Pepe Cortés
“Las cárceles están llenas de inocentes y las calles de delincuentes.”
Es una frase que los mexicanos hemos escuchado durante décadas. Más allá de que cada persona tenga su propia opinión sobre ella, hay un hecho que no puede ignorarse: una expresión así solo permanece viva cuando una parte importante de la sociedad deja de creer en su sistema de justicia. Y esa pérdida de credibilidad debería preocuparnos más que cualquier litigio mediático.
Una democracia puede superar crisis económicas, tensiones políticas e incluso periodos de profunda polarización. Lo que difícilmente resiste es que sus ciudadanos pierdan la certeza de que la ley se aplica con independencia, imparcialidad y sin distingos.
Las leyes no fueron creadas para otorgarle más poder al gobierno, sino para limitarlo. Esa ha sido una de las mayores conquistas del constitucionalismo moderno: sustituir el arbitrio de las personas por la fuerza de las instituciones. En un Estado de derecho, el poder no gobierna por encima de la ley; gobierna sometido a ella.
Por eso la Constitución mexicana no solo faculta al Estado para investigar y sancionar delitos. También establece límites claros al ejercicio del poder. El artículo 14 dispone que nadie puede ser privado de su libertad, de sus bienes o de sus derechos sin un juicio seguido conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 20 reconoce la presunción de inocencia y el debido proceso como garantías fundamentales. No son privilegios para quienes enfrentan una acusación; son derechos que protegen a todos los ciudadanos frente al enorme poder del Estado.
No es casualidad que esas garantías existan. La historia demuestra que el poder, cuando carece de límites, rara vez renuncia voluntariamente a ampliar sus facultades. Precisamente por eso las constituciones modernas no fueron diseñadas para proteger a los gobiernos, sino para proteger a los gobernados.
Esta no es una discusión reservada a los libros de Derecho Constitucional. Hoy tiene una enorme vigencia en México.
Nuestro país atraviesa una profunda transformación de su sistema de justicia. La reciente reforma al Poder Judicial prometió fortalecer su legitimidad y recuperar la confianza ciudadana. Sin embargo, en las últimas semanas se han difundido ampliamente videos donde algunos de los nuevos impartidores de justicia cometen errores durante audiencias o intervenciones públicas. Más allá de que esos casos representen o no al conjunto del nuevo Poder Judicial, han reabierto una pregunta que ninguna democracia debería minimizar: ¿Cómo se construye la confianza en quienes tienen la responsabilidad de decidir sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas?
En ese mismo contexto se desarrolla el proceso penal que enfrenta el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Su abogado, Fernando Gómez-Mont, ha pedido que se respete plenamente el debido proceso y que no se adelanten conclusiones. En el mismo sentido, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, así como las gobernadoras y gobernadores de Acción Nacional, hicieron un llamado a defender el Estado de derecho.
Comparto ese llamado. No porque alguien deba recibir un trato privilegiado o quedar exento de responder por sus actos. Lo comparto porque el Estado de derecho no puede depender del nombre del acusado. Su fortaleza radica en aplicar la misma ley con el mismo rigor y las mismas garantías para todos.
Investigar posibles delitos es una obligación del Estado. Acreditarlos corresponde al Ministerio Público. Defender a la persona imputada compete a su defensa. Valorar las pruebas y dictar sentencia es responsabilidad exclusiva de los jueces. Cuando cada institución cumple su función, la justicia fortalece su legitimidad. Cuando alguna invade el ámbito de otra o parece actuar bajo presiones ajenas al derecho, la credibilidad del sistema comienza a erosionarse.
Por eso una justicia que no investiga genera impunidad. Pero una justicia que deja de respetar el debido proceso también pierde legitimidad. Del mismo modo, un sistema judicial cuyos integrantes no inspiran confianza termina debilitando al propio Estado de derecho. La fortaleza de la justicia no depende únicamente de sus resoluciones; depende también de la convicción ciudadana de que fueron emitidas por autoridades independientes, imparciales y sometidas exclusivamente a la Constitución y a la ley.
Con frecuencia repetimos una afirmación que nadie discute: nadie está por encima de la ley. Debe ser así. Pero existe otra verdad igual de importante: la ley tampoco puede quedar de rodillas ante el poder. De ese equilibrio depende la legitimidad de las instituciones y, en buena medida, la fortaleza de nuestra democracia.
Las personas pueden equivocarse. Los gobiernos cambian. Las leyes se reforman. Las instituciones evolucionan con el tiempo. Lo que una democracia no puede permitirse perder es la convicción de sus ciudadanos de que la justicia actúa con independencia, imparcialidad y pleno respeto a la Constitución. Recuperar esa credibilidad puede tomar décadas; perderla puede tomar apenas un instante.
Porque el día en que la justicia deja de estar de pie frente al poder, la ley deja de limitarlo. Y cuando la ley deja de limitar al poder, la libertad de todos comienza a depender de la voluntad de unos cuantos.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal del PAN en Veracruz, analista político y económico, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
