Ángeles González Ceballos
La Universidad Veracruzana (UV) implementó un presunto aparato de persecución y hostigamiento institucional para bloquear el ejercicio profesional y dañar la reputación, dignidad y honor del abogado Rodolfo Donaldo Vásquez Moreno, extrabajador de la dirección de Asuntos Jurídicos de la Casa de Estudios.
En conferencia de prensa, el afectado denunció que la Universidad ha desviado sus funciones sustantivas para enfocar sus recursos en una campaña de desprestigio en su contra, orquestada presuntamente por el rector Martín Aguilar Sánchez y los altos funcionarios del área legal de la institución.
Esto cuando la institución ha tenido un incremento de denuncias por violencia de género al interior de la Casa de Estudios, al pasar de 100 a 120 quejas al año.
»La Universidad Veracruzana, en lugar de concentrar su estructura jurídica en atender contratos y convenios, ha preferido orientar parte de su aparato institucional para bloquear mi libre ejercicio profesional y con ello generar una narrativa de descrédito en mi contra», afirmó.
Expuso que el acoso comenzó tras la llegada del abogado general Heroy Muñoz Gómez y Carlos Alberto Pedreguera García, director de Asuntos Jurídicos, como ejecutores de una «dinámica de hostigamiento, violencia institucional, retiro de funciones, exclusión, desvalorización profesional y construcción de un procedimiento laboral a modo» que derivó en su rescisión laboral.
Utilizan programa «Veracruzana Protegida» para fabricar queja
Vásquez Moreno manifestó que uno de los puntos más graves de la denuncia radica en el uso de la infraestructura tecnológica y de seguridad de la propia Universidad para perseguirlo.
Aseguró que se manipuló la plataforma oficial «Veracruzana Protegida» —programa diseñado para salvaguardar la integridad de las mujeres en riesgo— con el fin de fundamentar una orden de restricción en su contra basada en falsedades.
»Al consultar la información publicada en la plataforma ‘Veracruzana Protegida’, se advierte que ésta se fundó en argumentos fabricados, mismos que constituyen el delito de falsedad ante autoridad competente», sostuvo.
«Resulta grave que una universidad pública movilice aproximadamente a 50 personas servidoras públicas de distintas áreas administrativas y utilice recursos públicos como la plataforma ‘Veracruzana Protegida’, llamadas de emergencia y narrativas mediáticas para desprestigiar a un egresado y extrabajador de la propia institución», reveló.
Detalló que el pasado 19 de junio de 2026, coincidió con una visita de inspección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a las oficinas jurídicas de la UV, derivada de una queja previa interpuesta por el propio abogado.
Según el testimonio, personal de la Oficina del Abogado General obstaculizó su labor como asesor legal de dos trabajadoras universitarias en diferentes audiencias, exigiéndole retirarse bajo el argumento de la orden de restricción que él mismo desconocía.
El litigante acusó la difusión de notas periodísticas falsas y «amarillistas» en medios digitales que buscaban presentarlo como un delincuente detenido, afectando incluso a su núcleo familiar.
El Abogado solicitó la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y de la presidenta de la CEDH, Minerva Regina Pérez López, para que se le otorguen mecanismos de protección.
Finalmente, comentó que se encuentra analizando la vía legal para interponer una denuncia formal por el delito de abuso de autoridad en contra de las autoridades universitarias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
