Pepe Cortés
El Ingenio San Pedro cerró. El pasado 5 de agosto, la empresa declaró «económicamente inviable» continuar sus operaciones. Para Lerdo de Tejada, sin embargo, no se apagaron simplemente las máquinas de una fábrica: se paralizó de golpe el motor económico que sostuvo a la región durante generaciones.
La reacción comunitaria explica el impacto mejor que cualquier balance contable. Obreros, cañeros, comerciantes, transportistas y familias se movilizaron para defender una de las principales fuentes de ingresos de la zona. Cuando un ingenio deja de moler, la parálisis no se queda entre sus paredes; alcanza al comercio local, rompe cadenas de pagos y golpea directamente el ingreso de las familias.
San Pedro no es un caso aislado. El Carmen, en Ixtaczoquitlán, ya había quedado fuera de la zafra 2024-2025 tras enfrentar graves problemas financieros. La paradoja veracruzana es contundente: hoy producimos mucha más caña que hace cuatro décadas. Mientras en 1980 se cosechaban alrededor de 135 mil hectáreas y se producían 6.8 millones de toneladas, el Censo Agropecuario 2022 registró más de 360 mil hectáreas cultivadas y 21.2 millones de toneladas. La industria no se redujo, se concentró. Tenemos más caña dependiendo de menos fábricas, lo que convierte cada cierre en un problema regional.
México conoce bien el costo de reaccionar cuando la crisis ya estalló. En 2001, el gobierno federal expropió 27 ingenios con graves problemas financieros y terminó administrando durante años una parte sustancial del sector. Según la Auditoría Superior de la Federación, al cierre de 2012 el costo fiscal actualizado del sector azucarero expropiado ascendía a 21 mil 320.5 millones de pesos. El Estado absorbió enormes costos y distintas plantas terminaron posteriormente otra vez en manos privadas.
No debemos repetir esa historia, pero tampoco asistir impasibles al colapso de una economía regional. Ante el anuncio de la gobernadora Rocío Nahle sobre la búsqueda de alternativas junto con la Federación, incluidos posibles esquemas de apoyo y la participación de Nacional Financiera, la cuestión de fondo no es si deben protegerse el empleo, los productores y la capacidad productiva, sino cómo hacerlo y quién debe asumir el costo.
Salvar la capacidad productiva no debe confundirse con salvar a los accionistas. La propiedad privada otorga el derecho a participar de las ganancias, pero también implica asumir las pérdidas. Pagar pasivos privados con dinero público para después devolver una empresa saneada a quienes la llevaron a la inviabilidad produciría exactamente la distorsión que debemos evitar: socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.
Antes de destinar un solo peso del contribuyente se requiere una evaluación independiente que determine las causas reales de la inviabilidad. Si la planta es estructuralmente incapaz de competir, subsidiarla sólo aplazará su cierre; si puede recuperar viabilidad mediante una reestructuración operativa y financiera, modernización, nuevos inversionistas o una administración diferente, existen instrumentos para intervenir sin entregar un cheque en blanco.
La crisis global de 2008 ofrece una lección útil. Cuando el gobierno estadounidense intervino corporaciones como General Motors, el rescate no consistió simplemente en entregar recursos públicos. El Estado recibió una participación accionaria, condicionó su apoyo a una profunda reestructuración y posteriormente vendió sus acciones. La operación no permitió recuperar íntegramente los recursos invertidos, pero muestra una diferencia fundamental entre cubrir pérdidas privadas sin condiciones y realizar una intervención temporal con activos, obligaciones y una ruta definida de salida.
Si excepcionalmente el contribuyente asume un riesgo empresarial, debe recibir algo a cambio. Créditos recuperables, garantías, deuda convertible o una participación accionaria temporal pueden estudiarse dependiendo de la viabilidad y las circunstancias de cada empresa. El Estado puede intervenir para impedir que una crisis destruya capacidad productiva recuperable; no debe hacerlo para garantizar el patrimonio de los accionistas.
Sin embargo, debatir cómo rescatar un ingenio implica admitir que llegamos tarde. La verdadera agenda para Veracruz exige transformar una industria que continúa dependiendo excesivamente del azúcar. Brasil entendió hace décadas que la caña podía alimentar complejos sucroenergéticos capaces de producir azúcar, etanol y electricidad, además de biogás y biometano. El ingenio tradicional calcula cuánto azúcar extrae de una tonelada de caña; una biorrefinería calcula cuánto valor puede obtener de esa misma tonelada.
Esa transformación es compatible con una Economía Social de Mercado: empresas privadas que responden por su capital, productores organizados capaces de participar de una mayor proporción del valor generado, trabajadores capacitados, inversión e innovación, y un Estado subsidiario que garantice competencia, infraestructura y seguridad jurídica sin sustituir permanentemente a la iniciativa privada y a la sociedad.
Veracruz necesita además anticiparse a las crisis. Los retrasos en los pagos a productores, los adeudos fiscales, las dificultades para financiar una zafra y el deterioro de las instalaciones aparecen antes de que una fábrica deje de moler. Detectar esas señales permitiría proteger oportunamente a productores y trabajadores sin esperar hasta que el problema se convierta en una emergencia económica regional.
El futuro tampoco puede medirse solamente en toneladas de caña. Debemos medir productividad, valor agregado, energía generada, aprovechamiento de residuos, inversión tecnológica y mejores ingresos para quienes participan en la cadena. El ingenio del siglo XX producía azúcar; el ingenio veracruzano del siglo XXI debe aspirar a convertirse en una biorrefinería.
Ésta es también una discusión sobre principios. La solidaridad sin responsabilidad puede terminar premiando malas decisiones empresariales; la responsabilidad sin solidaridad puede abandonar a trabajadores, productores y comunidades que no provocaron la crisis. La subsidiariedad ofrece un equilibrio: intervenir cuando sea necesario, hacerlo en la medida necesaria y procurar que las personas y las comunidades recuperen su capacidad para salir adelante por sí mismas.
Cuando se apaga un ingenio no sólo se detiene una planta industrial; se quiebra la certidumbre de miles de familias. Proteger su sustento exige rigor técnico, responsabilidad fiscal y visión de futuro: defender la actividad económica y el trabajo sin convertir al Estado en salvavidas de empresarios fallidos.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
