Pepe Cortés

México cerró 2025 con 146 millones 147 mil 478 líneas móviles activas. Tener más líneas que habitantes no es en sí una anomalía, porque una persona puede usar varios números, pero desde este mes esa cifra empezará a ponerse a prueba. El registro obligatorio no nació para depurar las estadísticas de las compañías: su propósito es identificar quién está detrás de cada número y reducir los espacios para el uso ilícito de las comunicaciones móviles. Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025, pueden producir un efecto adicional: una enorme depuración del mercado celular mexicano y, con ella, una auditoría involuntaria de las cifras con las que las telefónicas miden su propio tamaño.

El calendario ya comenzó. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció vencimientos conforme al último dígito: las líneas terminadas en cero tuvieron como límite el 15 de agosto; las terminadas en uno, el 31 de agosto, y el proceso continuará hasta las terminadas en nueve el 31 de diciembre. Las primeras suspensiones ya están ocurriendo, pero suspensión no significa cancelación: el usuario puede registrarse posteriormente y recuperar el servicio. La verdadera depuración no estará en cuántas líneas sean suspendidas, sino en cuántas regresen y cuántas permanezcan abandonadas.

La fotografía previa ayuda a entender lo que está en juego. Al cierre de 2025, Telcel concentraba el 57.53 por ciento del mercado con 84 millones 73 mil líneas activas; le seguían AT&T, con 16.47 por ciento y 24 millones 63 mil líneas; Movistar, con 13.77 por ciento y 20 millones 132 mil; y BAIT, de Walmart de México, con 7.46 por ciento y 10 millones 899 mil líneas. Telcel ya venía perdiendo participación relativa, aunque seguía sumando líneas en términos absolutos. La depuración puede volver a mover esa fotografía.

Antes de imaginar cómo se moverá el mapa, vale la pena un ejercicio. Supongamos, de forma hipotética, que Telcel registra un millón de líneas suspendidas y recupera 950 mil, mientras un operador móvil virtual (OMV) registra 300 mil y recupera solamente 150 mil. En números absolutos, Telcel tendría más suspensiones; proporcionalmente, recuperaría 95 por ciento frente a 50 por ciento del OMV. Los números absolutos contarían una historia; las proporciones, otra completamente distinta.

Esa distinción tiene consecuencias sobre la competencia. El artículo 28 constitucional establece las bases para combatir los monopolios y las prácticas monopólicas y proteger la libre concurrencia y la competencia económica. Telcel, por su peso dentro del mercado, forma parte del Agente Económico Preponderante en telecomunicaciones. Si la depuración golpea principalmente a sus competidores, podría no ganar un solo cliente y aun así terminar con una participación mayor; si proporcionalmente quedan abandonadas más líneas de Telcel, ocurrirá lo contrario. El denominador importa.

Donde esta lógica se vuelve particularmente reveladora es entre los operadores móviles virtuales. BAIT ofrece el ejemplo más claro de cuánto importa definir qué estamos contando: Walmex informó que cerró 2025 con 26.4 millones de usuarios activos, mientras la estadística regulatoria contabilizó alrededor de 10.9 millones de líneas activas del Grupo Walmart. La diferencia supera los 15 millones y la cifra corporativa equivale aproximadamente a 2.4 veces la medición regulatoria.

Eso no significa que Walmart haya inventado usuarios. Walmex utiliza una metodología corporativa con una ventana de actividad de 180 días, mientras la metodología regulatoria aplica criterios distintos para definir una línea activa. Dos mediciones pueden estar correctamente calculadas y describir universos muy diferentes. El problema aparece cuando cifras construidas con metodologías distintas terminan utilizándose para dimensionar un mismo negocio o mercado.

La diferencia tiene además peso económico. BAIT generó 11 mil 500 millones de pesos de ingresos durante 2025 y Walmex sostiene que un cliente BAIT gasta 2.5 veces más que uno que no utiliza el servicio. BAIT no solamente vende telefonía: forma parte de una estrategia para fortalecer la relación de Walmart con sus consumidores. Por eso conocer qué ocurra con su base durante la depuración importa más allá de contar tarjetas SIM.

Pero la pregunta no debe hacerse solamente a Walmart. Debe hacerse a todos. Las compañías utilizan cifras de líneas, clientes, suscriptores o usuarios activos para comunicar crecimiento y fortaleza, y algunas pertenecen a grupos que cotizan en los mercados de valores. En esos casos, las métricas forman parte de la información con la que inversionistas y accionistas evalúan los negocios.

Una diferencia metodológica no equivale por sí misma a falsedad. Pero cuando una métrica ayuda a dimensionar la fortaleza de una empresa, explicar con claridad qué se está contando y bajo qué criterios deja de ser solamente una buena práctica corporativa: se convierte en una cuestión de transparencia para los inversionistas.

La depuración será así una prueba de transparencia para todos. Si las cifras corporativas resisten el registro, fortalecerán su credibilidad; si aparecen diferencias sustanciales, habrá que explicar cómo fueron construidas y comunicadas. La transparencia también obliga a la autoridad: la CRT debe publicar, operador por operador, cuántas líneas fueron vinculadas, cuántas suspendidas y después cuántas reactivadas. No basta depurar. Hay que transparentar la depuración.

El registro nació para saber quién está detrás de cada teléfono. Puede terminar revelándonos también qué había detrás de las cifras con las que durante años medimos a las telefónicas. Y quizá descubramos algo todavía más incómodo: tal vez no teníamos un mercado tan competido como creíamos. Tal vez solo teníamos un denominador más grande.

@pepecortesmx


Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.