Ciudad de México: Los hechos que recientemente han conmocionado al país demuestran que la violencia escolar ya no puede atenderse únicamente cuando ocurre una tragedia. Es momento de fortalecer la prevención y dotar a las escuelas de herramientas para actuar antes de que sea demasiado tarde.
Con ese propósito, el senador Pablo Angulo presentó una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Ley General de Educación, a fin de establecer que docentes y personal educativo reciban capacitación específica y obligatoria para prevenir, detectar y atender situaciones de violencia escolar.
El legislador señaló que, además de fortalecer la preparación del personal educativo, resulta indispensable que todas las instituciones donde se forman niñas, niños y adolescentes operen con pleno apego a la legislación educativa, bajo mecanismos efectivos de supervisión y con protocolos claros para proteger su integridad.
“La seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes no puede depender de la improvisación. Quienes tienen bajo su cuidado a millones de estudiantes deben contar con herramientas claras para identificar riesgos, activar protocolos y proteger oportunamente a las víctimas”, señaló.
La propuesta incorpora contenidos mínimos de capacitación en detección temprana de conductas violentas, construcción de entornos escolares seguros, aplicación de protocolos de actuación, educación socioemocional, disciplina positiva, prevención del ciberacoso y coordinación con madres, padres de familia y autoridades educativas, fortaleciendo lo previsto en la Ley General de Educación.
El legislador recordó que millones de adolescentes han sido víctimas de acoso escolar en México y advirtió que muchos casos permanecen invisibles hasta que escalan a hechos de mayor gravedad, por lo que la prevención debe convertirse en una prioridad permanente del sistema educativo.
“La mejor respuesta ante la violencia escolar no es reaccionar cuando ya ocurrió una tragedia, sino construir escuelas capaces de prevenirla. La seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes exige instituciones que cumplan la ley, personal preparado y protocolos que funcionen antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.
