Ana Rosa Valdés Salazar
En Mi Opinión
Preocupante, muy preocupante el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, Directora del portal Pulso Informativo del Sureste, sustraída de su domicilio en Nanchital el martes 2 de junio con lujo de violencia, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Aún más preocupante resulta que no exista una política de Estado para hacerle frente a esta realidad, que atemoriza a la población en general y cubre de sangre a Veracruz, convertido en el Estado más peligroso para ejercer el periodismo, pues la violencia contra periodistas ha cobrado ya 31 víctimas fatales en la Entidad en los años recientes.
Ante esa situación, se esperarían acciones preventivas del gobierno para proteger eficientemente a los periodistas, pero no las hay; si acaso, la condena del hecho sangriento -que en este caso ni siquiera se ha producido- y la promesa siempre incumplida de que no habrá impunidad.
De nada sirven los patrullajes de la Guardia Nacional, del Ejército o de la Marina; ni de la Policía Estatal, y ya ni mencionar a las policías municipales, carentes de lo más elemental para enfrentar a enemigos tan poderosos.
Los criminales siempre encuentran facilidades para desplazarse en carreteras y zonas urbanas y actuar a sus anchas sin que alguien se los impida. Sus convoyes con hombres armados transitan sin ningún problema a la vista de mucha gente, sin que las fuerzas armadas se los impidan.
En un país y en un Estado donde los grupos criminales se mueven tranquilamente a la plena luz del día, donde florece una cultura de impunidad y se advierte debilidad del Estado de derecho, los periodistas sufren amenazas y agresiones físicas sin que existan mecanismos de protección eficientes.
México, donde desde el año 2000 más de 150 periodistas fueron asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos, es uno de los países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial, fuera de zonas de guerra, ya que 95 por ciento de homicidios y 100 por ciento de desapariciones de periodistas quedan impunes en este país.
En toda democracia, el periodismo es un intermediario imprescindible entre gobernantes y gobernados, por su función de informar, analizar o criticar acontecimientos, demandas sociales, decisiones de los poderes públicos y todo cuanto incumbe a la colectividad, por lo que debe garantizarse a quienes realizan esa actividad un desempeño seguro en su ejercicio profesional.
La falta de esa garantía pone en entredicho que vivamos en un Estado democrático, pues deber de la autoridad es crear y mantener las condiciones necesarias para el cumplimiento efectivo de dos libertades fundamentales: la de pensamiento y la de expresión, que puede manifestarse por cualquier medio.
Si no somos libres de pensar y decir lo que pensamos, con respeto a los derechos de terceros, no puede hablarse de que formamos parte de una sociedad democrática y entonces tenemos que reconocer que hemos sufrido un grave retroceso.
Otros signos de ese retroceso se advierten en diferentes aspectos de la vida pública, como lo hemos comentado en otras ocasiones, pero todavía nos resistimos a admitirlo plenamente.
Desde aquí, expreso mi solidaridad con la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, con su familia, con sus compañeros y amigos; hago votos por su pronta aparición sana y salva; y externo una enérgica condena por este hecho, que atenta no sólo contra una profesional del periodismo y las personas cercanas a ella, sino que agrede y ofende a la sociedad en su conjunto.
