Manolo Victorio
Carpe Diem
El trabajo periodístico debe, moral, ética y legalmente, encamisarse en la norma legal.
La comprobación de lo escrito y hablado en un medio de comunicación conlleva la responsabilidad de la certificación.
Sin comprobación no hay periodismo.
Sin el chequeo frío e indiscriminado de la fuente no hay noticia.
El off de record se pasea con ligereza en las fronteras del libelo, la difamación, el chisme y la calumnia, hermanastras malvadas de la noticia que habitan en los pequeños reinos del confuso e ilegal libertinaje.
«Si tu madre te dice que te quiere, compruébalo», sintetiza un aforismo periodístico endilgado a los editores del City News Bureau de Chicago Edward H. Eulenberg y Arnold A. Dornfeld.
Y es verdad.
En la sala de redacción de El Liberal que dirigía con atingencia y mano de hierro enguantada en terciopelo Cesar Vásquez Chagoya, sonó el teléfono con urgente necesidad.
—Nació un becerro con dos cabezas— dijo con voz de suspenso psicológico cual narrador de rarezas del programa Ripley el corresponsal de Las Choapas.
—¿Tienes la foto? — atajó de inmediato, en automático Manuel Carrillo, encargado en turno de la redacción.
—Sí—dijo el corresponsal forjado en la faena cotidiana más que en el aula universitaria.
Cuando el telefax terminó de vomitar el rollo con la portada de la sección policiaca, el descontento fue generalizado.
La noticia sensacionalista del capricho genético de la naturaleza se circunscribió a una fotografía de un montón de tierra apelmazada en medio de un potrero.
—Ahí está enterrado el becerro de dos cabezas— dijo con una certeza necia el corresponsal.
No hubo primera plana.
Ni siquiera un pie de foto.
Cabe la anécdota rocambolesca para deslindar la categoría de la noticia de lo hilarante.
Para que un hecho sea de importancia pública, deberá nacer con el certificado de autenticidad.
Si no, todo queda en mera truculencia de feria de pueblo. Se queda en la narrativa de carpa que promete exhibir en vitrina de cristal a la mujer araña abandonada por sus padres al nacer, como anzuelo auditivo que mueva a la curiosidad de comprobar que tan cierta es la versión que nos venden en el circo de pueblo.
Hay una frase que debería estar pegada en la puerta de cualquier redacción, cabina de radio o mesa de edición: «La democracia muere en la oscuridad». No es una sentencia menor el fijante del periódico The Washington Post. Resume la función esencial del periodismo: encender la luz allí donde alguien pretende apagarla.
Por eso hay momentos en que conviene detener la carrera de la noticia y mirar hacia nosotros mismos.
¿Qué hacemos los periodistas cuando el foco deja de apuntar hacia los hechos y comienza a apuntarnos directamente?
La respuesta debería ser sencilla: hacemos periodismo.
No somos la noticia. No deberíamos ser protagonistas de aquello que contamos. Somos, en todo caso, intermediarios entre los hechos y una sociedad que tiene derecho a conocerlos, discutirlos y juzgarlos con sus propias herramientas.
Reporteros, fotógrafos, productores, editores, conductores, camarógrafos y trabajadores de los medios formamos un ejército cotidiano que, como escribió Walt Whitman, trabaja desde los silenciosos privilegios del anonimato. El oficio exige precisamente eso: que la atención esté sobre el acontecimiento y no sobre quien lo cuenta.
Cuando el periodista comienza a convertirse en noticia, algo cambia.
Y generalmente no para bien.
La discusión adquiere todavía mayor importancia en Veracruz, donde el ejercicio periodístico se desarrolla en un contexto particularmente complejo. Aquí informar sobre seguridad, política, delincuencia, corrupción o administración pública significa, muchas veces, caminar sobre una línea estrecha entre el derecho a informar y los riesgos inherentes a revelar aquello que algunos preferirían mantener oculto.
Por eso el periodista debe tener nombre, apellido y responsabilidad.
No hay necesidad de esconderse detrás de la clandestinidad, de identidades ficticias o de personajes construidos para evadir las consecuencias de lo que se afirma. La credibilidad se construye dando la cara.
Y una de las reglas básicas aprendidas desde entonces permanece intacta: lo que se afirma debe poder sostenerse.
No porque el periodista posea la verdad absoluta.
No porque tenga el monopolio de la justicia.
Mucho menos porque tenga licencia para condenar.
Sino porque tiene la obligación profesional de verificar.
Aquí aparece una palabra que suele confundirse con opinión: responsabilidad.
La libertad de expresión no significa impunida; pero tampoco significa censura.
La Constitución mexicana establece en su artículo 6º que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo los límites que la propia norma establece, y reconoce además el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio. El artículo 7º protege, por su parte, la libertad de difundir opiniones, información e ideas y prohíbe la censura previa.
Ahí está el punto de equilibrio.
Libertad para informar.
Responsabilidad para informar.
Derecho a disentir.
Obligación de verificar.
Porque la justicia no se hace desde un micrófono, leyendo un teleprompter en la televisión o en las redes sociales o en un teclado de computadora en redacción virtual.
Se hace ante las instituciones competentes.
Y aquí está la otra cara de la moneda: el periodismo tampoco puede sustituir a los tribunales.
Podemos investigar.
Podemos preguntar.
Podemos documentar.
Podemos contrastar.
Podemos señalar contradicciones.
Podemos exigir cuentas.
Pero no podemos convertir una acusación en sentencia.
Ese límite no debilita al periodismo.
Lo fortalece.
¿Para qué queremos censos de periodistas, comisiones especiales de periodistas, agrupaciones que pretendan decirle al gremio cómo ejercer su trabajo o mandatos extrajudiciales para determinar quién puede hablar y quién no?
El periodista necesita garantías para ejercer su profesión, no tutores.
Necesita protección institucional, no intermediarios.
Necesita libertad, no permisos.
La libertad de expresión no está por encima de los derechos de terceros. Tampoco está por encima de las responsabilidades que genera el ejercicio abusivo de esa libertad. Pero ningún poder público puede convertir esas responsabilidades posteriores en un mecanismo de censura previa.
Ese equilibrio está en la Constitución.
No hay que inventarlo.
No hay que organizar una nueva comisión para descubrirlo.
No hay que construir una nueva estructura burocrática para explicarlo.
Está escrito.
Y si el periodista conoce la ley, conoce su oficio y conoce sus responsabilidades, entonces sabe también cuál es su lugar.
No está en el banquillo de los acusados.
No está en el estrado del juez.
No está en la silla del fiscal.
Está detrás del micrófono, del teclado, en la sala de redacción, en los programas verificables de las redes sociales.
Con nombre y apellido.
Con documentos sobre la mesa.
Con la obligación de preguntar.
Con el derecho a publicar.
Y con la responsabilidad de responder por lo que publica.
Porque la democracia necesita luz.
Y esa luz no pertenece al periodista.
Pertenece a la sociedad.
El periodista solamente tiene la obligación de mantenerla encendida.
Al final, como dirían los clásicos: ¿para qué dar tantos brincos si el suelo está parejo?
… de otro costal.
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