Livia Díaz
Ciudad de México
“Nada de censura. Es solamente un ajuste contra quienes pretendan una forma de engañar”, sostuvo el senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara al referirse a la reforma en materia de propiedad industrial que esta semana generó polémica en el Senado y que en redes sociales fue bautizada como la llamada ley anti-memes.
En entrevista, Huerta defendió la libertad de expresión y rechazó que el dictamen aprobado en comisiones tenga como propósito perseguir memes, caricaturas o parodias políticas.
“Viva la libertad democrática, viva la libertad de expresión”, expresó el senador este jueves en entrevista con Gabriela Warketin, quien incluso recurrió a la tradición de la prensa satírica mexicana para explicar su postura: “Nosotros somos hijos de El Hijo del Ahuizote”.
La referencia no es menor. El Hijo del Ahuizote fue una publicación caracterizada por la crítica política y la sátira durante el Porfiriato, convertida con el tiempo en uno de los símbolos de la prensa contestataria mexicana.
¿Qué se aprobó?
Las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el miércoles una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal.
El dictamen fue aprobado con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones y pasó a la Mesa Directiva para su primera lectura. El Pleno del Senado deberá discutirlo y votarlo posteriormente.
El cambio central quedó en la regulación del uso de la identidad gráfica institucional.
La disposición establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o sistema.
Es decir, el supuesto que se busca perseguir no es simplemente utilizar un logotipo gubernamental en una publicación, sino emplear elementos oficiales en una operación comercial destinada a hacer creer a una persona que está frente a un sitio, documento o servicio auténticamente gubernamental cuando en realidad se pretende cometer un ilícito.
Uno de los ejemplos utilizados durante la discusión fue el de páginas que imitan la imagen de una institución pública y solicitan a ciudadanos depósitos de dinero haciéndoles creer que se trata de un trámite o servicio oficial.
La polémica cambió el dictamen
La controversia comenzó porque la redacción inicial fue interpretada por legisladores de oposición como una disposición que podía alcanzar memes, caricaturas y parodias que utilizaran elementos de la identidad gráfica del gobierno.
La oposición reclamó que se establecieran expresamente excepciones para periodistas, caricaturistas, parodias y crítica política.
Ante esa discusión, el dictamen fue modificado antes de ser aprobado en comisiones: se precisó que la conducta sancionable debía realizarse a escala comercial, con el propósito de inducir al error o engaño y con la intención de cometer un ilícito. También se redujo la pena máxima de siete a cinco años.
Para Huerta, esas modificaciones dejan claro el alcance de la reforma.
“No se está legislando contra la crítica”, es la explicación que sostiene el senador: se trata de cerrar una vía utilizada para hacerse pasar por instituciones públicas y engañar a ciudadanos.
La discusión aún no termina
Aunque el texto aprobado en comisiones contiene esas precisiones, la polémica no desapareció por completo.
El punto que permanece en el debate es que el artículo no incorpora literalmente las palabras “meme”, “parodia” o “caricatura” ni establece una excepción expresa para esos contenidos. Esa ausencia ha sido señalada por legisladores opositores como una razón para mantener sus dudas sobre los posibles alcances de la disposición.
La diferencia entre ambas posiciones está, por tanto, en la interpretación del alcance de la norma.
Mientras sus promotores sostienen que se trata de combatir el fraude y el uso comercial engañoso de la identidad institucional, sus críticos consideran necesario dejar expresamente protegidas las expresiones de crítica y parodia política.
Por ahora, no se trata todavía de una ley vigente: el dictamen fue aprobado en comisiones y deberá ser discutido y votado por el Pleno del Senado.
Huerta, desde la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostiene que la reforma no pretende silenciar a nadie.
Y lo resume con una frase que remite precisamente a la tradición de la prensa satírica mexicana:
“Viva la libertad democrática, viva la libertad de expresión.”
