Pepe Cortés
Durante años, alrededor de Andrés Manuel López Beltrán se acumularon preguntas que nunca encontraron respuestas suficientes. Empresarios cercanos, contratos públicos y negocios fueron apareciendo mientras el apellido más poderoso del sexenio parecía suficiente para contener cualquier investigación política de fondo.
Ahora Estados Unidos le retiró la visa.
Andy López Beltrán decidió responder con una carta fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, dirigida al presidente Donald Trump. En ella confirmó la cancelación, calificó la decisión de política y propagandística, «al estilo hitleriano», y señaló directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quien llamó «el quita visa».
Andy decidió confrontar a quienes atribuye la decisión. Pero dejó pendiente la pregunta central: ¿Por qué le retiraron la visa?
Su carta pudo despejar esa duda. No lo hizo. El Departamento de Estado tampoco ha ofrecido públicamente las razones específicas de la revocación. Andy asegura que no existe prueba alguna de actos inmorales o delictivos en su contra. Entonces tiene una manera sencilla de fortalecer su dicho: transparentar la notificación que recibió de las autoridades estadounidenses.
El problema para Andy es que esta historia no comenzó con una visa.
La dirigencia nacional del PAN ha puesto sobre la mesa uno de los señalamientos más delicados. Su presidente, Jorge Romero, sostiene que el nombre de López Beltrán aparece en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República sobre la trama de huachicol fiscal y ha exigido que la FGR lo cite y que la Unidad de Inteligencia Financiera siga la ruta del dinero.
El señalamiento es concreto. Un testigo de identidad protegida declaró que, después del decomiso del Challenge Procyon en Tampico en marzo de 2025, Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como «Capitán Sol», le dijo que hablarían con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, para decirle que otro cargamento «era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso».
Eso está dentro de una investigación ministerial. Y cambia el tamaño de las preguntas.
¿Alguien utilizaba el nombre del hijo del expresidente para intentar destrabar cargamentos? ¿Quién? ¿Por qué invocar su nombre podía suponerse suficiente para buscar la intervención del secretario de Marina? ¿Qué hizo la Fiscalía después de conocer ese testimonio?
La FGR debe responder. Un expediente sobre una red de contrabando de combustibles que alcanzó estructuras aduaneras y elementos de la Marina no puede encontrar su límite cuando aparece un apellido políticamente poderoso.
Y después está Jorge Amílcar Olán Aparicio.
Investigaciones periodísticas lo han identificado como cercano a Andy y Gonzalo López Beltrán. Una empresa ligada a su entorno, Portacelis Gas and Oil, comenzó a importar combustible en febrero de 2025 y su primer proveedor fue Ikon Midstream, compañía texana que posteriormente quedó bajo investigación del FBI y de la FGR por operaciones con empresas señaladas de estar al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En abril de este año, agentes federales estadounidenses catearon las oficinas de Ikon en Houston y decomisaron documentación sobre sus operaciones, incluidas transacciones realizadas con Portacelis. Los registros de comercio exterior revisados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señalan que Portacelis importó más de 15 millones de litros de diésel en 444 operaciones entre febrero y julio de 2025.
Esto ya no cabe cómodamente en la explicación de que todo es politiquería.
Una visa cancelada. Un testimonio dentro de una carpeta de la FGR que menciona «un tema de Andy». Un empresario cercano. Una compañía vinculada con su entorno comercializando combustible con una firma investigada en Estados Unidos.
Cada hecho debe investigarse por sus propios méritos. Pero juntos explican por qué el nombre de Andy López Beltrán ya no puede mantenerse fuera del escrutinio.
Durante seis años, Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su autoridad política sobre una promesa: ellos eran diferentes. Denunció familiares de políticos beneficiados por el poder, empresarios favorecidos mediante relaciones y negocios construidos alrededor de los gobiernos.
Ahora las preguntas alcanzan a su propia familia.
El apellido López Obrador no puede convertirse en fuero.
La Fiscalía General de la República debe investigar el testimonio que menciona a Andy. La Unidad de Inteligencia Financiera debe seguir las operaciones financieras cuando existan elementos legales para hacerlo. Los contratos y negocios relacionados con empresarios de su entorno deben poder revisarse hasta conocer quién tomó las decisiones y quién terminó beneficiándose.
México no debería necesitar que Estados Unidos retire una visa para mirar hacia expedientes y negocios que llevan meses generando preguntas dentro del país.
La carta de Andy agrava políticamente el episodio. Decidió llevar la confrontación hasta Washington, acusó a Rubio y Landau y cuestionó directamente las motivaciones estadounidenses. Ahora corresponde que transparente la notificación que recibió y explique qué le comunicaron.
El gobierno de Claudia Sheinbaum también tiene una responsabilidad. Debe explicar qué sabe sobre un caso que ya alcanzó directamente al hijo del expresidente y garantizar que las instituciones mexicanas investiguen sin detenerse ante apellidos o cercanía con el poder.
Las preguntas siguen ahí: ¿Por qué Estados Unidos le retiró la visa? ¿Qué dice exactamente la notificación? ¿Qué hizo la FGR con el testimonio que menciona a Andy? ¿Qué sabe la UIF? ¿Quién utilizaba su nombre? ¿Hasta dónde llegan los negocios de las personas de su círculo?
Las respuestas no deberían depender de Washington.
Deberían estar en México.
Durante años, el apellido López Obrador abrió puertas y concentró poder. Ahora corresponde saber si también abrió otras que nunca debieron abrirse.
Esta vez, el apellido ya no alcanza.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Sefiplan.
