Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta

La noche del 31 de agosto de 2026, 745,533 usuarios en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas se quedaron sin electricidad durante casi ocho horas. La CFE y la presidenta Claudia Sheinbaum atribuyeron el mega apagón a actos de vandalismo en dos líneas de transmisión de 400 kV. 

Pero detrás de la explicación oficial hay una realidad incómoda, el sistema eléctrico mexicano es más vulnerable de lo que las autoridades admiten, y los apagones recurrentes están erosionando la confianza de empresarios e inversionistas que necesitan certeza para hacer negocios en el país.

Según la CFE, el apagón se originó por daños intencionales en los aisladores de dos líneas de transmisión de 400 kilovoltios (las líneas ESA-A3Q20-TIC y ESA-A3Q30-TIC, tramo Escárcega-Ticul). La falla provocó la desconexión automática de ambas líneas, dejando sin electricidad a cientos de miles de usuarios desde la noche del lunes hasta las 3:08 de la madrugada, cuando el servicio fue restablecido al 100%. 

La presidenta Sheinbaum fue categórica en su conferencia matutina: «No tiene que ver con falta de infraestructura, falta de generación, sino un daño que hubo en una torre de transmisión. Por eso se pudo recuperar tan rápido». Pero esta explicación, aunque técnicamente posible, deja más preguntas que respuestas.

Expertos en sistemas eléctricos consideraron poco creíble que un acto vandálico aislado pudiera causar un apagón de esta magnitud. Su razonamiento es simple, un sistema eléctrico robusto debería tener redundancia y resiliencia para absorber fallas puntuales sin colapsar toda una región.

El hecho de que dos líneas desconectadas provocaran un apagón que afectó a cuatro estados sugiere debilidades en la arquitectura de la red, no solo un acto criminal aislado. El vandalismo puede ser el detonante, pero difícilmente es la causa raíz.

Más allá del vandalismo, los apagones en México durante 2026 responden a múltiples factores estructurales que la CFE y el gobierno federal prefieren no reconocer de llenoInfraestructura envejecida. Gran parte de la red de transmisión y distribución tiene décadas de operación sin modernización adecuada. Falta de mantenimiento preventivo, así como fallas en inspecciones y reparaciones insuficientes dejan vulnerabilidades sin atender.

La demanda eléctrica crece, pero la capacidad de generación y transmisión no se ha expandido al mismo ritmo así comocondiciones meteorológicas extremas tormentas, huracanes y olas de calor ponen a prueba una red ya debilitada.

También se han registrado sobrecargas del sistema con picos de demanda (especialmente en verano por aire acondicionado) exceden la capacidad instalada. Fallas en transformadores y centrales, entre ellos equipos obsoletos o mal mantenidos que fallan con mayor frecuencia.

En 2026, la CFE ha reportado apagones por todas estas causas en distintas regiones del país. El vandalismo es solo una pieza de un rompecabezas mucho más complejo. Los apagones de gran escala no son solo una molestia para los ciudadanos. Son un golpe directo a la competitividad de México y a la confianza de quienes quieren invertir en el país.

Las empresas no pueden garantizar continuidad productiva si el suministro eléctrico es intermitente. Esto afecta especialmente a industrias de procesos continuos como manufactura, alimentos y químicos.

Los empresarios deben invertir en plantas de respaldo (generadores diésel, sistemas UPS), incrementando sus costos operativos. Y cuando los respaldos fallan o no son suficientes, las pérdidas por paradas de producción se multiplican.

Los inversionistas extranjeros comparan a México con otros destinos como Chile, Colombia o Brasil. La confiabilidad del suministro eléctrico es un factor clave en esas decisiones. Apagones recurrentes envían la señal de que la infraestructura básica no está garantizada.

El turismo en Cancún y la Riviera Maya depende de electricidad constante para hoteles, restaurantes y comercios. Los centros de datos y empresas de información requieren suministro ininterrumpido. Los hospitales necesitan energía confiable para equipos médicos críticos.

Para evitar apagones de gran escala y recuperar la confianza de usuarios, empresarios e inversionistas, la CFE necesita actuar en múltiples frentes, no solo perseguir vándalos.

El Programa de Desarrollo CFE 2026-2030 contempla invertir 132,000 millones de pesos en transmisión para agregar 7,545 kilómetros de líneas nuevas y aumentar la capacidad de transformación. Esta inversión debe acelerarse en regiones críticas como el sureste del país. También se necesita construir líneas alternativas que permitan rerutear la energía si una línea falla, instalar sistemas de protección automática más sofisticados que resuelvan fallas sin colapsar toda la red, e implementar redes inteligentes (smart grids) que permitan monitoreo en tiempo real y respuesta automática a fallas.

Establecer un calendario riguroso de inspecciones de líneas de transmisión, torres, subestaciones y equipos críticos. Usar drones y sensores IoT para detectar puntos calientes, corrosión o daños estructurales antes de que causen fallas. Identificar equipos con más de 30-40 años de operación y planificar su reemplazo gradual, priorizando transformadores y aisladores en zonas de alto riesgo.

El sureste depende excesivamente de unas cuantas líneas de transmisión desde el centro del país. Se debe impulsar la generación distribuida en la región (plantas solares, eólicas, de ciclo combinado) para reducir la dependencia de transmisión de larga distancia. El Programa de Desarrollo CFE 2026-2030 contempla esquemas mixtos enfocados en centrales renovables, lo que diversifica la generación y reduce la vulnerabilidad a fallas en líneas específicas. 

Se deben instalar sistemas de almacenamiento de energía (BESS) en puntos críticos de la red para estabilizar el suministro durante fallas transitorias. Mantener plantas de emergencia listas para entrar en operación cuando se detecten fallas en la red principal.

Cuando ocurran apagones, la CFE debe proporcionar información detallada y verificable sobre las causas, no solo atribuciones genéricas a vandalismo. Publicar reportes técnicos que permitan a especialistas independientes evaluar la situación, así como establecer mesas de trabajo permanentes con cámaras empresariales, gobiernos estatales y organizaciones de usuarios. Asimismo deberá comprometerse públicamente con metas de reducción de apagones y reportar avances trimestrales.

En el caso de Nuevo León, el gobernador Samuel García acordó con la CFE una inversión de 10,000 millones de pesos para fortalecer la red, con 60% destinado a transmisión y 20% a distribución. Este modelo de cofinanciamiento debería replicarse en otros estados críticos.

La CFE planea que más de la mitad de los recursos del Programa 2026-2030 se financien mediante esquemas fuera del balance, principalmente con participación del sector privado, incluyendo Fibra E para proyectos de transmisión. Esto podría acelerar las inversiones necesarias.

Desarrollar planes de contingencia específicos por región que incluyan identificación de cargas críticas (hospitales, aeropuertos, plantas industriales), protocolos de priorización de restablecimiento y coordinación con gobiernos estatales para comunicación a la ciudadanía y realizar simulacros periódicos de apagones masivos para probar la capacidad de respuesta.

La CFE presentó en agosto de 2026 su Programa de Desarrollo 2026-2030, que contempla una inversión total dehasta 740,000 millones de pesos (aproximadamente 37,500-39,800 millones de dólares y considera la participación del sector privado para acelerar proyectos también contempla energías renovables y modernización tecnológica.

No está claro si la inversión se distribuirá equitativamente en regiones críticas como el sureste. Los plazos (2026-2030) pueden ser demasiado largos para problemas urgentes, en ese nivel falta transparencia en cómo se priorizarán los proyectos y cómo se medirá el impacto en reducción de apagones.

Para evitar apagones de gran escala y recuperar la confianza de empresarios e inversionistas, la CFE debe emprender acciones integrales, acelerar la inversión en transmisión y distribución los 132,000 millones de pesos contemplados para 2026-2030 deben ejecutarse más rápido en regiones críticas, implementar programas rigurosos de mantenimiento preventivo, fortalecer la seguridad física y tecnológica de la infraestructura, diversificar las fuentes de generación en el sureste, instalar sistemas de almacenamiento y respaldo, mejorar la transparencia y comunicación, coordinar con gobiernos estatales y el sector privado, y desarrollar planes de contingencia regionales. 

El Programa de Desarrollo CFE 2026-2030 es un primer paso, pero su efectividad dependerá de la velocidad de ejecución, la priorización de regiones vulnerables y la transparencia en la rendición de cuentas. 

Sin estas acciones, los apagones seguirán siendo un lastre para la competitividad de México y un factor que aleja la inversión nacional y extranjera. La pregunta no es si la CFE tiene los recursos para actuar, el programa contempla una inversión total de 740,000 millones de pesos. La pregunta es si tendrá la voluntad política y la capacidad ejecutiva para hacerlo antes de que el próximo mega apagón vuelva a golpear la confianza en el sistema eléctrico mexicano.

Porque cuando falla la luz,  con estos alcances y afectaciones, no solo se apagan los focos. Se apaga también la confianza de quienes quieren invertir, producir y generar empleos en México. Y esa es una oscuridad mucho más difícil de iluminar.