El Congreso de Veracruz puso castigo penal a una práctica que todavía persiste en algunas familias y comunidades: obligar a niñas, niños y adolescentes a vivir en pareja.
Por unanimidad, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó una reforma al Código Penal del Estado para crear el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años, que será castigado con penas de ocho a 15 años de prisión y multas de mil a 2 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La reforma recibió 48 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, y surgió de una iniciativa presentada el pasado 21 de mayo por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo.
Con lo aprobado se adiciona el Capítulo VI, denominado Cohabitación Forzada, así como el artículo 190 Octodecies al Título V Bis del Libro Segundo del Código Penal.
La nueva disposición establece que cometerá este delito quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u ofrezca a una o varias personas menores de 18 años para sostener una unión informal o consuetudinaria, con o sin su consentimiento, ya sea con otro menor o con una persona adulta, con el propósito de que vivan juntos de manera constante y como si se tratara de un matrimonio.
Las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia respaldaron la propuesta al considerar necesario que esta conducta tenga una sanción penal específica.
En el dictamen se advierte que imponer a un menor una vida en pareja puede afectar su libertad, educación, salud y desarrollo, por lo que la conducta quedará incluida entre los delitos contra el libre y sano desarrollo de la personalidad.
Las comisiones también recordaron que la legislación de protección a niñas, niños y adolescentes fija los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y contempla medidas contra prácticas nocivas que pretendan establecer uniones formales, informales o consuetudinarias.
La reforma, señalaron, refuerza esa protección desde el terreno penal, pero no sustituye las acciones de prevención, atención y restitución de derechos que corresponden a las autoridades.
RESPALDO DE TODOS LOS PARTIDOS
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Liud Herrera Félix sostuvo que la reforma enfrenta una realidad que ya no puede tolerarse: que niñas, niños y adolescentes sean obligados o inducidos a vivir en una unión como si estuvieran casados, aunque legalmente no exista matrimonio.
Señaló que no se trata solamente de sumar otro delito al Código Penal, sino de cerrar una puerta que permitía mantener este tipo de prácticas bajo otras formas.
Por el PVEM, la diputada Roxana Barragán Hernández respaldó el dictamen para evitar que algún menor tenga que vivir una unión decidida por otras personas. También planteó que quienes hayan pasado por una situación de este tipo reciban apoyo psicológico, acompañamiento para continuar sus estudios y condiciones para decidir sobre su propio futuro.
La panista Indira de Jesús Rosales San Román calificó la reforma como una deuda pendiente con la niñez veracruzana y pidió que los sistemas DIF estatal y municipales estén atentos al cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Por el PT, Elizabeth Morales García destacó que la modificación permitirá enfrentar prácticas que todavía ocurren y que muchas veces permanecen escondidas dentro de hogares y comunidades. Advirtió, sin embargo, que el nuevo delito deberá aplicarse con criterios claros y teniendo siempre como prioridad el interés superior de la niñez.
Finalmente, la priista Ana Rosa Valdés Salazar expresó su voto a favor y consideró que la reforma permitirá combatir prácticas ancestrales que deben erradicarse para proteger a niñas, niños y adolescentes.
