Pepe Cortés
Samuel Adrián sabía que podían arrestarlo. Aun así, viajó a Colombia. Este domingo 13 de septiembre fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, por orden de un juzgado de Cali, tras negarse a retirar de internet su documental Colombia: fábrica de niños trans.
¿Quién es Samuel Adrián? Creador de contenido mexicano, conocido antes por mensajes de inspiración cristiana, viajó con la productora Fundamento a Colombia para investigar los tratamientos de transición de género en menores. El documental, estrenado a finales de 2025, lo llevó a enfrentar demandas, resoluciones judiciales para retirar contenidos y ahora un arresto.
El verdadero conflicto comenzó cuando Samuel formuló preguntas elementales: ¿Qué consecuencias tienen estos tratamientos? ¿Qué información reciben los padres? ¿Hasta dónde debe llegar una intervención médica en la infancia? Para responderlas, difundió conversaciones atribuidas al doctor Mario Angulo. Buena parte de la controversia no nace de las opiniones de Samuel, sino de las propias declaraciones del médico.
Si Samuel hubiera inventado esas declaraciones o falsificado evidencia, sería otro debate. Pero si el material reproduce fielmente lo que el médico explicó, existe un interés público evidente en conocerlo, sobre todo tratándose de decisiones médicas sobre menores.
Por eso lo defiendo. Investigar no debería ser peligroso por contradecir las ideas dominantes. Preguntar por las consecuencias de un tratamiento en menores no es odio. Ninguna corriente ideológica debería declarar ciertas preguntas fuera del debate.
Durante años, la izquierda cultural ha presentado ciertas ideas sobre sexo y género como verdades indiscutibles: quien las cuestiona es etiquetado de retrógrado o enemigo de una minoría, y así se sustituye el debate por la descalificación. El problema cambió de dimensión cuando esa agenda llegó a los menores: millones de padres empezaron a preguntarse qué se enseña en las escuelas y quién decide sobre sus hijos.
Sostener que existen hombres y mujeres, que la biología importa, o exigir máxima prudencia antes de una intervención médica irreversible sobre un menor no es negar la dignidad de nadie. Toda persona merece respeto y protección frente a la discriminación, pero respeto no es lo mismo que silencio.
El caso de Laura, incluido en el documental de Samuel, ayuda a entender por qué importan estas preguntas. A los 15 años recibió atención relacionada con su transición y posteriormente sostuvo que no existieron una evaluación integral ni un consentimiento informado suficiente; después inició su detransición y emprendió acciones contra la institución. La clínica rechaza esos señalamientos, pero el caso llegó al Congreso colombiano con la llamada Ley Laura.
Esta batalla cultural también ayuda a entender lo que ocurre políticamente en varias democracias. En Estados Unidos y Europa, sectores de la derecha han incorporado estos debates a su discurso, capitalizando el hartazgo de millones que sienten que se les dicta qué pensar y qué valores transmitir a sus hijos.
La imposición cultural genera resistencia, y la resistencia termina votando.
Quizá por eso algunos siguen explicando ese crecimiento con etiquetas como «radicalización» o «populismo», sin ver también a ciudadanos que quieren recuperar el derecho a disentir.
México no debería ver esto desde lejos. Aquí también se discuten políticas sobre identidad de género, educación, menores y derechos de los padres. Es precisamente ahora, antes de convertir cualquier posición en dogma, cuando necesitamos padres, médicos, periodistas y legisladores dispuestos a preguntar, contrastar evidencia y debatir públicamente.
Samuel está hoy en medio de esa batalla. Pudo retirar el documental o quedarse fuera de Colombia. En cambio, regresó sabiendo lo que podía ocurrir y hoy enfrenta diez días de arresto y una multa. Eso merece respeto y también que quien lea esta columna se tome unos minutos para conocer quién es Samuel, qué dice su documental y qué responde la otra parte. La censura se combate informándose, no dando por cierta la versión que más nos conviene.
Samuel no es católico. Yo sí. No necesito que piense como yo para defenderlo cuando están en juego libertades que también quiero para mí. Mañana el tema puede ser otro: corrupción, seguridad, educación o familia. Si aceptamos que las ideas incómodas deben desaparecer porque incomodan, descubriremos tarde que la censura nunca se conforma con silenciar solo al adversario.
Por eso mi solidaridad con Samuel no tiene condiciones. Defiendo su derecho a investigar, preguntar y publicar información de interés público, y nuestro derecho a conocerla, discutirla y formar nuestra propia opinión.
No tenemos que pensar igual. Eso es, precisamente, la libertad.
Samuel decidió no callarse cuando hacerlo habría sido mucho más sencillo. Hoy paga un precio por eso, y quienes creemos en la vida, la familia y la libertad no deberíamos dejarlo solo.
Cuando una ideología pretende decidir qué preguntas pueden hacerse, defender a quien se atreve a formularlas deja de ser solo un acto de solidaridad.
Se convierte en la defensa de nuestra propia libertad.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrados en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es Consejero Estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz.
Nota: Esta columna es un texto de opinión. Las referencias al caso de Laura corresponden a señalamientos públicos que han sido controvertidos por la institución médica involucrada y no se presentan como hechos determinados judicialmente
