Fanny Yépez
La Columna
El estado de Veracruz ocupa los primeros lugares a nivel nacional en incidencia de extorsión, concentrándose la mayor parte de los casos en modalidad de cobro de piso y extorsión telefónica.
Los municipios con mayor número de denuncias son Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba, entre otros.
La extorsión impera con impunidad en Veracruz debido a la fragmentación del crimen organizado, que se disputa su posición estratégica, sumado a una grave cifra negra de denuncias, cercana al 90% por temor a represalias, y la colusión o ineficiencia institucional de las autoridades locales frente al delito, hablamos de los cuerpos policiacos estatales y municipales.
Durante el 2025, Veracruz cerró con 730 denuncias oficiales por extorsión, siendo Xalapa la demarcación más afectada con 119 casos, superando al puerto de Veracruz.
En Veracruz se registraron un total de 191 carpetas de investigación por el delito de extorsión, durante el primer semestre de 2026. Esta cifra representa una reducción del 58% en comparación con el mismo periodo del año anterior y marca uno de los registros más bajos en la historia reciente de la entidad.
La falta de combate efectivo contra la extorsión en Veracruz, se debe a una combinación de infiltración del crimen organizado en las instituciones, la complejidad del delito que opera mayormente a través de extorsión virtual o redes criminales complejas y la histórica cifra negra de delitos no denunciados, por miedo a represalias.
A nivel institucional y social, los factores principales por los que este delito ha sido difícil de erradicar incluyen, corrupción e infiltración. Elementos de las corporaciones locales han sido señalados o procesados por brindar protección a los criminales o por exigir ellos mismos el «cobro de piso» a comerciantes.
Complejidad del crimen organizado, en el estado de Veracruz operan múltiples organizaciones delictivas que disputan el territorio. El cobro de piso es una de sus principales fuentes de financiamiento, lo que requiere estrategias de inteligencia financiera y tácticas que las policías municipales, por sí solas, no siempre pueden ejecutar.
De manera desglosada y oficial, los registros mensuales más recientes del primer semestre indican; enero 29 carpetas de investigación, junio 26 denuncias (el registro mensual más bajo) y acumulado a mitad de año 2026, 191 casos.
Sin embargo, debido a la cifra negra (delitos que no se denuncian por miedo a represalias), organizaciones civiles y encuestas del INEGI estiman que el número real de casos asciende a tasas de hasta cuatro mil eventos por cada 100,000 habitantes.
Las modalidades principales incluyen el cobro de piso a comerciantes y empresarios de la zona, así como llamadas de intimidación provenientes en gran medida de centros penitenciarios.
El cierre y crisis de carnicerías en Veracruz se debe a dos factores principales: la inseguridad (con ataques a cadenas comerciales, como «El Jarocho») y una crisis económica por los altos costos operativos y la caída en el consumo, solamente en este caso se perdieron 40 empleos, y dejó una estela negativa de inseguridad en la zona y la ausencia de inversiones.
Los elementos clave de esta situación son; inseguridad y extorsión, en ciudades del norte como Tuxpan, sucursales de la cadena «El Jarocho» han sufrido múltiples ataques armados y con presuntos explosivos, generando cierres preventivos. Estos actos han encendido las alarmas del sector.
El sector que se ha visto golpeado severamente por el crimen organizado y que los ha colocado en la situación de crisis, son los productores ganaderos, los extorsionadores llegan a pedir hasta 500 pesos por cabeza de ganado comercializado.
El arraigo y crecimiento de este delito en la entidad se explica por los siguientes factores clave, la geopolítica criminal.
Al ser un corredor logístico vital con más de 700 kilómetros de litoral y puertos estratégicos (Veracruz y Coatzacoalcos), diversas células delictivas buscan el control territorial financiándose mediante el cobro de «derecho de piso» a negocios, transportistas y productores.
Miedo y extorsión telefónica/física, el modus operandi abarca desde llamadas telefónicas (muchas operadas desde centros penitenciarios) hasta la presencia física de grupos armados en comercios locales, generando terror en la población; ante esta situación preguntamos ¿por qué las autoridades penitenciarias tanto federales como estatales no colocan inhibidores telefónicos? Que evite este tipo de actos delincuenciales.
La desconfianza en las instituciones persiste, por la falta de resultados por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en tanto que, las corporaciones policiacas desalientan a las víctimas, permitiendo que los delincuentes operen sin consecuencias. En resumen, la población se siente que está en la indefensión y a merced del crimen organizado.
