seguridad podría convertirse en un factor determinante dentro de una negociación económica. Las presiones relacionadas con el tráfico de fentanilo, la migración irregular, el lavado de dinero y los presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales comienzan a mezclarse con las discusiones comerciales.
Formalmente estos temas no forman parte del TMEC. Jurídicamente pertenecen a ámbitos distintos. Pero la política internacional rara vez se mueve únicamente por criterios jurídicos.
La administración Trump ha demostrado que considera los aranceles, las sanciones, la cooperación en seguridad y las políticas migratorias como instrumentos complementarios de una misma estrategia. Por ello no sería extraño que Washington utilice la revisión del tratado para exigir mayor cooperación en investigaciones financieras, intercambio de inteligencia o incluso procedimientos de extradición contra figuras de alto perfil.
En ese contexto, la discusión deja de ser económica para convertirse en una cuestión de soberanía nacional.
México enfrenta entonces un desafío histórico. Necesita preservar su integración comercial con Estados Unidos porque más del 80 por ciento de sus exportaciones tienen como destino ese mercado. Pero al mismo tiempo debe evitar que la revisión del acuerdo termine convirtiéndose en una negociación donde los asuntos internos del país queden sujetos a presiones externas.
La verdadera pregunta ya no es si el TMEC cambiará. Todo indica que cambiará.
La pregunta crucial es hasta dónde estará dispuesto México a aceptar nuevas condiciones para mantener los beneficios del acuerdo.
Porque detrás de las reglas de origen, los aranceles y las cadenas de suministro se está librando una discusión mucho más profunda. Quién definirá las reglas económicas, políticas y estratégicas de América del Norte durante las próximas décadas?
Y esa negociación apenas está comenzando.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
