Pepe Cortés
«Mucho micrófono, muchas cifras y pocas respuestas». Con esa frase, Ana Cristina Ledezma, presidenta estatal del PAN en Veracruz, resumió el 23 de septiembre una crítica que va más allá de la confrontación partidista: ¿Para qué sirve una conferencia gubernamental? ¿Para explicar decisiones y transparentar resultados, o para administrar la conversación pública?
Una conferencia puede durar dos horas, presentar decenas de cifras y acumular titulares. Pero nada de eso garantiza que los problemas de la ciudadanía estén siendo atendidos. Hablar de gobierno no es lo mismo que gobernar. Informar sobre resultados tampoco equivale a demostrar que esos resultados existen.
La comunicación institucional es una obligación del gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos y qué decisiones se toman para corregir lo que falla. El problema aparece cuando la comunicación pretende sustituir a la rendición de cuentas y los anuncios ocupan el lugar de las soluciones.
Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Veracruz. Andrés Manuel López Obrador estableció durante su sexenio un modelo de comunicación basado en conferencias matutinas diarias, que Claudia Sheinbaum mantuvo al asumir la Presidencia en octubre de 2024. En Veracruz, Cuitláhuac García también recurrió a conferencias periódicas para comunicar las acciones de su administración. La continuidad del formato plantea una pregunta que trasciende a sus protagonistas: ¿Cuánto de lo anunciado puede comprobarse y cuánto permanece únicamente en el discurso?
Una conferencia puede ser útil para informar, explicar decisiones y responder cuestionamientos. El problema comienza cuando su eficacia se mide por el número de titulares que genera y no por la calidad de las respuestas ni por la posibilidad de verificar los resultados anunciados.
Una cifra puede ser verdadera y, al mismo tiempo, insuficiente. Anunciar inversiones hospitalarias no demuestra que existan medicamentos disponibles. Informar sobre la rehabilitación de un inmueble no acredita que tenga médicos suficientes. En materia de salud, las preguntas deben ser concretas: ¿Cuál es el porcentaje de surtimiento completo de recetas? ¿Cuántas cirugías permanecen pendientes? ¿Qué hospitales presentan faltantes? ¿Cuánto tarda un paciente en conseguir una consulta especializada? ¿Quién responde por las deficiencias y cuándo se evaluarán los resultados?
No se trata de exigir que una gobernadora conozca cada expediente clínico, sino de que las instituciones bajo su responsabilidad produzcan información verificable y respondan por sus resultados. Gobernar también implica reconocer lo que no funciona y corregirlo.
Y esto puede hacerse sin crear más burocracia. Cada compromiso anunciado podría quedar registrado en un repositorio público, con presupuesto, fecha de cumplimiento y autoridad responsable. Cada obra debería publicar su avance físico, no solamente su inauguración. Cada problema reconocido tendría que contar con un plazo para informar sobre las medidas adoptadas. No hace falta inventar una nueva institución. Bastaría una hoja de cálculo pública y voluntad para rendir cuentas.
La rendición de cuentas exige continuidad. Una pregunta formulada hoy no debería desaparecer porque mañana exista otro anuncio. Tampoco debería confundirse una respuesta extensa con una explicación suficiente. Hablar durante varios minutos sin proporcionar la información solicitada llena el espacio de una conferencia, pero deja intacta la pregunta.
También corresponde a la oposición sustentar sus cuestionamientos con información y documentos. Una denuncia pública adquiere mayor utilidad cuando identifica el problema, solicita datos concretos y permite comprobar si la autoridad respondió. La vigilancia democrática no termina con una declaración frente a los medios.
El gobierno tiene derecho a explicar sus decisiones y defender sus resultados. La prensa tiene derecho a cuestionarlos. La oposición tiene derecho a exigir información. Y la ciudadanía tiene derecho a contrastar esas versiones.
La diferencia entre informar y rendir cuentas es sencilla: informar consiste en decir qué se hizo; rendir cuentas implica demostrarlo, explicar sus resultados y asumir la responsabilidad por aquello que no funcionó.
Una conferencia no sustituye una consulta médica, no surte una receta, no repara una carretera ni resuelve un problema de agua. La transparencia no consiste en hablar más, sino en permitir que cualquier ciudadano pueda verificar lo que se afirma.
Porque cuando termina la conferencia y se apagan los micrófonos, permanece la pregunta verdaderamente importante:
¿Qué cambió para la gente?
@pepecortesmx
Pepe Cortés
Economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Consejero estatal del PAN en Veracruz.
