Omar Zúñiga
De Primera Mano
Hay que reconocerle a la 4T una habilidad de nado sincronizado: la de indignarse con la coreografía perfecta cada vez que Estados Unidos mueve una ficha en el tablero del narco, y la de guardar silencio con la misma coreografía cuando es México quien mueve la suya.
El miércoles en conferencia de prensa, la fiscal General de la República Ernestina Godoy y el fiscal Especializado David Boone de la Garza ofrecieron una cátedra de pasodoble; primero la indignación soberana por el supuesto operativo del FBI que habría concluido en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Texas; después, sin transición ni rubor, la confesión de que el propio gobierno mexicano lleva meses entregando operadores del narco a Washington sin que medie una extradición formal.
Aparentemente la soberanía es como el chile: pica distinto según quién se lo trague.
El argumento oficial resumido, es este: el FBI no dio el nombre del piloto que transportó a “Ismael N”, sólo informó que “solicitó ser deportado inmediatamente a México” luego de los “servcios prestados” y así fue.
La FGR, no conforme con la cortesía, tuvo que hacer su propia tarea forense: rescatar el audio en el que el piloto solicitó a la torre de control de Ciudad Juárez el código transponder para entrar a espacio aéreo estadunidense y someterlo a dictamen pericial para identificarlo.
Es decir, el gobierno mexicano necesitó peritos y meses para averiguar algo que el periodismo estadunidense de Los Angeles Times ya había resuelto.
“El piloto fue deportado (de Estados Unidos), (y ya de vuelta en México) siguió operando, cometiendo delitos (…) posteriormente fue detenido (en Sinaloa) por portación de armas y fue entregado, con base en la Ley de Seguridad Nacional, al gobierno de Estados Unidos”, fue lo que aceptó David Boone de la Garza, fiscal especializado de control regional, FGR en la misma conferencia del miércoles de doña Godoy.
Léase de nuevo esa frase, despacio, porque ahí está el meollo del asunto: no fue extraditado, fue “entregado”, con el eufemismo de la Ley de Seguridad Nacional como paraguas legal, en un procedimiento que evita el escrutinio judicial, los tiempos y las garantías que sí exige —al menos en el papel— una extradición formal, esa misma que ahora se niega a cumplir en el caso de Rubén Rocha Moya, exgoberndaor de Sinaloa vinculado en EU con el narcotráfico y el mismo cártel de Los Chapitos.
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Ese mismo gobierno que reclama al FBI por operar presuntamente en territorio nacional sin avisar, resulta que tiene su propio mecanismo exprés para despachar operadores del crimen organizado hacia Estados Unidos sin pasar por el trámite que la ley diseñó precisamente para estos casos.
Se llama, en el lenguaje elegante de Palacio Nacional, “cooperación”; en el lenguaje llano, se llama hacer por la puerta trasera lo que se condena cuando otro lo hace por la ventana.
Y aunque los flamantes funcionarios de la FGR trataron de ocultarlo, cuando se les preguntó si existe una orden de aprehensión contra el piloto, reconocieron que lo entregaron a Washington.
Tampoco dieron su nombre, pero no fue necesario, pues desde mayo pasado, el periodista Keegan Hamilton, de Los Angeles Times, identificó al personaje como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán.
El Jando fue detenido en Sinaloa y, en agosto del año pasado, formó parte del segundo envío de operadores y líderes del narco que México “trasladó” a Estados Unidos como parte de sus “acuerdos de cooperación”.
Para abril de este año, según registros oficiales citados por el propio diario, El Jando ya había llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense y se declaró culpable.
Es decir: la prensa extranjera documentó, con nombre, apellido, alias, fecha de detención y hasta el desenlace judicial, lo que la FGR trataba de esclarecer (¿ocultar?).
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Cuando la iniciativa de “mover” a un capo, un pistolero o un piloto la toma Estados Unidos, sea por la vía que sea o bien encubrir a un gobernador acusado de narcotráfico, el discurso oficial mexicano se transforma en un ejercicio de nacionalismo instantáneo: violación a la soberanía, protesta diplomática, promesa de investigación exhaustiva.
El maldito “pero” de siempre, llega cuando el propio gobierno mexicano es el que entrega personas a Washington sin extradición —usando, dicho sea de paso, una ley pensada para proteger la seguridad nacional y no para acelerar deportaciones convenientes—, el discurso se vuelve pragmático, casi orgulloso: “cooperación”, “acuerdos”, “resultados”.
La soberanía, entonces, no es un principio; es un recurso retórico que se activa o se desactiva según convenga a la narrativa del día.
Nadie pide que México deje de cooperar con Estados Unidos y menos en materia de seguridad; sería ingenuo pensar que ambos países no necesitan trabajar juntos frente a estructuras criminales que operan sin fronteras.
Lo que demanda la elemental congruencia es que el mismo estándar de transparencia, control judicial y respeto a las formas legales que se le reclama a Washington cuando actúa —o presuntamente actúa— en territorio mexicano, se le aplique también al propio gobierno cuando decide, por su cuenta y con fundamento en leyes de excepción, entregar a sus propios ciudadanos sin el debido proceso que la Constitución mexicana, en teoría, garantiza.
Lo demás es indignación selectiva, disfrazada de dignidad nacional.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
