Livia Díaz
Livia Informa
A finales de noviembre de 2019, en una de las salas del Hotel Clara Luna de Xalapa, un grupo de médicos y especialistas abrió un debate que apenas comenzaba a rasgar la superficie de la conciencia pública. En aquel encuentro, el doctor Erick Gerardo Ruiz Moya, presidente en el estado de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría, compartió una cifra que presagiaba el futuro inmediato de la entidad: para el año 2020, Veracruz se convertiría en el estado con la mayor proporción relativa de personas adultas mayores en todo el país, alcanzando al 16 por ciento de su población total.
Junto a la doctora María Rosario Rodríguez Cruz, el diagnóstico expuesto trascendía las estadísticas de salud para colocar en la mesa el fenómeno del «viejismo» —el prejuicio, la discriminación y el aislamiento sistemático que sufren las personas de la edad extensa—. Se habló entonces de la urgencia de construir una red de acompañantes y cuidadores capacitados, así como de transformar las ciudades con infraestructura amigable para el peatón y espacios comunitarios de convivencia.
Las resonancias de esa discusión técnica llegaron casi en simultáneo al Congreso del Estado. El 13 de noviembre de 2019, desde la tribuna del Poder Legislativo, se dio lectura a una propuesta elaborada por Mónica Robles Barajas y presentada por la diputada Rosalinda Galindo Silva. El documento proponía un cambio de paradigma: superar el mero enfoque asistencialista o la asignación de partidas presupuestales aisladas para establecer una verdadera «gerontocultura». No se trataba solo de cuidar, sino de reconocer el derecho a un envejecimiento activo, a cuidados paliativos con calidez humana y a la participación plena en la vida social y económica de la entidad.
En la redacción del texto normativo, el Artículo 3º dejó asentada una responsabilidad compartida e ineludible: los poderes del Estado, los organismos autónomos y los 212 ayuntamientos quedaron mandatados a velar por el cumplimiento irrestricto de estos derechos. Tras su análisis en comisiones y posterior votación, el proceso legislativo culminó en mayo de 2020 con la aprobación por unanimidad de la Ley Número 560 de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz, publicada oficialmente en junio de ese mismo año.
La nueva legislación contempló también la integración del Consejo Estatal para la Atención del Adulto Mayor y estableció compromisos específicos para las autoridades locales. Entre los proyectos más urgentes destacaba la apertura de Casas de Día: estancias diurnas diseñadas para ofrecer atención médica básica, nutrición, rehabilitación y, sobre todo, un entorno de socialización que evite la soledad y el deterioro prematuro de la salud mental de los adultos mayores.
Seis años después de aquellas primeras iniciativas, el contraste entre el texto aprobado en la Gaceta Oficial y la realidad de los municipios sigue siendo evidente. Aunque en la capital del estado opera la estancia «Quinta de las Rosas», en Papantla se abrió la Casa de Día «Amaka» y en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río existen esfuerzos asistenciales a través del DIF local, la inmensa mayoría de los ayuntamientos no ha concretado estos espacios.
La reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre aprobada por la LXVII Legislatura a finales de 2025 volvió a remarcar la obligación de los 212 municipios para operar Casas de Día. Sin embargo, la cláusula que condiciona su creación a la «capacidad presupuestal» de cada gobierno municipal ha funcionado como un freno permanente en las zonas rurales y de escasos recursos.
Envejecer con dignidad en Veracruz no puede continuar siendo un privilegio sujeto al presupuesto o al código postal de residencia. Mientras la ley mantenga su rigor en el papel pero enfrente el abandono silencioso en las calles, la deuda histórica con quienes construyeron el presente de la entidad seguirá abierta.
Datos de la cobertura | Livia Informa:
• Proporción poblacional: Veracruz superó el 16% de población mayor de 60 años, ubicándose a la cabeza a nivel nacional.
• Marco legal: Ley Número 560 de los Derechos de las Personas Mayores (Gaceta Oficial, 12 de junio de 2020).
• Brecha de infraestructura: Pese a las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre en 2025, la gran mayoría de los 212 ayuntamientos no ha instalado Casas de Día debido a restricciones presupuestales.
