Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
El proceso electoral 2026-2027 comenzó bajo una paradoja el Instituto Nacional Electoral afirma que cuenta con capacidad para organizar los comicios, pero varias decisiones adoptadas bajo la presidencia de Guadalupe Taddei han abierto dudas sobre su imparcialidad, su sensibilidad institucional y su capacidad para comunicar reglas claras.
En la elección del 6 de junio de 2027 se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y numerosos cargos locales. La magnitud de la contienda exige un árbitro confiable, especialmente porque cualquier señal de cercanía partidista, improvisación normativa o ambigüedad operativa puede convertirse en un problema de legitimidad.
El cambio del color institucional del INE, la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el nuevo tratamiento de las llamadas “boletas planchadas” no prueban, por sí mismos, una captura política del organismo. Pero sí generan una percepción adversa que el INE no puede desestimar. En materia electoral, la imparcialidad no sólo debe existir: debe ser visible, explicable y verificable.
El INE sustituyó el rosa mexicano de su identidad institucional por una paleta lila y azul marino. La explicación ofrecida por Guadalupe Taddei fue que el organismo “perdió el rosa”, en referencia a la adopción de ese color por un nuevo partido político.
Formalmente, modificar una identidad gráfica es una atribución administrativa. No existe una razón jurídica para sostener que el INE deba conservar para siempre un color. El problema está en el contexto y en la oportunidad.
La nueva tonalidad fue asociada con la imagen del Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada, cuya administración ha utilizado una paleta morada o lila. La coincidencia puede ser casual, funcional o resultado de una decisión de diseño; pero en un país polarizado y a las puertas de una elección, las apariencias importan.
Una autoridad electoral debe ser especialmente cuidadosa con cualquier elemento que pueda confundirse con la identidad de un gobierno o partido. Si el cambio era necesario, el INE debió presentar previamente un informe técnico, explicar quién tomó la decisión, qué criterios de comunicación institucional se utilizaron, cuánto costará la transición y por qué la nueva paleta no genera confusión con actores políticos.
La defensa de Taddei basada en que el INE “perdió el rosa” resultó insuficiente. Una institución constitucional no puede comunicar una modificación de alto impacto simbólico como si se tratara de una decisión publicitaria ordinaria.
Durante la ceremonia de inicio del proceso electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum fue representada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El INE explicó que tradicionalmente se invita a los tres poderes de la Unión y que también fueron convocados representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Desde el punto de vista protocolario, la invitación puede ser defendible. La presencia de representantes de los poderes del Estado no implica automáticamente subordinación del INE al Ejecutivo. Tampoco puede afirmarse, únicamente por la asistencia de la secretaria, que existió una intervención gubernamental.
Pero el dato relevante es que, desde 1996, no se había registrado la presencia de un titular de Gobernación en una ceremonia de este tipo. Esa excepcionalidad explica las suspicacias de la oposición y de algunos consejeros electorales.
El problema no fue necesariamente invitar a la secretaria. El problema fue no anticipar la lectura política del acto y no establecer con claridad los límites entre cortesía institucional y cercanía política. En un proceso electoral, la autonomía no sólo se acredita mediante normas; también mediante distancias institucionales visibles.
Si el INE desea evitar dudas, debe hacer públicas las reglas protocolarias que justifican la invitación, explicar si se trata de una práctica general y garantizar que las mismas condiciones se aplicarán a todos los poderes, partidos y actores relevantes.
La controversia más seria es la relacionada con las boletas sin marcas de doblez encontradas dentro de las urnas, conocidas como “boletas planchadas”. Los lineamientos aprobados establecen que, si durante los cómputos aparece una papeleta sin las marcas de haber sido doblada para introducirla en la urna, no será clasificada ni capturada de inmediato. Quedará reservada para que el Consejo Distrital determine si procede computarla o no.
El INE sostiene que estas boletas no serán automáticamente válidas ni automáticamente anuladas. Cada caso deberá documentarse en un acta circunstanciada, con datos sobre la entidad, distrito, sección, casilla, número de papeletas y personas presentes.
La intención puede ser preservar el principio de que el voto debe analizarse conforme a su contenido y a la legislación aplicable, evitando nulidades automáticas. Sin embargo, la medida genera una duda legítima: ¿cómo puede una boleta que aparentemente no pasó por una urna ser considerada eventualmente válida?
La preocupación aumentó porque algunos consejeros advirtieron que la decisión puede debilitar la certeza sobre el origen del voto. Arturo Castillo cuestionó que una papeleta sin señales de haber sido introducida por un elector no ofrezca evidencia suficiente de que la voluntad fue expresada de manera libre y secreta. El criterio fue aprobado por siete votos contra cuatro.
El antecedente de la elección judicial de 2025 vuelve el asunto todavía más sensible. De acuerdo con los reportes difundidos, el número de casillas en las que se identificó este fenómeno pasó de 20 en 2024 a 918 en aquella elección.
Aquí el INE enfrenta un dilema real. Por un lado, no debe anular mecánicamente votos cuyo sentido sea claro si la ley no establece que el doblez sea un requisito de validez. Por otro, tampoco puede tratar como una irregularidad menor la aparición de boletas que no muestran signos de haber pasado por la urna.
La salida no puede ser una explicación genérica. Se necesita un protocolo minucioso, público y auditable.
En conjunto, las tres decisiones no demuestran necesariamente que el INE haya dejado de ser imparcial. Pero sí debilitan la confianza en su neutralidad por cuatro razones.
El INE pretende ser un árbitro distante de los gobiernos y partidos, pero adopta un color asociado por algunos sectores con la administración capitalina y organiza el inicio del proceso con la presencia inédita de una secretaria de Gobernación.
Cada decisión, tomada aisladamente, puede tener una explicación administrativa o protocolaria. Juntas, producen una percepción política que el instituto debió prever.
Las críticas de consejeros como Martín Faz y Arturo Castillo muestran que no existe una lectura unánime dentro del propio Consejo General sobre temas cruciales. La deliberación interna es normal y necesaria, pero si el desacuerdo se centra en la certeza de los votos y en la equidad del proceso, la institución debe comunicar con mayor claridad las razones de sus decisiones.
Cuando las reglas electorales cambian antes de una elección y el nuevo criterio puede afectar la calificación de votos, cualquier ambigüedad se convierte en material para la desconfianza. La oposición sospecha una flexibilización indebida; el oficialismo puede acusar al INE de exagerar o politizar cuestiones técnicas.
El árbitro no puede depender de que cada actor interprete sus decisiones de buena fe. Debe demostrar, con documentos, procedimientos y controles, que las reglas son generales y no están diseñadas para beneficiar a nadie.
Una autoridad electoral no puede responder a cuestionamientos complejos con frases improvisadas o mensajes defensivos. El caso del color lila es ilustrativo: la frase “haber perdido el rosa” fue políticamente desafortunada porque reforzó, en lugar de disipar, la idea de que el INE está reaccionando a una disputa de identidades partidistas.
La comunicación del instituto debe ser técnica, sobria y anticipatoria. No basta con explicar una decisión después de que se convierte en polémica.
Guadalupe Taddei todavía puede corregir la ruta, pero necesitará algo más que defender las decisiones adoptadas. Debe recuperar la iniciativa institucional.
La conducción de Guadalupe Taddei enfrenta ahora una prueba institucional. No basta con afirmar que el organismo es autónomo ni con pedir que se confíe en sus decisiones. El INE debe demostrar su autonomía mediante procedimientos transparentes, reglas precisas, distancia respecto de los gobiernos y una comunicación mucho más sólida.
El proceso electoral de 2027 será demasiado grande y complejo para depender de explicaciones improvisadas. La renovación de 17 gubernaturas y 500 diputaciones exige un árbitro que no sólo actúe con imparcialidad, sino que haga imposible confundirlo con cualquier partido o gobierno.
Corregir el rumbo significa revisar lo que deba revisarse, explicar lo que pueda sostenerse y modificar lo que genere riesgos innecesarios. La confianza electoral no se decreta: se construye antes de la jornada, se protege durante los cómputos y se confirma cuando todos los actores aceptan que las reglas fueron claras y se aplicaron por igual.
