Pepe Cortés
México habla mucho de soberanía. La invoca para el petróleo, la electricidad, las relaciones con Estados Unidos y prácticamente cualquier discusión política. Pero existe una soberanía menos discursiva y mucho más cercana al bolsillo de miles de familias: conservar la capacidad de producir aquello que consumimos y proteger las cadenas productivas que ya existen en nuestro país.
El azúcar es un buen ejemplo. México tiene caña, ingenios y una agroindustria que sostiene regiones enteras, particularmente en Veracruz. Sin embargo, mientras nuestros productores enfrentaban presión sobre sus ingresos, azúcar producida fuera de México siguió entrando al mercado nacional. La pregunta es elemental: ¿Por qué importar lo que podemos producir cuando además existen inventarios suficientes?
Los números ayudan a entender el problema. Durante el ciclo 2023/24 México importó 721 mil 524 toneladas de azúcar. Al terminar septiembre de 2024 acumulaba un inventario de 1 millón 417 mil 934 toneladas.
El dato más revelador proviene del propio Gobierno federal. Aquel inventario representaba 185 por ciento del nivel considerado óptimo, es decir, estaba 85 por ciento por encima. El diagnóstico oficial reconoce que eso implicó una sobreoferta para el siguiente periodo y provocó una fuerte caída en los ingresos de la agroindustria de la caña.
No lo dice la oposición. Lo reconoce el Gobierno.
Por eso resulta insuficiente responder que las importaciones eran legales. Una importación puede cumplir todas las disposiciones y resultar inconveniente desde el punto de vista de la política industrial. Cuando existe producción nacional y además una sobreoferta, incorporar mercancía extranjera puede profundizar el desequilibrio de un mercado que ya enfrenta dificultades.
Vale la pena observar lo que ocurre del otro lado de la frontera. Donald Trump podrá gustar o no y sus aranceles pueden discutirse, pero tiene clara una prioridad: utilizar la política comercial para favorecer la producción estadounidense y proteger los sectores que considera estratégicos. El contraste incomoda cuando México presume lo Hecho en México mientras su propia agroindustria enfrenta problemas de mercado.
México necesita comercio exterior, inversión y competencia, pero también una política industrial que fortalezca y proteja a sus productores nacionales.
Lo sorprendente es que hasta mayo de 2026 la Secretaría de Economía estableció permisos previos para determinadas importaciones de azúcar y preparaciones esencialmente constituidas por ella. El Gobierno ya disponía de balances sobre producción, consumo, importaciones, exportaciones e inventarios. La pregunta entonces es inevitable: ¿Por qué hasta ahora?
En Veracruz ya tuvimos una primera señal de alarma. El anuncio de cierre del Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, encendió la preocupación entre trabajadores, productores y toda una región cuya economía depende de la actividad cañera. Ahora los gobiernos federal y estatal alcanzaron un acuerdo con Grupo Porres para mantener la operación y realizar la próxima zafra. Es una buena noticia.
Pero resolver San Pedro no resuelve el problema de la industria.
La profundidad está precisamente ahí. Cada ingenio tendrá condiciones financieras, administrativas y operativas diferentes, pero todos participan del mismo mercado nacional. Si ese mercado enfrenta sobreoferta, caída de ingresos y presión de productos importados, el riesgo deja de ser un asunto de una sola empresa y se convierte en una preocupación para toda la agroindustria.
San Pedro debe servir como advertencia. El Gobierno federal, los estados productores, las organizaciones cañeras y los industriales deberían revisar desde ahora qué otros ingenios presentan señales de estrés financiero u operativo. Esperar al anuncio del siguiente cierre para intervenir significaría volver a llegar tarde.
Y hay otra pregunta pendiente: ¿Quiénes se beneficiaron de las importaciones? Alguien compró esa azúcar en el extranjero, alguien la introdujo al país y alguien la comercializó mientras México acumulaba inventarios extraordinarios. Identificar a los principales importadores permitiría transparentar quiénes hicieron negocio bajo esas condiciones.
Alrededor de cada ingenio hay mucho más que una fábrica. Hay productores, trabajadores, transportistas, proveedores, comerciantes y municipios cuya actividad económica depende de cada zafra. Defender esa cadena productiva también debería formar parte de cualquier política seria de soberanía.
Hoy más que nunca México necesita una política industrial que se anticipe a los problemas. Lo Hecho en México no puede reducirse a una etiqueta mientras esperamos a que cada empresa llegue al límite para descubrir que existe una crisis.
San Pedro parece haber encontrado una salida. Bien. Ahora hay que mirar al resto de los ingenios del país.
Porque una industria nacional no se defiende cuando está a punto de cerrar. Se defiende evitando que llegue hasta ahí.
Eso también es soberanía.
La que sí debería importarnos.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
