Oved Contreras
Secas Mecas
La fiscala Yeya Jiménez Aguirre niega cualquier tipo de relación con el abogado Roly Domínguez Romero, señalado por decenas de víctimas como uno de los principales operadores del denominado “cártel inmobiliario” en Veracruz, y rechazó que el litigante goce de protección institucional, pero los integrantes del colectivo de afectados aseguran que las investigaciones en su contra no avanzan porque presuntamente mantiene una relación cercana con ella.
“No es mi amigo, yo no lo conozco. No tengo por qué proteger a nadie”, atajó la fiscalía en conferencia de prensa incluso aseguró que su actuación sería exactamente la misma aunque existiera algún vínculo personal: “Aun si fuera mi amigo, mi hijo o un familiar, igual procedería. Mi compromiso es institucional y represento el interés de la sociedad”, reiteró.
Doña Yeya asegura que la fiscalía estatal mantiene abiertas investigaciones en contra de jueces, notarios públicos y funcionarios presuntamente relacionados con una red dedicada al despojo de bienes inmuebles en Veracruz, y agregó que existen carpetas de investigación ya judicializadas y audiencias iniciales desahogadas, además de que continúan integrándose otros expedientes en los que aparecen involucrados diversos servidores públicos y particulares.
La fiscal explicó que, conforme al debido proceso, en una primera etapa se privilegia la comparecencia voluntaria de las personas investigadas antes de solicitar otras medidas cautelares, dependiendo de los elementos que integren cada caso. Sostiene que una de las instrucciones al personal ministerial ha sido mantener comunicación permanente con las víctimas para informarles sobre el avance de las investigaciones y dar seguimiento puntual a cada expediente.
En ese contexto, la fiscal Yeya Jiménez rechazó las versiones de personas afectadas que afirman que las investigaciones contra el abogado Roly Domínguez Romero no avanzan debido a la supuesta cercanía que éste presume tener con la fiscal.
Las declaraciones surgieron luego de que víctimas de presuntos despojos acusaran públicamente que Domínguez Romero presume influencias dentro de la FGE para evitar ser procesado, situación que rechazó la fiscal al reiterar que ninguna persona cuenta con protección institucional. El Gobierno del Estado reconoció la existencia de más de 120 denuncias relacionadas con este tipo de casos y anunció la revisión de los procedimientos de lanzamiento y desalojo ejecutados en la entidad.
Las víctimas han dicho en testimonios públicos, sobre la presunta participación de abogados, notarios, jueces y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, tales como: Miguel Isaac Contreras Gómez Gill, Pedro Damián Atilano Cruz, Miriam Ceballos Ruiz; el notario Eugenio Adalberto Vásquez Muñoz; los jueces Dania Iveth Arenas Pérez y Leopoldo Toss Capistrán entre otros.
Al mentado Roly Domínguez Romero lo identifican como uno de los operadores de una red que utiliza documentos apócrifos, pagarés, juicios civiles y resoluciones judiciales para apropiarse de inmuebles.
INGENIO EN QUIEBRA…se vienen meses difíciles para la economía en la región de los Tuxtlas y municipios vecinos…tronó el ingenio San Pedro, cerró operaciones. Se les viene la noche a municipios como San Andrés, Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, Tlacotalpan, Saltabarranca y Amatitlán, que vivían con la sombra de un nuevo colapso y los productores lo advertían: “Si San Pedro cierra, se viene una crisis regional”.
No exageran. Así como pasó con otras fábricas como el Independencia en Martínez de la Torre, el ingenio es el corazón económico de miles de familias, su operación sostiene comercios, transporte, servicios y empleos directos que mantienen viva a la zona.
La alcaldesa de Salta Barranca asegura que ya tienen estrategia para contener la severa crisis que se avecina. ¿Pero tenían que esperar el cierre? A tronarse los dedos porque estas malas noticias suelen traer crisis que tardan en irse.
SIN SORPRESAS…La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz determinó que existen elementos suficientes para solicitar la Declaración de Procedencia en contra de los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, por lo que propondrá al Pleno retirarles el fuero constitucional para que las autoridades ministeriales puedan actuar conforme a derecho.
Será este miércoles cuando el dictamen sea sometido a consideración de los diputados locales, quienes tendrán la última palabra sobre si procede o no el desafuero de ambos presidentes municipales…la Comisión Instructora realizó las audiencias de pruebas y alegatos correspondientes dentro de los procedimientos de Declaración de Procedencia promovidos en contra de los dos munícipes, quienes tuvieron la oportunidad de presentar su defensa y los argumentos que consideraron pertinentes.
