Pepe Cortés
«La ambición desnuda del poder por el poder.» La frase no es mía: la usó Claudia Sheinbaum este fin de semana, después del intento de Rubén Rocha Moya por regresar a la gubernatura de Sinaloa. La Presidenta habló del poder como algo pasajero, un cargo que se ocupa y se suelta. Pero la frase también puede leerse hacia adentro, porque el poder debería ser un medio para gobernar y llega un momento en que algunos proyectos políticos dejan de preguntarse para qué lo quieren y comienzan a concentrarse solo en cómo conservarlo.
Rocha anunció que regresaba para concluir su mandato. Apenas 34 horas después, volvió a pedir licencia. En medio ocurrió algo que vale la pena observar: durante meses, frente a los cuestionamientos en su contra, dentro de su movimiento se escuchó un contundente «no estás solo». Hubo respaldo, fotografías y cierre de filas. Cuando intentó regresar, el lenguaje cambió: desde el gobierno federal se habló de una «decisión personal» y Morena empezó a marcar distancia. Entre una frase y otra hay una radiografía del poder cuando alguien deja de representar un activo y se convierte en un costo.
El contexto explica la velocidad del deslinde. Rocha enfrenta acusaciones en Estados Unidos junto con funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad Pública de su gobierno, fue detenido en Estados Unidos; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, fue reportado como entregado a autoridades estadounidenses. Las acusaciones deberán probarse ante los tribunales y no equivalen a condenas, pero resulta imposible ignorar políticamente que los señalamientos alcancen al gobernador y a personajes que ocuparon áreas centrales de su administración. Ya no estamos frente a un episodio aislado. La acumulación obliga a preguntar qué ocurrió alrededor del gobierno de Sinaloa.
A ese escenario se suma Ricardo Verduzco Bernal. Fue director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave y posteriormente se incorporó a actividades del Instituto Sinaloense del Deporte durante la administración de Rocha. Autoridades estadounidenses lo detuvieron en Utah y lo acusan de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo. Según la investigación federal, después de una compra controlada los agentes encontraron más de 11 kilos de una sustancia que dio positivo preliminarmente a fentanilo, cantidad estimada en unas 111 mil pastillas. El caso Verduzco no demuestra por sí mismo responsabilidad penal de Rocha, pero se suma a una acumulación de señalamientos que ha dejado políticamente manchados al gobernador y a su administración. Las responsabilidades penales son individuales y deberán determinarse ante los tribunales; la responsabilidad política de explicar qué ocurrió alrededor de su gobierno corresponde a Rocha Moya.
Por eso una licencia por tiempo indeterminado resulta insuficiente. Sinaloa necesita un gobernador sustituto que no pertenezca al grupo político de Rocha y que pueda ejercer el cargo sin subordinación ni compromisos con quienes hoy están bajo cuestionamiento. Separar temporalmente al gobernador de la oficina no significa separar a su grupo del poder. Si el sustituto responde al mismo círculo, cambian los nombres, pero permanece el problema. Recuperar la confianza en las instituciones exige que quienes deban revisar lo ocurrido tengan independencia respecto de la estructura política que gobernó durante estos años.
La licencia tampoco puede convertirse en un limbo político. Si existe una solicitud formal de extradición de Estados Unidos que reúne los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre ambos países y en la legislación mexicana, Rocha Moya debe enfrentar ese procedimiento como cualquier ciudadano. Las acusaciones tendrán que probarse o desestimarse ante los tribunales, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. El cargo, el partido y las relaciones políticas no pueden convertirse en protección frente a la justicia. Ahí se demuestra si las instituciones están por encima de las personas.
La 4T prometió transformar la vida pública y precisamente por eso debe ser juzgada frente a aquello que prometió cambiar. El problema aparece cuando conservar el poder comienza a imponerse sobre la obligación de esclarecer lo ocurrido. Defender al movimiento, proteger posiciones y administrar costos políticos puede ser comprensible desde la lógica partidista, pero resulta insuficiente desde la responsabilidad de gobernar. El poder deja de ser instrumento cuando conservarlo se convierte en objetivo.
Rocha acaba de comprobar además otra característica del poder: su capacidad para dejar solo a quien ayer estaba rodeado. Quiso regresar para terminar su mandato y, horas después, su propio movimiento comenzó a marcar distancia. Poco después volvió a pedir licencia. Del «no estás solo» al «es una decisión personal». Pero la licencia no resuelve el problema: separa temporalmente a Rocha del cargo. Lo que Sinaloa necesita es separar al poder de Rocha.
Sheinbaum habló de «la ambición desnuda del poder por el poder». Quizá la frase termine describiendo mucho más que el frustrado regreso de un gobernador. La pregunta ya no es cuánto poder quería recuperar Rocha Moya.
La pregunta es cuánto poder está dispuesta a soltar la 4T para que Sinaloa pueda conocer la verdad.
@pepecortesmx
Economista y abogado por la UV, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz; ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Sefiplan.
