Gonzalo Guízar Valladares
En Voz Alta
Casi 80 años después de haber sido desplazados por la ejecución de las presas ‘Miguel Alemán’ y ‘Cerro de Oro’, 32 comunidades indígenas de Veracruz empiezan a ver un resarcimiento de daños y comprosimos incumplidos, gracias al ‘Plan de Justicia para las Comunidades Chinantecas y Mazatecas del Valle de Uxpanapa’.
En mi humilde opinión, es uno de los temas más destacados de los que puede hablar la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Labores. Y la jefa de las instituciones de Veracruz, Rocío Nahle García, lo sabe y por ello lo ha difundido en sus redes sociales a través de reels, junto con diversos aspectos que han impactado positivamente en nuestro querido estado.
El ‘Plan de Justicia para las Comunidades Chinantecas y Mazatecas del Valle de Uxpanapa’, es coordinado por el Gobierno de México y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y, sin duda, es una iniciativa histórica tras el desplazamiento forzado que sufrieron estos pueblos hace más de siete décadas debido a la construcción de las presas «Miguel Alemán» y «Cerro de Oro».
La primera iniciada por Miguel Alemán Valdés y concluida por Adolfo Ruiz Cortines; mientras que la segunda fue iniciada por Luis Echeverría Álvarez y terminada por Miguel de la Madrid Hurtado. Ambos proyectos coincidieron con la mayor parte de su obra civil en los túneles y la cortina, en los años 80’s.
La construcción de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro provocó un desplazamiento forzado masivo que transformó de forma irreversible la estructura social, económica y cultural de los pueblos mazateco y chinanteco. Investigadores y defensores de derechos humanos coinciden en que los procesos operaron bajo una lógica de ‘desarrollo impuesto’ que dejó profundas heridas históricas.
Miles de familias fueron trasladadas al Valle de Uxpanapa, en el sur de Veracruz y, aunque el gobierno les prometió un «progreso agrícola», el 90% de las tierras asignadas eran de vocación selvática, no aptas para la agricultura comercial tradicional que ellos dominaban. Perdieron más de 52 mil hectáreas de tierras ricas y productivas; sitios sagrados; cementerios; y vieron fragmentadas las diásporas, así como divididas sus familias y sistemas de hacer política por usos y costumbres como el Consejo de Ancianos.
Por todo ello, el ‘Plan de Justicia para las Comunidades Chinantecas y Mazatecas del Valle de Uxpanapa’, no se ve simplemente como una entrega de obras públicas, sino como una reparación integral del daño histórico y una lucha por recuperar la autonomía y la dignidad territorial.
El alcance integral del proyecto beneficia de forma directa a 32 comunidades indígenas y 7 asentamientos, impactando positivamente a 23 mil 330 personas a través de una inversión acumulada que supera los 626 millones de pesos, distribuidos en varios ejes.
Como el financiamiento a proyectos de salud y medicina tradicional, economía local, preservación de la lengua y cultura, así como la promoción activa de los derechos de las mujeres indígenas. Regularización agraria y atención al reclamo histórico de las hectáreas prometidas para su reacomodo definitivo.
Bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los recursos para la xonstrucción de calles, banquetas, escuelas, hospitales, unidades deportivas y caminos artesanales, son administrados directamente por comités comunitarios autónomos.
Mientras todo mundo habla de otros programas gubernamentales, me quise referir a este aspecto, porque trae consigo una deuda histórica con nuestras comunidades originarias. En hora buena por estás 32 comunidades de Veracruz a las que por fin se les está haciendo justicia.. Tres o cuatro generaciones después… Pero por fin los alcanzó la justicia.
