Jorge Ramón Rizzo*
Focus Group
Morena ha oficializado a sus primeros cinco perfiles rumbo a las gubernaturas de 2027 bajo la figura de «coordinadores de Defensa de la Transformación», un movimiento estratégico que busca ganar terreno de forma anticipada. Y posterga los restantes doce nombramientos para después del informe presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo.
En esta primera oleada «destaparon» a Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes), Pablo Gutiérrez Lazarus (Campeche), Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera (Colima), Santiago Nieto Castillo (Querétaro) e Imelda Castro Castro (Sinaloa). Y debo decir que el partido ha optado por posponer las entidades con mayor riesgo de ruptura interna.
En estados como Nuevo León o Chihuahua, donde son oposición, y en Michoacán, Tlaxcala o Guerrero, donde el desgaste de los gobiernos locales de Morena es severo, abrir el proceso de encuestas de golpe detonaría impugnaciones tempranas. Al retrasar los anuncios, la cúpula centraliza el control y dosifica las tensiones regionales.
Aunque el oficialismo defiende los primeros cinco nombramientos como el resultado de encuestas democráticas, una lectura analítica y crítica expone contradicciones ideológicas, tensiones locales y un claro «fraude a la ley» en materia electoral. Pero ahora premitame que me enfoque en cada uno de los cinco casos:
Aguascalientes: La senadora con licencia Nora Ruvalcaba asume el reto de pintar de guinda una de las entidades tradicionalmente más esquivas para la izquierda. La paradoja radica en que representa tanto la lealtad identitaria como el estancamiento regional; al ser esta su cuarta postulación al cargo, la cúpula prioriza el control interno sobre la renovación de perfiles, lo que ya genera acusaciones de favoritismo frente a otros cuadros emergentes.
Campeche: El destape del alcalde con licencia de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, evidencia el pragmatismo ideológico del partido. Proveniente de las filas del PAN, su postulación desata debates sobre la incongruencia discursiva. Además, su reto no solo es ganarle a Movimiento Ciudadano, sino sacudirse el desgaste y la mala evaluación que arrastra el gobierno de Layda Sansores.
Colima: Rosa María «Rosi» Bayardo cuenta con el camino más pavimentado gracias al cobijo de la estructura de Indira Vizcaíno. No obstante, este caso tipifica la opacidad de los procesos internos. Las encuestas se anuncian pero no se transparentan metodológicamente, transformando la aclamada «democracia participativa» en una simulación de consenso cupular que desplaza la competencia abierta.
Querétaro: El destape de Santiago Nieto busca capitalizar su arrastre mediático nacional para competir en un estado marcadamente panista. Sin embargo, la imposición latente de figuras de alto perfil erosiona la cohesión de las bases militantes en Querétaro. Su figura polariza tanto al panismo gobernante como a las corrientes morenistas que demandan pureza doctrinal y arraigo territorial.
Sinaloa: Imelda Castro lidera las preferencias a pesar del entorno adverso. El principal dilema ético e institucional de su nominación es la urgencia política de distanciarse del escándalo y el legado de Rubén Rocha Moya. El destape funciona aquí como un «control de daños» para recuperar la narrativa oficial, envolviendo una crisis de seguridad y gobernabilidad, bajo un manto de renovación electoral apresurada.
En mi modesta opinión, el adelantamiento sistemático de los tiempos electorales por parte de Morena constituye una burla directa al marco legal vigente. Al bautizar a candidatos virtuales como «coordinadores» con casi un año de anticipación, el partido incurre en un fraude a la ley, diseñado para esquivar sanciones por actos anticipados de campaña.
Esta estrategia prioriza la retórica de la unidad sobre la rendición de cuentas de sus gobiernos actuales. Mientras la oposición permanezca desarticulada, este centralismo político le permitirá seguir marcando la agenda, pero a costa de minar la transparencia de sus propios procesos y la equidad de una contienda que debiera ser democrática.
Porque una vez nombrados los «coordinadores», en los próximos días veremos a los elegidos en recorridos territoriales. Esto someterá a las estructuras gubernamentales estatales, en los estados donde Morena ya gobierna, a un desgaste presupuestal e institucional prolongado para buscar sostener de facto campañas políticas encubiertas durante meses antes del inicio legal del periodo electoral.
*Periodista/Tlaxcala
