Durante 2026, Veracruz se ubicó entre las diez entidades del país con menor incidencia delictiva y registró una disminución de ilícitos de alto impacto, de acuerdo con lo informado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, Alfonso Reyes Garcés, al comparecer ante la LXVII Legislatura con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

En presencia de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, integrada por el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada y las diputadas Dorheny García Cayetano y Janix Liliana Castro Muñoz, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, el funcionario detalló que los registros publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sobre la ocurrencia de delitos por cada 100 mil habitantes, reflejan los resultados obtenidos por el Gobierno de Veracruz.

En su exposición, el secretario informó que el delito de extorsión registró una disminución de 53 por ciento respecto al año anterior; el feminicidio, 39 por ciento; el robo a transeúntes y a transportistas, 17 por ciento cada uno; el secuestro, 3 por ciento, y el homicidio doloso, 19 por ciento.

Para responder a los retos en materia de seguridad, informó el compareciente, Veracruz cuenta con un estado de fuerza operativo de seis mil 216 elementos distribuidos en los 212 municipios.

Durante el periodo reportado, estos elementos realizaron cerca de un millón 247 mil acciones para disuadir conductas delictivas y reforzar el orden público.

Además, para fortalecer las capacidades operativas y de protección del personal policial, el Gobierno estatal adquirió 71 drones tácticos, 178 patrullas, 410 cámaras de solapa y cinco mil 220 prendas de vestir y materiales de protección.

También realizó más de cinco mil 500 evaluaciones de Control y Confianza, incrementó 8 por ciento el personal evaluado y expidió más de dos mil 600 Certificados Únicos Policiales, cifra 140 por ciento superior a la del periodo anterior.

En cumplimiento de la reforma de 2025 a la Ley Orgánica del Municipio Libre, prosiguió el titular de la SSP, se cuenta con 182 mandos de Seguridad Pública Municipal aprobados en las evaluaciones de Control y Confianza, así como con dos mil 130 policías locales.

Por otra parte, dio a conocer que en los 17 centros de reinserción social de baja y mediana seguridad y un módulo preventivo del estado se brinda atención a 11 mil 633 personas privadas de la libertad mediante programas educativos, laborales, de capacitación, comercialización y salud.

Asimismo, más de 200 adolescentes en conflicto con la ley han sido destinatarios de 15 mil 400 acciones institucionales encaminadas a su reinserción social.

Con la puesta en marcha de la Policía de Investigación y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), el funcionario reportó la atención de 47 solicitudes de actos de investigación y el cumplimiento de tres mil 450 órdenes de cateo, cinco veces más que en 2025.

Alfonso Reyes Garcés informó también que, mediante el análisis y cotejo de información, fueron detenidos 70 mandos y tres mil 206 integrantes de grupos delictivos generadores de violencia.

La vigilancia de la Policía Estatal de Caminos permitió la detención de 110 personas, así como la recuperación de 38 vehículos con reporte de robo y 314 unidades de carga pesada.

Además, en coordinación con la FGE, la Secretaría atendió más de ocho mil 500 medidas de protección en favor de víctimas de delitos y seis mil 900 boletines de búsqueda de personas no localizadas.

Dentro de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, añadió el funcionario, la Policía Estatal realizó más de dos mil 600 patrullajes con perspectiva de género.

Estas acciones permitieron atender dos mil 310 casos de violencia y proporcionar protección a más de dos mil 300 mujeres, adolescentes, niñas y niños.

En el transporte público se implementó el operativo Ruta Segura, mediante el cual se realizaron mil acciones que permitieron inspeccionar a más de dos mil personas y 31 mil unidades.

En coordinación con el Poder Judicial del Estado, mediante el programa Veracruzana Protegida se atendieron más de cuatro mil 860 órdenes de protección efectivas y de seguimiento, con un total de mil 220 órdenes vigentes.

La aplicación Mujer Alerta registró tres mil 370 alertas, 16 por ciento más que el año anterior, mientras que las líneas de emergencia 911 y 089 recibieron 2.7 millones de llamadas.

De acuerdo con el responsable de la seguridad pública en Veracruz, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se atendieron más de 12 mil llamadas, evitando pagos por alrededor de 19 millones de pesos e inhabilitando cinco mil números utilizados para cometer extorsiones.

El secretario destacó también que, a partir de mayo de 2026, el sueldo del personal operativo se incrementó a 24 mil 255 pesos, lo que representa un aumento de 18.5 por ciento respecto al año anterior.

Agregó que el respaldo institucional se extiende a las familias de quienes pierden la vida en cumplimiento de su deber.

En este contexto, informó sobre la constitución del Fideicomiso Veracruzano de Seguridad Social Institucional, destinado a otorgar un apoyo económico único de un millón de pesos a las personas beneficiarias o deudos legalmente acreditados.

PARTICIPACIÓN DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Las diputadas y los diputados Miguel Guillermo Pintos Guillén (Morena), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Ramón Díaz Ávila (PT), María Elena Córdova Molina (MC), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI), Montserrat Ortega Ruiz y Héctor Yunes Landa preguntaron al secretario sobre diversos temas relacionados con la seguridad pública en Veracruz.

Entre los cuestionamientos destacaron el número de investigaciones derivadas de quejas contra elementos policiales; los cambios en los mecanismos de Control y Confianza y Asuntos Internos para evitar irregularidades, así como las medidas de protección otorgadas a víctimas, particularmente a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

También solicitaron información sobre los municipios donde ha disminuido la incidencia delictiva y las estrategias previstas para mantener la seguridad durante el cierre del año.

En materia de protección animal, preguntaron sobre el programa de brigadas, los municipios donde comenzaría a operar, los mecanismos de apoyo para ayuntamientos que reciban reportes de maltrato y la aplicación del protocolo de emergencia.

Otros planteamientos estuvieron relacionados con las acciones para brindar seguridad a los habitantes del estado, las posibles fallas en las estrategias implementadas por la Secretaría y las medidas adoptadas para atender las denuncias de asaltos en carreteras.

En particular, se abordaron los acuerdos interestatales para disminuir los delitos en las Cumbres de Maltrata.

Asimismo, las y los legisladores preguntaron sobre las estrategias para combatir la extorsión contra comerciantes y trabajadores del sector educativo, la promoción de la denuncia ciudadana y las solicitudes de apoyo a la Federación para atender los problemas de inseguridad en Veracruz.

También se interesaron por los protocolos de protección para ediles amenazados, el número de actores políticos que han solicitado medidas para garantizar su integridad y los avances en las investigaciones por el asesinato de la regidora de Texhuacan y de su esposo.

Se plantearon, además, interrogantes sobre la instalación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios para prevenir delitos, la creación de una mesa de seguridad para candidatas y candidatos y la implementación de protocolos de análisis de riesgo.

CUESTIONAN CIFRAS Y ESTRATEGIAS

En la segunda ronda participaron las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y María Elena Córdova Molina (MC), así como el diputado Héctor Yunes Landa.

Los legisladores cuestionaron las discrepancias entre las cifras oficiales reportadas por autoridades federales y estatales, además de solicitar información sobre la participación de la Policía Estatal en detenciones relacionadas con delitos del fuero federal.

También abordaron las acciones policiales implementadas ante los acontecimientos registrados en Poza Rica, la relación entre las cifras de personas desaparecidas y los homicidios, así como el incremento en la percepción de inseguridad entre la población y la metodología utilizada para medir su disminución.

Otros cuestionamientos estuvieron dirigidos a las estrategias para incrementar el número de policías por habitante, la asignación de elementos para la seguridad de funcionarios de alto nivel y las acciones implementadas en la región de Zongolica.

También se preguntó por la presencia de retenes presuntamente falsos en carreteras, la participación de la SSP en los programas Mujer Alerta y Veracruzana Protegida, el número de llamadas atendidas y los tiempos de respuesta.

Asimismo, se solicitó información sobre la cantidad de elementos que cuentan con el Certificado Único Policial, la meta prevista para 2027, la efectividad de las Redes Vecinales y las acciones encaminadas a fortalecer la confianza ciudadana en estos mecanismos.

En sus intervenciones, las diputadas Elizabeth Morales García (PT), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Roxana Barragán Hernández (PVEM) e Ingrid Jeny Calderón Domínguez (Morena) también formularon preguntas sobre diversos asuntos de seguridad pública.

Entre ellos, los apoyos económicos destinados a quienes sufrieron afectaciones por los hechos delictivos ocurridos en Poza Rica y las condiciones actuales de los centros de reinserción social, así como sus mecanismos de supervisión y control.

También solicitaron información sobre los municipios que carecen de mandos policiales certificados, la colaboración de la SSP con el Centro de Mando Estatal de Búsqueda y el presunto subregistro de feminicidios clasificados como homicidios.

Otro tema abordado fue el de las condiciones de habitabilidad de las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros penitenciarios.

Las legisladoras preguntaron, además, sobre el funcionamiento del servicio de transporte Ulúa en la zona de Alvarado, los protocolos de actuación previstos para playas y centros acuáticos durante la próxima temporada vacacional y la coordinación con las corporaciones policiales municipales.

Asimismo, se abordó la coordinación con la Guardia Nacional para prevenir el robo de mercancías en carreteras y el procedimiento para el tratamiento de los artículos asegurados.

Los mensajes de conclusión estuvieron a cargo de las diputadas Indira de Jesús Rosales San Román, María Elena Córdova Molina, Ana Rosa Valdés Salazar y Montserrat Ortega Ruiz, así como de los diputados Diego Castañeda Aburto, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Ramón Díaz Ávila y Héctor Yunes Landa.

La comparecencia inició a las 17:08 horas y concluyó a las 19:49 horas.