Pepe Cortés
Hay una pregunta que rara vez nos hacemos al discutir los problemas de México: ¿Quién debe resolverlos? La respuesta inmediata suele ser el gobierno. Si falta seguridad, volteamos al Estado; si una comunidad requiere infraestructura, también; si hay pobreza o abandono, esperamos la misma respuesta. Hemos construido una cultura política donde demasiados caminos conducen al poder público, confundiendo sus responsabilidades legítimas con las capacidades que la propia sociedad conserva para resolver muchos de sus asuntos.
La Constitución reconoce al municipio libre, pero nuestro sistema fiscal concentra buena parte de la capacidad recaudatoria en la Federación y luego distribuye recursos hacia los gobiernos locales. Un municipio puede ser libre en el papel y carecer de recursos suficientes para arreglar una calle destruida, atender el alumbrado que no funciona o mejorar un servicio de agua deficiente. Sin capacidad financiera suficiente, la autonomía municipal queda severamente limitada. Ese es el problema en su versión más cotidiana: importa cuánto recibe cada gobierno, pero también quién recauda, quién distribuye y cuánto margen conserva la autoridad más cercana al ciudadano para decidir.
El Humanismo Político parte de un orden distinto al que asumimos por costumbre. Primero está la persona y con ella una realidad social que ningún gobierno creó. Antes del Estado existen la familia, la comunidad y distintas formas de asociación mediante las cuales las personas educan, trabajan, producen y persiguen propósitos comunes. La sociedad no necesita recibir del Estado su razón de ser, porque la encuentra en la propia naturaleza social de la persona.
Para entender esta tradición es necesario acudir también a la doctrina social de la Iglesia. Sus encíclicas sociales son documentos mediante los cuales los papas han reflexionado, a la luz de la doctrina cristiana, sobre problemas concretos de cada época, entre ellos el trabajo, la economía, la justicia social, la relación entre sociedad y Estado y los límites del poder. Las citamos porque conceptos fundamentales del Humanismo Político, como la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, fueron desarrollados también en esa tradición intelectual.
Esta concepción adquirió una formulación decisiva en 1931, cuando el papa Pío XI planteó en Quadragesimo Anno la subsidiariedad como criterio para ordenar la relación entre las personas, las asociaciones y el poder: aquello que puede realizar adecuadamente una instancia menor no debe ser absorbido por otra superior. Cinco años después, Jacques Maritain publicó Humanismo integral, obra fundamental del humanismo cristiano del siglo XX para pensar la dignidad de la persona y su presencia en el orden temporal.
En México, Efraín González Luna desarrolló esta visión desde nuestra propia realidad a partir de los años cuarenta. Lo expresó en una frase poderosa: «El vínculo social es de orden espiritual». La vida en común no nace de una concesión de la autoridad; nace de nuestra condición humana. Entre la persona y el Estado existe un tejido social con vida y responsabilidades propias que el poder público puede proteger y fortalecer, pero no debería sustituir.
Con el paso del tiempo, Luis H. Álvarez llevó esta concepción al terreno político frente a un sistema fuertemente presidencialista y centralizado. Defendió la participación ciudadana, los organismos intermedios, el federalismo y la autonomía municipal. Hablaba de «vertebrar adecuadamente a la sociedad» y de generar poder social. Limitar al poder requiere instituciones jurídicas, pero también una sociedad capaz de mantenerse de pie frente al gobierno.
Hacia el final del siglo XX, Carlos Castillo Peraza profundizó esta reflexión desde la solidaridad y la subsidiariedad. Si una persona o una comunidad pueden resolver adecuadamente un asunto, la autoridad debe respetar ese espacio. Si quieren asumir la responsabilidad pero carecen de los medios necesarios, debe ayudarlas. Si quien puede cumplirla se niega y el bien común resulta afectado, la instancia superior puede intervenir. La subsidiariedad establece así una relación entre libertad, responsabilidad y ayuda.
De ahí surge el bien común, entendido como el conjunto de condiciones que permite a las personas desarrollar sus capacidades, ejercer responsablemente su libertad y vivir en una comunidad donde también importa la dignidad de los demás. El Estado tiene una función indispensable: garantizar la ley, proteger derechos, impartir justicia y crear las condiciones para ese bien común. Eso no le concede la facultad de decidir arbitrariamente qué debe ser bueno para todos.
El principio ha mantenido su vigencia. En 1991, Juan Pablo II sostuvo en Centesimus Annus que el individuo, la familia y la sociedad son anteriores al Estado, que existe para tutelar sus derechos y no para sofocarlos. Benedicto XVI, en 2009, dejó una advertencia que conserva enorme actualidad: «la solidaridad sin la subsidiaridad acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado».
En mayo de 2026, León XIV retomó la subsidiariedad en Magnifica Humanitas al señalar que aquello que pueden realizar las personas, las familias, las comunidades locales y los cuerpos intermedios no debe ser absorbido por instancias superiores. Semanas después, ante el Parlamento español, recordó que la dignidad de la persona precede a cualquier concesión del Estado. Casi un siglo después de Quadragesimo Anno, seguimos enfrentando la misma pregunta: hasta dónde debe llegar el poder y dónde comienza su obligación de respetar la libertad de la sociedad.
Hay una objeción que merece respuesta: ¿No puede convertirse la subsidiariedad en una coartada para que el Estado se desentienda de quien no puede valerse por sí mismo? El riesgo existe. En un extremo está el asistencialismo que termina debilitando la responsabilidad y la autonomía; en el otro, un Estado que abandona a comunidades que genuinamente carecen de medios o enfrentan problemas que las rebasan.
La subsidiariedad no justifica la indiferencia del poder público. Cuando una comunidad puede resolver, debe permitírsele hacerlo. Cuando quiere hacerlo y no puede, corresponde ayudarla. Cuando el problema supera sus capacidades, la instancia superior debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Ayudar a que la sociedad fortalezca o recupere su capacidad es distinto de sustituirla permanentemente y también de dejarla sola.
Ese es el problema mexicano planteado al inicio. La Constitución puede reconocer al municipio libre, pero esa libertad pierde contenido cuando el diseño fiscal limita severamente su capacidad para ejercerla. El federalismo puede existir en la Constitución y debilitarse todos los días en el presupuesto.
La subsidiariedad también exige ciudadanos dispuestos a ejercerla. Una comunidad libre necesita personas que se hagan cargo de aquello que pueden resolver, en lugar de esperar al gobierno ante cada necesidad. Esa dependencia puede resultar cómoda, pero tiene un costo: cada responsabilidad que la sociedad abandona abre un espacio que el poder termina ocupando.
Un gobierno que pretende resolverlo todo termina decidiéndolo todo.
Por eso, la pregunta frente a cualquier poder sigue siendo tan incómoda como necesaria: ¿Esto debe hacerlo el Estado o puede hacerlo la sociedad? La respuesta debe comenzar en la persona, en su dignidad, su libertad y su responsabilidad frente a los demás. Una sociedad capaz de organizarse, participar y resolver también es una sociedad capaz de poner límites al poder.
Ahí está la plena vigencia del Humanismo Político. Frente a la tentación permanente de concentrar decisiones, recursos y responsabilidades en el poder público, sigue proponiendo un orden profundamente actual: una persona libre y responsable, una sociedad fuerte capaz de organizarse y un Estado con la autoridad necesaria para cumplir lo que le corresponde, pero con límites suficientes para no ocupar el lugar de ambas.
Ese orden importa. Primero está la persona, inseparable de su dimensión social. El Estado existe para servir a ambas, nunca para sustituirlas.
@pepecortesmx
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Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
