Alejandro Ávila
Veracruz
Organizaciones sindicales y de jubilados hicieron un llamado urgente al Congreso del Estado de Veracruz para que apruebe un presupuesto cercano a los 13 mil millones de pesos destinados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) de cara al ejercicio fiscal 2027.
Los recursos son considerados indispensables para garantizar la viabilidad financiera del organismo y asegurar el pago oportuno a más de 38 mil personas pensionadas.
En conferencia de prensa, Raúl Augusto Maldonado Loeza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado (STIPE), advirtió sobre el riesgo de que una asignación insuficiente comprometa las obligaciones financieras del instituto, por lo que instó a las y los legisladores locales a contemplar la totalidad de los fondos requeridos.
Durante el pronunciamiento, los representantes manifestaron su rechazo a cualquier iniciativa orientada a sustituir el actual sistema solidario de pensiones por un esquema de cuentas individuales, al señalar que una medida de esta naturaleza vulneraría el modelo de seguridad social de la base trabajadora y de los jubilados en la entidad.
En la misma línea, exigieron a la gobernadora Rocío Nahle García la preservación del sistema solidario y solicitaron que el Gobierno del Estado conserve su papel como Responsable Solidario en la cobertura de las pensiones, conforme a lo estipulado en el artículo 98 de la Ley de Pensiones vigente.
Para cumplir con esta disposición, propusieron el uso de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Los sindicatos recalcaron que la seguridad social constituye un derecho humano fundamental, amparado por los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Asimismo, recordaron que existen antecedentes clave en la materia, como la Recomendación 32/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual exigió adoptar las medidas pertinentes para cubrir a tiempo las prestaciones sociales de los pensionados.
A ello sumaron la Recomendación 16/2016 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), emitida al IPE y a la extinta Secretaría de Finanzas y Planeación, orientada a implementar acciones administrativas que eviten afectaciones futuras en el pago de haberes.
El posicionamiento contó con el respaldo del STIPE, la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz A.C., el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT), y el Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa.
Las agrupaciones advirtieron que una omisión en la aprobación de los recursos presupuestales pondría en riesgo la capacidad operativa del IPE para cumplir en tiempo y forma con sus derechohabientes.
Finalmente, alertaron que un escenario de incumplimiento podría detonar un problema de gobernabilidad y derivar en protestas y movilizaciones callejeras similares a las registradas en administraciones pasadas.
