Alejandro Ávila
Veracruz
Autoridades judiciales determinaron la vinculación a proceso de tres jefes de área y un anestesiólogo del Hospital Español en este puerto, bajo los cargos de homicidio culposo por omisión.
Los implicados en el proceso penal (audiencia 1235/2025 y carpeta VER/2198/2024) son Gerardo “N” (Cardiología), Moisés “N” (Terapia Intensiva), Luis Mario “N” (Urgencias) y el anestesiólogo externo Gustavo “N”.
La resolución ocurre tras una batalla legal de más de dos años por parte de la familia de la señora Belarmina García Martínez, de 88 años, quien falleció en el nosocomio el 31 de enero de 2024 tras graves irregularidades médicas.
La cronología de los hechos inició a mediados de enero de 2024, cuando el jefe de cardiología recomendó con urgencia una cirugía de reemplazo de válvula aórtica (TAVI), asegurando que era viable a pesar de la avanzada edad de la paciente. La familia costeó el costoso dispositivo mediante préstamos e hipotecas. Sin embargo, el 19 de enero, tras sedar a la paciente, la cirugía se canceló argumentando que los fusibles del quirófano se habían fundido. Pese a la supuesta urgencia y a que la salud de la señora Belarmina se debilitaba, el hospital aplazó la operación once días.
Paradójicamente, el área de quirófanos fue inaugurada formalmente con un corte de listón solo dos días después del fallecimiento. Al reprogramarse la intervención para el 30 de enero, la salud y oxigenación de la paciente ya eran notablemente críticas; aun así, el personal insistió en proceder. Tras salir de la cirugía, los familiares denunciaron anomalías extrañas en el área de Terapia Intensiva, tales como el ingreso no autorizado de pertenencias de la paciente que estaban en su habitación (una silla de ruedas y un tanque de oxígeno), lo que levantó sospechas de una posible confusión de identidad entre los internos, una situación que el hospital nunca aclaró.
La atención nocturna posterior a la cirugía agravó la crisis. La denuncia señala que la única persona a cargo de Terapia Intensiva era una médico cirujano sin la especialidad requerida en cuidados críticos, quien además retrasó la reanimación de la paciente durante un paro cardiaco para salir a preguntar a los familiares si debía revivirla. Notas médicas posteriores impresas en febrero revelaron que la paciente cursaba un estado neurológico alterado y dio positivo a una prueba de Flumazenil, un fármaco utilizado habitualmente ante cuadros de sobredosis de anestésicos o sedantes.
Tras el deceso, la administración del hospital y los médicos obstaculizaron la entrega del expediente clínico a los hijos, exigiendo requisitos excesivos que no se solicitaron al momento de cobrar los servicios o retirar el cuerpo.
La familia manifiesta además su indignación ante la falta de ética del personal, señalando que los involucrados llegaron a emitir comentarios despectivos e insensibles sobre el valor económico de la pérdida.
Esta prolongada búsqueda de justicia y la constante presión emocional provocaron un grave deterioro en la salud de la familia; de hecho, José Manuel Blanco García, uno de los hijos de la víctima, enfermó y falleció nueve meses después que su madre. El caso se encuentra actualmente en manos del Juez Antonio Zarur Ahumada en el Juzgado Segundo de la Zona Norte y bajo el seguimiento de la Fiscalía Cuarta de la UIPJ en Veracruz, mientras la familia sostiene su exigencia de una disculpa pública, verdad y justicia penal.
