Ana Rosa Valdés Salazar
En mi Opinión
Concluida la fiesta popular que motivó el Mundial de Futbol, terminó también el breve periodo de respiro que tuvo el régimen morenista para liberarse de las pesadas cargas que tiene que soportar por los problemas que se complican y se acumulan sin visos de solución.
Lo anterior no significa que ese periodo haya estado exento de homicidios, asaltos, bloqueos de carreteras y otros hechos que forman ya parte de nuestra cotidianeidad, sino que por estar concentrada la atención de la gente en la justa deportiva fue mucho menor la presión ejercida sobre los detentadores del poder.
Ahora, de vuelta a lo que podemos llamar normalidad, la agenda está llena de pendientes que reclaman atención inmediata, y en el horizonte asoman otros asuntos que requerirán grandes esfuerzos para encarrilarlos hacia la consecución de acuerdos, como la negociación del T-MEC, que vendrá aparejada con otros de índole no comercial, pero que resultan prioritarios para el gobierno de Estados Unidos.
Que la presión estadounidense sobre el gobierno mexicano será intensa lo anticipa la imposición de aranceles del 50 por ciento a una serie de productos canadienses para el próximo mes, como respuesta a lo que el gobierno de Trump califica de trato injusto hacia el alcohol, los automóviles y los productos lácteos estadounidenses, en tanto que el gobierno de Canadá considera que esos aranceles son violatorios del T-MEC.
Las tensiones comerciales entre los socios del tratado se avivan particularmente entre México y Estados Unidos, por la solicitud de detención provisional con fines de extradición de diez políticos sinaloenses, formulada por el gobierno de Donald Trump, y que no ha sido atendida en sus términos por la contraparte mexicana.
Ese asunto pendiente condiciona políticamente y debilita la posición de México en la revisión del tratado, pues si el gobierno de Claudia Sheinbaum persiste en bloquear la entrega de Rubén Rocha Moya y sus secuaces la negociación del acuerdo comercial se tornará más áspera.
De entrada, Estados Unidos aventaja en la negociación por la entrega voluntaria de Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, lo que redujo el margen de maniobra de los negociadores mexicanos por la información que esos ex funcionarios puedan proporcionar a favor de los intereses estadounidenses.
Como Estados Unidos decidió no extender automáticamente el tratado por otros dieciséis años, el acuerdo se mantiene vigente hasta 2036, pero sujeto a revisiones -y consecuentes negociaciones- anuales, lo que genera un escenario de alta tensión por la incertidumbre arancelaria y las exigencias estadounidenses para frenar las inversiones chinas.
Estados Unidos busca imponer condiciones más estrictas para proteger su producción nacional, lo que obligará a México a defender su ventaja arancelaria en manufacturas y autopartes y le será muy complicado lograr la eliminación total de los aranceles en el corto plazo, por lo que las tarifas a sectores clave seguirán siendo punto de fricción.
No soslayemos que las agencias estadounidenses no quitan el dedo del renglón en sus señalamientos al gobierno mexicano de vínculos con el narcotráfico. No otra cosa significa que el director de la DEA, Terrance Cole, al comentar la sentencia dictada este martes al Mayo Zambada, advirtiera que esto es sólo el principio de sus operaciones, con lo que envió un mensaje directo a los cárteles y claramente señaló que la agencia también irá tras los funcionarios corruptos que los protegen.
Todo esto en la conflictiva relación con el vecino del norte, que tanto gravita sobre la política interna, y en la que pronto reaparecerán los plantones de la CNTE, continuarán los conflictos con transportistas y agricultores, las demandas de las madres buscadoras, la inseguridad galopante que se recrudece contra periodistas, la crisis económica y todos los males de la caja de Pandora mexicana.
Sí, definitivamente, a Morena se le acabó la fiesta.
