Pepe Cortés
Ricardo Monreal reconoció que México tiene “un problema de ingresos”. Tiene razón, pero se quedó corto. El problema más grave no está en las cuentas del gobierno, sino en los bolsillos de las familias mexicanas.
Millones de personas trabajan para sobrevivir, más de la mitad lo hace en la informalidad y la economía apenas crece. En julio de 2026 había 34.1 millones de trabajadores informales, equivalentes al 56.2 por ciento de la población ocupada. No es una sociedad que se niegue caprichosamente a contribuir, sino una economía incapaz de generar suficientes empleos productivos y bien remunerados.
El Estado recauda poco porque los mexicanos ganan poco, consumen con cautela y miles de pequeños negocios apenas logran mantenerse abiertos. Sin crecimiento, inversión y productividad no existe una base tributaria sólida. Antes de preguntarse cómo cobrar más, el gobierno debería explicar por qué la economía no produce mayores ingresos para las familias.
Pero el gasto público continúa creciendo. Pensiones, programas sociales, deuda, nómina, participaciones federales, proyectos prioritarios y apoyos a Pemex absorben una proporción cada vez mayor del presupuesto. Como Morena no quiere reducir sus compromisos ni asumir el costo electoral de una reforma fiscal, busca obtener más recursos de quienes ya participan en la economía.
En ese contexto debe analizarse la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos propuesta por Claudia Sheinbaum. La iniciativa pretende reducir gradualmente el uso del efectivo y permitir que la CURP Digital o biométrica facilite la contratación de servicios financieros.
La digitalización ofrece beneficios reales. Los pagos electrónicos generan comprobantes, reducen el riesgo de transportar dinero y ayudan a construir historiales financieros. Para un pequeño negocio pueden representar nuevos clientes, acceso al crédito y una administración más eficiente.
Sin embargo, también consiguen que cada operación deje una huella. Un pago digital registra quién pagó, quién recibió, cuánto dinero se transfirió y mediante qué institución. Esa información puede cruzarse con cuentas bancarias, facturación y declaraciones fiscales.
La iniciativa no apareció de improviso. El gobierno asegura que un programa implementado con 12 bancos permitió digitalizar a 841,156 negocios entre septiembre de 2025 y junio de 2026. También encuestó a 883 micro y pequeños establecimientos para conocer sus necesidades y promover herramientas como CoDi y DiMo.
La secuencia es reveladora. Monreal admite que faltan ingresos, el gobierno descarta nuevos impuestos y Sheinbaum presenta una legislación para reducir el efectivo. No aumenta directamente una tasa tributaria, pero consigue que una parte mayor de la economía sea identificable, rastreable y fiscalizable.
El problema es que digitalizar no crea riqueza. Hacer visibles las operaciones de una tienda no aumenta sus ventas, elevar la vigilancia no mejora su productividad y reducir el efectivo no incrementa el salario de sus clientes. El Estado puede encontrar más movimientos para revisar, pero no necesariamente más capacidad económica para contribuir.
La transición también tendrá un costo. La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas advierte que las comisiones por pagos electrónicos pueden reducir la rentabilidad de las tiendas o trasladarse al precio de los productos. La banca reporta tasas de descuento promedio de 2.15 por ciento en crédito y 1.72 por ciento en débito, pero algunos pequeños establecimientos enfrentan cargos considerablemente mayores.
Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores buscan limitar las cuotas de intercambio, uno de los componentes de esas comisiones. Sin embargo, suavizaron su propuesta original: el límite para crédito pasó de 0.60 a 1.30 por ciento por operación, después de una transición que comenzaría en 1.65 por ciento. El promedio anual deberá disminuir hasta 1 por ciento, pero no existe garantía de que bancos, adquirentes y plataformas trasladen íntegramente el ahorro a los comercios.
También existen riesgos de exclusión y privacidad. Vincular datos biométricos, expediente ciudadano, cuentas financieras y operaciones económicas concentrará información extremadamente sensible. El Estado deberá proteger esos datos, conservar el efectivo como alternativa y evitar que personas sin conectividad, teléfono inteligente o cuenta bancaria queden fuera de la economía.
México necesita modernizar sus pagos, pero la inclusión financiera debe ampliar la libertad económica, no convertir cada movimiento en una ventana abierta para Hacienda. La tecnología debe ayudar a producir, vender y ganar más, no servir únicamente para observar y recaudar.
El Estado no puede enriquecerse empobreciendo al contribuyente. La recaudación sostenible nace del crecimiento, la inversión, la productividad y los buenos empleos. Pretender financiar un gobierno cada vez más costoso con familias que apenas llegan a fin de mes no es una política económica: es querer sacarle agua a las piedras.
@pepecortesmx
Economista y abogado por la UV, con posgrados en Administración Pública y Control y Fiscalización. Consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz; ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
