Ángeles González Ceballos
A pocas horas de concluir su periodo al frente del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la auditora general Delia González Cobos afirmó que deja una institución más moderna en comparación con la que recibió al inicio de su gestión.
“Dejamos un Órgano de Fiscalización distinto al que encontramos. Este está más moderno, adoptamos la tecnología y pensamos que todavía falta un poco más con lo de inteligencia artificial, pero también para eso pues es necesario contar con otros recursos”, aseveró.
Aseguró que los esquemas implementados al interior permiten agilizar las tareas y ahorrar recursos.
Entrevistada sobre la terna que eligió el Congreso local para sucederla en el cargo, González Cobos dijo que no podría calificarlos, ya que no conoce los perfiles de todos.
“Pero hay una mujer, entonces yo pensaría que podría hacer muy buen papel, pero también entiendo que hay señores que tienen los conocimientos y que han estado en el medio y que conocen el ORFIS”, opinó y consideró que eso es una ventaja.
Luego de rendir guardia de honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo, puntualizó que durante su periodo el organismo presentó un total de 181 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
“Presentamos 181 denuncias, sin embargo, y esto sí quiero aclararlo porque luego parece que los números no cuadran, pero de esas 181 denuncias, la Fiscalía Anticorrupción ha trabajado, ha iniciado la judicialización, han procedido algunos casos, según tengo entendido”, manifestó.
Aclaró que otros expedientes quedan cerrados en la vía administrativa cuando los entes logran solventar las observaciones con la emisión de acuerdos de conclusión y archivo.
Sobre la situación que guardan diversos entes fiscalizables, la auditora general indicó que el faltante atribuido a la Universidad Veracruzana resulta marginal.
“Es mínimo, es una falta de comprobación, pero es mínimo. Ciento y tantos mil pesos, algo así”, destacó.
En cuanto a las observaciones en el ámbito municipal, atribuyó nuevamente los contratiempos a la transición de las nuevas autoridades.
“El problema que se da cuando hay un cambio de administración es justamente ese cambio, porque no siempre hay la comunicación debida entre el entrante y el saliente, y eso genera retrasos en la entrega de documentación, en la certificación que deben hacer de los documentos para que sean válidos ante el Órgano de Fiscalización”, comentó.
Señaló que esos casos los vieron antes, no obstante que estuvieron dando la capacitación a los entrantes y a los salientes, “volvió a ocurrir”.
Cuestionada sobre las acciones normativas para evitar este tipo de incumplimientos, defendió el trabajo preventivo ejecutado por la institución a su cargo.
“Pues habrá que atender el tema, me parece que desde otro punto de vista, porque por parte del ORFIS cumplimos lo que señala el artículo 9 de la Ley de Fiscalización. O sea, esta parte de insistir en la capacitación tiene un respaldo en ley y nosotros hemos cumplido”, sostuvo.
Cuestionada sobre los municipios con mayor presunto daño patrimonial en el Informe de la Cuenta Pública 2025, identificó a demarcaciones como Tantoyuca y otras ubicadas en la región de las Altas Montañas.
Finalmente, sobre el procedimiento posterior a la entrega de la Cuenta Pública, precisó las etapas legales a seguir.
“Una vez que el Congreso apruebe la Cuenta Pública, pues habrá que iniciar con los requerimientos de información a los entes fiscalizables para que hagan las aclaraciones respectivas y que esto dentro del procedimiento de investigación, el que hace la Unidad de Investigación, y ya con eso, pues haciendo las aclaraciones correspondientes, entonces pues se emite un acuerdo de conclusión y archivo”, expuso.
