Enrique Yasser Pompeyo
Mesa de Redacción
Las declaraciones de la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, dejaron un mensaje claro para quienes han intentado politizar los procesos que involucran a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero: no existe persecución política, sino la aplicación de la ley.
Ante los señalamientos de Movimiento Ciudadano, que buscó vincular las investigaciones con una supuesta presión para que ambos ediles se incorporaran a Morena, la mandataria fue contundente.
Afirmó que esa versión es completamente falsa y aseguró que, tras consultar directamente con el dirigente estatal de su partido, confirmó que nunca existió una invitación para que los dos alcaldes se sumaran al Movimiento de Regeneración Nacional.
Con ello, Rocío Nahle desmintió una de las principales acusaciones que pretendían dar un tinte político al caso.
La Gobernadora fue enfática al señalar que la Fiscalía General del Estado realiza investigaciones de manera autónoma y que fue esa institución la que presentó las solicitudes correspondientes ante el Congreso del Estado.
Ahora, serán la Fiscalía y el Poder Judicial las que, con base en las pruebas y conforme al debido proceso, determinen lo que en derecho corresponda.
La postura de la titular del Ejecutivo estatal también deja ver un compromiso con la imparcialidad.
Incluso afirmó que, si el caso involucrara a un alcalde de Morena o de cualquier otra fuerza política, el procedimiento sería exactamente el mismo. Es decir, la ley debe aplicarse sin distingos partidistas.
Asimismo, Nahle recordó que su gobierno trabaja con los 212 municipios de Veracruz, sin importar el partido que los gobierne.
Como ejemplo, mencionó las reuniones sostenidas con autoridades municipales de todas las fuerzas políticas para resolver el tema de la bursatilización, así como para impulsar proyectos que benefician al estado, demostrando que la administración estatal privilegia el trabajo institucional por encima de las diferencias partidistas.
En un momento en el que abundan las especulaciones, la Gobernadora apostó por la prudencia y el respeto a las instituciones.
Su mensaje fue claro: los asuntos relacionados con investigaciones penales no se resolverán en el terreno de la política ni de las declaraciones, sino en el ámbito de la Fiscalía y del Poder Judicial.
Ese es el principio que fortalece al Estado de Derecho: permitir que las instituciones actúen con autonomía, que el debido proceso se respete y que la justicia se aplique por igual para todos, sin importar colores o intereses políticos.
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