Ángeles González Ceballos
El ciudadano Luis Antonio Burillo Arenas denunció al alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, por el presunto delito de fraude en la adquisición de un bien inmueble en esta capital, así como el despojo del mismo.
El edil quiso comprar una propiedad en la zona de Montemagno y luego trató de quedársela sin pagar la deuda.
En conferencia de prensa, el afectado recordó que la operación de compra-venta se llevó a cabo en octubre del año pasado, fecha en la que se signó una promesa de pago de 3.5 millones de pesos.
El esquema de pago acordado estipulaba un enganche inicial de 1.5 millones de pesos y dos abonos posteriores de un millón de pesos cada uno, pactados para el 31 de diciembre y el 28 de febrero ya de este 2026.
De acuerdo con Burillo Arenas, el edil solo cubrió el monto del enganche, mismo que entregó a destiempo, dejando totalmente desatendidos los dos pagos restantes.
A pesar del incumplimiento, el munícipe tomó posesión de la residencia de forma no autorizada y comenzó a ejecutar obras de remodelación, las cuales, presuntamente se estarían realizando mediante el uso de recursos públicos.
»En ningún momento nosotros acordamos entregarle las llaves antes de que liquidara la propiedad. Hoy ya está remodelando la casa e incluso nos informan que ya hay personas habitándola», señaló.
Frente a este escenario, informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción por la probable comisión de fraude y despojo, a la par que se interpusieron recursos en el fuero civil para demandar la rescisión contractual.
Burillo Arenas indicó que serán las autoridades ministeriales las que determinen si se cometieron dichos delitos y en ese sentido confió en que la investigación se desarrolle con imparcialidad y sin concesiones especiales por la condición de servidor público del acusado.
Adicionalmente, Burillo Arenas reveló que el Alcalde intentó negociar el saldo pendiente ofreciendo la adjudicación de obra pública, propuesta que rechazó tajantemente al considerarla un acto de corrupción.
»¿Cómo voy a trabajar para pagarme mi propia casa? Yo no soy contratista del Ayuntamiento. Lo único que quiero es que se cumpla el trato que se hizo», aseveró.
La decisión de rescindir el contrato responde no sólo a la falta de pago, sino a la pérdida arbitraria de la posesión de un inmueble que forma parte del patrimonio de su familia.
El inmueble en cuestión se sitúa en el sector residencial de Las Cumbres, en Montemagno, Xalapa, ahí el afectado puntualizó que si bien la propiedad posee un valor comercial más elevado, el trato original se pactó en los 3.5 millones de pesos referidos.
Manifestó que decidió hacer público el conflicto bajo la premisa de que ningún funcionario debe gozar de impunidad, e hizo un llamado a las instancias correspondientes para que procedan conforme a Derecho y esclarezcan la situación.
