Agustín Torres Delgado
Pa´Vivir a Gusto
Se consumó el desafuero de los alcaldes de Movimiento Ciudadano en Ixhuatlán del Sureste y de Úrsulo Galván, en Veracruz; desde Movimiento Ciudadano lo advertimos: hemos detectado un patrón preocupante en los ataques del gobierno, a nuestras y nuestros alcaldes, incluso desde el fraude en Papantla y Poza Rica. Lo que hoy está en juego no es únicamente la situación jurídica de dos servidores públicos, sino la confianza de la gente en que las instituciones actúan con independencia, imparcialidad y respeto al Estado de derecho.
Mientras miles de familias esperan justicia observamos que las instituciones muestran una rapidez inusual, sin investigaciones y sin demostrar hechos, cuando se trata de actuar contra quienes representan una alternativa en el estado.
Es inaceptable que desde el poder público se busque intimidar o se intente silenciar a quienes pensamos distinto. La competencia política se resuelve en las urnas, no mediante el uso de las instituciones para perseguir opositores.
Por ello nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, acudió ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar medidas de protección para nuestros alcaldes, al considerar que existen elementos suficientes para pedir que se garantice el respeto a sus derechos y al debido proceso. Más allá de la valoración que cada uno tenga sobre este caso, resulta indispensable que todas las actuaciones de la autoridad se sostengan con pruebas y no con percepciones o especulaciones.
En Veracruz, parece que se quiere consolidar una forma de gobernar que nos resulta profundamente preocupante y que lastima la democracia. Nos preocupa que la fiscalía general del Estado se perciba como instrumento de presión contra voces críticas, en lugar de concentrarse en combatir a quienes realmente han sembrado violencia, miedo e impunidad en nuestro estado.
La preocupación no es solo por estos expedientes, el problema es el precedente que pueden establecer. Si las instituciones que deben de procurar justicia son vistas como herramienta de presión política, pierde la ciudadanía, porque la confianza en el Estado se pierde.
Movimiento Ciudadano siempre ha sostenido que nadie está por encima de la ley. Si alguien comete un delito, debe ser investigado y, en su caso, sancionado conforme a derecho, con estricto apego al debido proceso y a la presunción de inocencia. Lo que rechazamos categóricamente es cualquier aplicación selectiva de la justicia o cualquier intento de utilizar las instituciones para obtener ventajas políticas.
Demandamos que la fiscalía actúe con absoluta autonomía, imparcialidad y apego a la ley. La fiscalía debe presentar pruebas contundentes de cualquier acusación, no basar un caso en oídas.
¿Aprovechará la gobernadora de Veracruz la gran oportunidad de enviar un mensaje claro de que en el estado nadie será perseguido por sus ideas, por pensar distinto o militar en un partido diferente?. La mejor forma de hacerlo es garantizar que las instituciones actuarán con autonomía, imparcialidad y estricto apego a la ley.
Agustín Torres Delgado
Secretario General de Acuerdos
Movimiento Ciudadano
