Agustín Torres Delgado
Pa’Vivir a Gusto
Hay una frontera que ningún gobierno que se diga democrático debe cruzar: utilizar las instituciones de justicia para perseguir, intimidar o debilitar a quienes considera sus adversarios políticos.
Y justo eso es lo que el licenciado Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, denunció y expuso desde Boca del Río, Veracruz: que esto ocurre en esa y otras entidades del país contra alcaldes y alcaldesas de Movimiento Ciudadano.
El problema no es que se investigue a un alcalde o una alcaldesa. Nosotros lo hemos dicho siempre: si alguien comete un delito, debe responder ante la ley. La preocupación surge cuando la investigación penal deja de responder a criterios jurídicos y comienza a coincidir, convenientemente, con los intereses políticos del poder.
Tenemos muchos casos que lo demuestran. En diciembre de 2021, José Manuel Del Río Virgen, fundador de nuestro Movimiento, fue detenido y encarcelado; su caso fue uno de los episodios más controvertidos de la administración anterior y un símbolo de lo que puede ocurrir cuando la procuración de justicia se mezcla con la confrontación política.
El 5 de agosto, en sesiones a puerta cerrada, el Congreso de Veracruz retiró el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván. Las acusaciones de las que han sido objeto deben investigarse con apego a la ley; el desafuero no acredita culpabilidad y una acusación política no sustituye una sentencia.
Veracruz no es un caso aislado. En Nayarit, el alcalde de Tuxpan, municipio ganado por Movimiento Ciudadano, fue detenido después de que se iniciara una investigación en su contra; en Puebla, los alcaldes de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás de Buenos Aires fueron acusados sin pruebas y privados de su libertad. Al no poder sostener las acusaciones, la Fiscalía del Estado los volvió a detener por faltas administrativas, como no encontrar un acta de matrimonio en el sistema.
En Tabasco, Alfonso Baca, alcalde de Paraíso, fue objeto de cateos por parte de la Fiscalía General de la República, que además giró una orden de aprehensión en su contra el 19 de agosto, sin que antes se le hubiera requerido comparecer. En Campeche, inhabilitaron al candidato que disputó la gubernatura en 2021 y le fincaron responsabilidades que impidieron su llegada al Senado de la República. Actualmente, con el mismo procedimiento, quieren impedir su candidatura e incluso han iniciado acciones contra la actual presidenta municipal de Campeche para evitar que Movimiento Ciudadano tenga una candidatura competitiva al gobierno del estado.
En todos los casos hemos exigido que se revisen los expedientes, que se actúe con apego al Estado de derecho y que se respete el debido proceso. Entonces, ¿qué ocurre cuando el poder utiliza a las fiscalías para perseguir a sus adversarios?
Esto no es un conflicto de Movimiento Ciudadano con una gobernadora o un gobernador; el problema es mucho más serio. El patrón que Dante Delgado denunció es conocido: primero, la acusación pública; después, la carpeta de investigación; y, finalmente, el uso del aparato institucional para intimidar, desacreditar e incluso sacar de la competencia a un adversario.
En México se crearon las fiscalías autónomas precisamente para evitar que las y los gobernadores ordenaran directamente contra quién actuar. Sin embargo, lo que vemos es otra cosa: una fiscalía puede ser formalmente autónoma, pero actuar sometida a intereses políticos.
Por lo anterior, la propuesta del licenciado Dante Delgado obliga a la reflexión: él propone que las fiscalías vuelvan a depender directamente de los poderes ejecutivos y que quien utilice políticamente la justicia asuma el costo político de sus decisiones.
Es una propuesta que merece debatirse seriamente. Hoy las fiscalías actúan al servicio del poder; es momento de dejar atrás la simulación y de que caigan las máscaras. Asimismo, hizo una distinción que debería ser la regla para todos: Movimiento Ciudadano no debe cobijar a ningún criminal, pero tampoco puede aceptar que las instituciones se utilicen para perseguir a quienes pensamos distinto.
Investigan y desafueran a autoridades municipales de la oposición, pero los funcionarios del partido en el poder reciben un trato distinto y gozan de impunidad. La justicia debe funcionar exactamente igual para todos: ni impunidad para los aliados ni persecución para los adversarios.
Este acoso sistemático debe obligar a las autoridades a revisar si las fiscalías están cumpliendo la función para la que fueron creadas y si actúan con verdadera autonomía. En una democracia sana, los gobiernos deben derrotar a sus adversarios en las urnas, con resultados, no con expedientes, amenazas ni el aparato penal.
Agustín Torres Delgado
Secretario General de Acuerdos
Movimiento Ciudadano
