Ángeles González Ceballos
Líderes de diversas organizaciones de taxistas en el Estado expresaron su oposición a la regularización de automóviles particulares que operan a través de aplicaciones digitales, pero solicitaron establecer una mesa de trabajo con las autoridades estatales antes de que se envíe alguna propuesta de reforma a la Ley 589 de Tránsito y Transporte.
El secretario general de la «Sección 10» de taxis de Acayucan, Uciel García Mundo, aclaró que los transportistas no rechazan la modernización tecnológica ni el uso de plataformas, sino el hecho de que unidades particulares ofrezcan un servicio público al margen de la ley vigente.
Advirtió que la presencia de estos vehículos ya está impactando negativamente los ingresos de los concesionarios.
Por ello, urgió a las autoridades a aplicar la Ley 589 para frenar la operación irregular de estas unidades en tanto no se cuente con un marco normativo formal.
Asimismo, adelantó que gestionarán un encuentro con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued para detallar sus argumentos y asegurar que la voz de los taxistas sea tomada en cuenta en cualquier modificación legal.
Por otro lado, Guillermo Zelaya de Jesús, al frente del Sindicato de Taxistas «Miguel Alemán», manifestó que las declaraciones de la Gobernadora sobre una propuesta para normar las plataformas digitales han encendido las alarmas en el gremio, dado el riesgo de afectación para miles de familias que dependen de las concesiones.
Zelaya de Jesús recordó que Veracruz se ha regido históricamente por un régimen de concesiones para el transporte público.
De manera que permitir que autos particulares compitan en este mercado, constituiría una competencia desleal, especialmente cuando los taxistas formales deben cumplir con rigurosas obligaciones como portar licencia tipo A, pasar la revista vehicular, rotular las unidades, asegurar un mantenimiento óptimo y contratar pólizas de seguro especializadas.
El dirigente calculó que en la Entidad están vigentes entre 80 mil y 90 mil concesiones de taxi, cifra a la que se suman los vehículos que trabajan de forma clandestina.
Debido a esto, exhortó a la titular del Ejecutivo estatal a transparentar el borrador de la iniciativa antes de remitirlo al Congreso local, permitiendo así que el sector colabore en su diseño y se prevengan perjuicios económicos.
Aunado al tema de las aplicaciones, los líderes señalaron que el transporte público padece otras problemáticas graves, tales como la proliferación de mototaxis y el incremento del servicio «pirata», factores que ya han mermado considerablemente sus ganancias diarias.
En coincidencia, Mara Cristina Avilés Montiel, vocera de la Alianza de Taxistas y del sindicato UTEP, argumentó que la prioridad de la administración estatal debería centrarse en solucionar las carencias del sector concesionado antes de abrir la puerta a la regularización de las plataformas.
Subrayó la vulnerabilidad de muchos choferes tradicionales que carecen de subsidios y subsisten al día, a diferencia de quienes operan mediante aplicaciones, quienes usualmente tienen un empleo o ingreso secundario.
Finalmente, los representantes de las distintas agrupaciones acordaron que buscarán canales de comunicación tanto con diputados del Congreso local como con funcionarios estatales para garantizar que sus demandas sean integradas en el debate de cualquier reforma al transporte en la Entidad.
