Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha recomendado que México realice una nueva reforma al sistema pensionario del país, alertando que el envejecimiento poblacional está ejerciendo una presión sin precedentes sobre las finanzas públicas.
Las cifras que alertan, 22 de cada 100 pesos para pensiones. Los datos son contundentes y explican la urgencia de la recomendación. En 2020, de cada 100 pesos del gasto total, 15.92 pesos fueron para pensiones.
Para 2026, Hacienda proyecta que represente 16.85 pesos de cada 100. Si se suman las pensiones contributivas y el ingreso básico para adultos mayores, las transferencias para adultos mayores representan 22 pesos de cada 100 en el presupuesto público. En el primer semestre de 2026, el gasto público destinado a pensiones alcanzó 1.13 billones de pesos, monto equivalente al 71.9% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR)en ese mismo periodo.
34 de cada 100 pesos del gasto programable(el dinero que paga la operación diaria y los servicios) se van al pago de pensiones. Para todo 2026, el Congreso aprobó un gasto total en pensiones de 2.32 billones de pesos, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El contexto demográfico una región que envejece, según el documento de la Cepal «Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: retos y opciones para la política pública», para 2050 las personas de 60 años y más representarán una cuarta parte de la población regional, alcanzando aproximadamente los 182 millones de personas.
El envejecimiento poblacional, la creciente longevidad y el aumento sostenido de las personas de 80 años y más plantean desafíos estructurales para los sistemas de pensiones en toda la región.
¿Qué debiera hacerse? Entre las propuestas de reforma, para atender este problema sin comprometer el presupuesto para salud y educación, México necesita una reforma integral que combine múltiples estrategias, aumentar las tasas de contribución en el sistema de capitalización individual
El analista del WPA (World Pensions Assembly) destacó que México tenía una tasa de contribuciones «muy bajita» en el sistema de capitalización individual (las Afores), pero ahora con la reforma de 2020 se está llevando hasta 15%.
Incrementar gradualmente la tasa de contribución del 15% actual al 18-20% en los próximos 10 años. Esto permitiría que los trabajadores acumulen más recursos para su retiro, reduciendo la dependencia del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Hacer la reforma significaría una menor presión sobre el presupuesto federal, ya que los trabajadores financiarían más su propio retiro. Recursos liberados podrían destinarse a salud y educación. Ajustar las edades de jubilación a la realidad demográfica. Menor gasto en pensiones, liberando recursos para salud y educación.
La Cepal y el WPA recomiendan ir ajustando las edades de jubilación a la realidad demográfica que se tiene. Propuesta elevar gradualmente la edad de jubilación de 65 a 68-70 años para hombres y de 60 a 65 años para mujeres. Implementar un esquema de jubilación flexible que permita a los trabajadores continuar laborando parcialmente después de la edad oficial.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha confirmado la plena operatividad del Fondo de Pensiones para el Bienestar durante 2026, el cual complementa de manera automática las pensiones raquíticas generadas por el sistema de cuentas individuales de las Afores.
El Fondo garantiza una pensión equivalente al 100% del último salario para quienes se jubilaron bajo la Ley del IMSS de 1997 o la Ley del ISSSTE de 2007. Esto representa un costo fiscal enorme, ya que el gobierno subsidia la diferencia entre lo que acumuló el trabajador y el 100% de su último salario.
Reducir gradualmente el complemento del 100% al 80-85% del último salario. Establecer un tope máximo de pensión (ej. 10-12 veces el salario mínimo). Priorizar el fondo para las pensiones más bajas (menos de 2 salarios mínimos).
La reforma significaría una reducción significativa del gasto en el Fondo de Pensiones y liberaría recursos que podrían destinarse a salud y educación. Crear incentivos fiscales para el ahorro voluntario en las Afores (deducciones adicionales en el ISR). Establecer programas de «ahorro automático» donde un porcentaje del salario se destine automáticamente a la Afore, a menos que el trabajador opte por no participar.Promover productos de ahorro a largo plazo con tasas de retorno garantizadas.
Todo esto registraría un menor costo fiscal que las pensiones públicas. Los trabajadores financiarían más su propio retiro, reduciendo la presión sobre el presupuestom, también se deben reducir las comisiones de las Afores, el director general del ISSSTE, Martí Batres, anunció que se disminuyeron formalmente los porcentajes cobrados por las administradoras privadas para que una mayor parte del ahorro permanezca en las cuentas del trabajador. Los trabajadores acumularían más recursos para su retiro. Menor necesidad de subsidios gubernamentales.
Se puede crear una aseguradora pública sin fines de lucro. Como planteamiento, se impulsará una entidad aseguradora de carácter público, social y sin fines de lucro. La aseguradora pública administraría las pensiones de los trabajadores de menores ingresos. Operaría con costos administrativos mínimos, sin fines de lucro. Complementaría el sistema de Afores privadas. Impacto fiscal: Reducción de costos administrativos. Mayor eficiencia en la administración de pensiones.
Pensiones no contributivas focalizadas. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 plantea que las pensiones contributivas absorberán un billón 704 mil millones de pesos, más 526 mil 508 millones de pesos anuales para el ingreso básico para adultos mayores (pensión no contributiva).
Mantener las pensiones no contributivas, pero focalizarlas en los adultos mayores en situación de pobreza. Establecer un test de medios (ingresos, patrimonio) para determinar quiénes califican. Priorizar a los adultos mayores sin historial laboral formal. Su impacto fiscal reducción del gasto en pensiones no contributivas universales. Recursos liberados podrían destinarse a salud y educación.
Promover la formalización laboral, Incentivos fiscales para empresas que formalicen a sus trabajadores. Simplificación de trámites para el registro de trabajadores. Campañas de concientización sobre los beneficios de la formalidad. Impacto fiscal: Más trabajadores cotizando al IMSS/ISSSTE. Mayor recaudación de cuotas obrero-patronales. Menor dependencia de pensiones no contributivas. Equilibrio fiscal: ¿cómo liberar recursos para salud y educación?
Si México implementa estas reformas de manera gradual y coordinada, podría lograr: Reducción del gasto en pensiones: De 22 pesos de cada 100 a 18-19 pesos en los próximos 10 años. Liberaría aproximadamente 400-500 mil millones de pesos anuales.
Destino de los recursos liberados, 50% para salud, fortalecer el sistema público de salud, especialmente para adultos mayores. 30% para educación: Mejorar la calidad educativa y ampliar la cobertura. 20% para infraestructura y desarrollo económico.
Beneficios adicionales, sistema pensionario más sustentable a largo plazo, menor presión sobre las finanzas públicas. Mayor equidad intergeneracional (los jóvenes no cargarán con el costo de las pensiones actuales).
La recomendación de la Cepal es clara. México necesita una nueva reforma pensionaria que equilibre la sustentabilidad fiscal con el bienestar social. Las cifras son contundentes, 22 de cada 100 pesos del presupuesto se van a pensiones, 71.9% de la recaudación del ISR se destina a este rubro, y 34 de cada 100 pesos del gasto programable se van a pensiones.
El objetivo, Liberar 400-500 mil millones de pesos anuales que podrían destinarse a salud y educación, sin comprometer el bienestar de los adultos mayores.
La pregunta no es si México debe reformar su sistema pensionario, sino cuándo lo hará. Y la respuesta es ahora, antes de que el envejecimiento poblacional haga la reforma aún más dolorosa.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
