Miguel Valera
Contraseñas
Si sus padres gastan, invierten en ustedes para que estudien y ustedes se dedican a la “fiaca”, —nos decía un viejo maestro de preparatoria, usando ese término de origen italiano que se hizo popular en algunos países sudamericanos para referirse a la pereza—, lo que están haciendo es robarle a sus propios padres. Esa es una práctica de corrupción, asentaba el profesor.
Desde mi época estudiantil aprendí que la corrupción tiene muchas formas. Es un monstruo de mil cabezas, solía decir el Contador Alberto Pérez Kuri, en un aula de la Escuela “Adolfo López Mateos” que dirigía su hermano Pablo, de feliz memoria. Se manifiesta no sólo en el tendero que eleva los precios ad libitum, también en el repartidor de leche que le pone agua a su producto o vende litros que no son de a litro.
En el ámbito de la función pública tiene otras formas como el nepotismo o el amiguismo; el soborno para obtener un beneficio personal; el tráfico de influencias; el clientelismo, entre los grupos políticos o gobiernos y en la malversación de fondos. La política ha sido uno de los espacios en donde con mayor facilidad se pueden obtener riquezas y beneficios. Por eso el interés de llegar a puestos gubernamentales.
Mi comentario viene a colación luego de leer un posicionamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) que a nivel nacional dirige el veracruzano Juan José Sierra Álvarez.
Dice el organismo patronal que la corrupción continúa generando un elevado costo económico y social para México. En 2025, el costo promedio por ciudadano alcanzó 3 mil 865 pesos, el nivel más alto registrado en la última década. En total, 9.42 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción en 2025 al realizar trámites o interactuar con autoridades, lo que representó pérdidas cercanas a 17 mil millones de pesos, conforme la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI”.
“La corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales. Un país que aspira a consolidarse como destino confiable para invertir necesita instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho que garantice condiciones de legalidad para todos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del INEGI, el 98.9% de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no denunciarse ni investigarse”.
“Reconocemos los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para combatir este problema; sin embargo, las cifras muestran que aún son insuficientes. Desde COPARMEX sostenemos que combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional, fortaleciendo la transparencia, la certeza jurídica y la integridad pública para impulsar el crecimiento económico y la confianza en las instituciones”.
Añade el organismo empresarial que “la corrupción debilita el desarrollo económico”. Tiene razón. Si el dinero que se tiene que invertir en desarrollo se desvía, se utiliza para fines personales, claro que la afectación es global.
“La corrupción sigue presente en la operación de las instituciones públicas. En 2025, de acuerdo con la ENCIG, el 16% de las personas que realizaron un trámite, pago o solicitaron un servicio público fue víctima de algún acto de corrupción, mientras que la tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un 24% más que en 2015”.
“Prácticas como sobornos, discrecionalidad, retrasos injustificados y abusos en los trámites generan incertidumbre, elevan los costos de operación y limitan la capacidad del país para atraer inversión y crecer. Dicho deterioro también se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, donde México obtuvo 27 de 100 puntos y ocupó el lugar 141 de 182”.
“La corrupción también afecta a las empresas. Los resultados de #DataCoparmex 2025, mediante el indicador #MxSinCorrupción, muestran que 40.2% de las empresas socias de COPARMEX enfrentó al menos un acto de corrupción durante el último año. Aunque el indicador mejoró 6.6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuatro de cada diez empresas siguen enfrentando prácticas irregulares en su relación con las autoridades”.
“La mayor incidencia se registra en el ámbito municipal (62.2%), seguido del estatal (57.8%) y el federal (42.8%). Además, casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de gobierno, lo que confirma su carácter estructural. A ello se suma la extorsión: entre las víctimas de algún delito, 17.3% sufrió extorsión o cobro de piso y, en 37% de los casos, el cobro fue realizado por autoridades o por personas que se hicieron pasar por ellas”.
“La corrupción afecta especialmente a las MiPyMEs que cuentan con menos recursos para absorber pagos indebidos, retrasos y costos administrativos, poniendo en riesgo su operación. Ello reduce su productividad, limita su capacidad para crecer y desincentiva la formalidad. Esto resulta especialmente grave porque concentran el 70.7% del personal ocupado del país y las propias empresas identifican la corrupción como uno de los principales obstáculos para su actividad, sólo por debajo de la inseguridad y los problemas de infraestructura y servicios”.
“El exceso regulatorio agrava este problema. Según #DataCoparmex 2025, el 48.9% de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y destina en promedio 82 horas mensuales al cumplimiento regulatorio. Cada trámite innecesario incrementa la discrecionalidad, eleva los costos de cumplimiento y abre espacios para la corrupción. Simplificar y digitalizar los procesos administrativos también constituye una política efectiva de prevención”.
La COPARMEX concluye en su análisis que el combate a la corrupción debe ser una prioridad nacional. “Es indispensable fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, mejorar la coordinación entre las instituciones responsables y garantizar mecanismos eficaces de prevención, investigación, sanción y rendición de cuentas”.
Por ello exige fortalecer los mecanismos de control, auditoría y supervisión en los tres órdenes de gobierno. Aplicar sanciones efectivas y oportunas contra quienes incurran en actos de corrupción, especialmente servidores públicos, y publicar indicadores verificables de sus resultados. Simplificar, homologar y digitalizar los trámites para reducir la discrecionalidad y facilitar la actividad empresarial. Implementar canales de denuncia seguros y confidenciales para ciudadanos y empresas. Impulsar una política permanente de integridad pública que fortalezca el Estado de Derechos, la transparencia y la certeza jurídica. Combatir frontalmente la extorsión, especialmente cuando involucre a autoridades o a quienes actúen bajo esa apariencia. Garantizar la participación del sector empresarial y la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción, fortaleciendo la vigilancia, la colaboración y la corresponsabilidad.
“En COPARMEX reiteramos nuestra disposición para colaborar con los tres órdenes de gobierno en el diseño e implementación de políticas públicas, reformas regulatorias y mecanismos de integridad que reduzcan la corrupción de manera sostenida. Sólo mediante instituciones sólidas, reglas claras y un Estado de Derecho efectivo será posible fortalecer la confianza, atraer inversión y construir un México más competitivo”, concluye.
La tarea no es fácil. Desde cualquier sector, del público o el privado, se buscará siempre tener mayor ganancia con menor inversión. Unos, vendiendo productos de baja calidad con altos costos y otros succionando el presupuesto público para enriquecerse. No hay que ser Sherlock Holmes —el famoso detective creado por el escritor británico Arthur Conan Doyle— para saber a quienes nos referimos.
@MValeraH
