Jorge Ramón Rizzo*
Focus Group
Bajo la premisa de «blindar la soberanía» ante presuntas injerencias extranjeras, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados ha reavivado una de las prácticas más rancias de la política: el sospechosismo institucionalizado.
Los partidos de oposición PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han denunciado esta medida como una profunda regresión en materia de derechos humanos.
Esta reforma «eleva» un segundo pasaporte a la categoría de presunta «deslealtad a la patria» u objeto de desconfianza pública, el Estado mexicano no está protegiendo su soberanía, en mi opinión, está encogiendo sus derechos políticos y fracturando la noción misma de ciudadanía.
India, Japón, China, Singapur, Malasia, Ucrania, Kuwait y Arabia Saudita, son países que prohíben la doble nacionalidad a nivel general y por ende, a sus políticos. Mientras que Australia, Venezuela, Colombia, Azerbaiyán, Egipto y Bahamas, son naciones que permiten a un ciudadano común tener dos pasaportes, pero exigen la renuncia formal o prohíben la postulación de personas con doble nacionalidad a cargos de alta soberanía, como lo pueden ser la Presidencia o el Parlamento.
En mi opinión la lealtad hacia una nación no está dictada por el número de pasaportes guardados en un cajón, sino por la honestidad en la gestión pública, el respeto al Estado de derecho y el servicio a la ciudadanía.
El discurso oficial defiende ésta reforma apelando al fervor nacionalista en un contexto de tensiones diplomáticas, particularmente con Estados Unidos. Sin embargo, detrás del blindaje ideológico asoma el escenario electoral. Con «la intermedia» de 2027 «a la vuelta de la esquina» y la renovación de 17 gubernaturas, resulta ingenuo no ver en esta ley un cerrojo diseñado a la medida.
Modificar la Constitución para neutralizar a adversarios específicos o responder a rencores de coyuntura es instrumentalizar el derecho constitucional. En lugar de robustecer la democracia abriendo el abanico de perfiles competitivos y capaces, muchos de ellos enriquecidos por experiencias globales, el sistema opta por la exclusión.
Desde la reforma de 1998, México reconoció formalmente que tener dos o más nacionalidades no diluye el amor por la tierra ni el compromiso con sus leyes. Durante décadas se avanzó en la inclusión de la diáspora. Esta nueva legislación, no obstante, dinamita ese puente conceptual.
Al obligar a un aspirante a renunciar formalmente a otra ciudadanía antes de postularse, el marco jurídico asume por defecto que la binacionalidad crea un conflicto de interés insalvable o una lealtad dividida.
Como bien señaló la oposición en la tribuna de San Lázaro, se introduce una peligrosa jerarquización social: Se dictamina implícitamente que hay «mexicanos más mexicanos que otros», castigando el origen o las circunstancias de vida ajenas a la voluntad del individuo, como nacer en el extranjero debido a la migración de los padres.
Cuando fui secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados, me quedó claro que México es una nación indisolublemente ligada a su migración. Somos un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, con todo lo que conlleva incluida la doble nacionalidad.
Pero «haiga sido como haiga sido»: La Cámara de Diputados en México dió luz verde en lo general a la iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual prohíbe la doble nacionalidad a los aspirantes a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
*Periodista/Tlaxcala
