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Cuando protestar se convierte en un “show” para el Gobierno de Veracruz
Hay algo que empieza a cansar a los veracruzanos: que cada vez que alguien protesta, reclama, marcha o simplemente intenta acercarse al Gobierno para exigir una solución, la respuesta termine siendo la descalificación.
Y lo ocurrido esta semana en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz con una madre de un niño con cáncer es solamente el episodio más reciente.
Cora de Jesús Rodríguez no llegó a pedir un privilegio.
Llegó a reclamar medicamentos para niños con cáncer.
Y la respuesta política terminó siendo llamar “show mediático” a las protestas de médicos y enfermeras que han denunciado carencias de medicamentos, material quirúrgico, jeringas y otros insumos. La propia gobernadora Rocío Nahle dijo que no iba a caer en “provocaciones” y cuestionó las movilizaciones.
Ese es precisamente el problema.
Cuando una administración comienza a considerar que la protesta es una provocación, el ciudadano deja de ser visto como alguien que reclama un derecho y empieza a ser tratado como una molestia.
Y eso duele.
Porque protestar no es un delito.
Marchar no es un delito.
Preguntar no es un delito.
Exigir medicamentos para un hijo tampoco debería convertirse en una confrontación con el poder.
Lo verdaderamente preocupante es que esta actitud no parece limitarse a un solo episodio.
En abril, trabajadores de Salud realizaron movilizaciones y el propio secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, reconoció que existían fallas administrativas y que se estaban revisando entre 23 y 24 demandas sindicales relacionadas con adeudos, equipo, viáticos y prestaciones.
En septiembre, trabajadores de hospitales volvieron a protestar por medicamentos e insumos. La secretaria de Salud, Mariela Hernández García, evitó responder a los cuestionamientos de los reporteros y se retiró del lugar acompañada por personal de seguridad.
También hubo trabajadores del Programa de Vectores que denunciaron exclusiones en procesos de contratación y presuntos condicionamientos para desistirse de reclamaciones laborales como requisito para recuperar su empleo.
En Educación tampoco faltaron los conflictos.
Cuarenta y un sindicatos magisteriales expresaron inconformidad por el nombramiento de una funcionaria de Recursos Humanos de la SEV y se presentó incluso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La gobernadora defendió su decisión y sostuvo a la funcionaria en el cargo.
Y en mayo, trabajadores de la UPAV protestaron por salarios pendientes y posteriormente el Gobierno informó que el problema sería atendido.
Y está el caso de Hacienda.
En 2025, usuarios de oficinas de Hacienda del Estado denunciaron largas filas, falta de atención y una distribución de personal que, según los propios quejosos, complicaba los trámites. Las críticas fueron dirigidas al entonces responsable de Recaudación, Israel Octavio Caballero de la Rosa, y a la ex jefa de una oficina de Xalapa por su trato déspota a los Contribuyentes.
Más recientemente, otros reportes periodísticos han señalado a la Dirección General de Recaudación, encabezada actualmente por Caballero de la Rosa, por problemas relacionados con la actualización de información ante sociedades de información crediticia y posibles afectaciones a contribuyentes. Nuevamente: son señalamientos que deben ser respondidos y documentados por la autoridad.
Entonces la pregunta inevitable es:
¿Estamos frente a hechos aislados o frente a un mismo estilo de gobierno?
Porque cuando el ciudadano protesta en Salud, hay quien dice que está haciendo “show”.
Cuando protestan trabajadores, aparecen explicaciones administrativas.
Cuando reclaman maestros, se habla de intereses sindicales.
Cuando reclaman contribuyentes, el problema parece convertirse en un asunto burocrático.
Y cuando un ciudadano intenta acercarse físicamente a la gobernadora para plantearle un problema, termina interviniendo la seguridad.
¿Ese es el Gobierno cercano al pueblo?
Resulta particularmente contradictorio que una administración que habla constantemente de escuchar al pueblo termine generando esta sensación de distancia cada vez que el pueblo reclama.
Porque gobernar no consiste solamente en inaugurar obras, entregar programas o publicar fotografías recorriendo hospitales.
Gobernar también significa escuchar al que está inconforme.
Y ahí es donde está el verdadero examen.
A la gobernadora le habría bastado algo elemental frente a Cora:
“Déjenla pasar”.
“Quiero escucharla”.
“¿Qué medicamento necesita su hijo?”
“Vamos a revisar juntos si está disponible”.
Y si existía una carencia, ordenar a sus funcionarios resolverla.
Eso habría cerrado el episodio de otra manera.
En lugar de un escándalo nacional, habría existido una imagen poderosa: la gobernadora escuchando a una madre que lucha por la salud de su hijo.
“Pero le faltó barrio Político”.
Y ocurrió todo lo contrario.
La protesta terminó convertida en confrontación.
Y después llegó la narrativa del “show mediático”.
Ese es el punto que está generando hartazgo.
Porque el ciudadano puede soportar que una administración se equivoque.
Lo que difícilmente tolera es que, después del error, además le digan que exagera.
Puede aceptar que un medicamento falte temporalmente.
Lo que no quiere escuchar es que “ahí están los medicamentos” mientras médicos, enfermeras y familiares denuncian carencias.
Puede entender que una oficina esté saturada.
Lo que no acepta es hacer horas de fila y después escuchar que el problema es del usuario.
Puede aceptar que un funcionario tenga que tomar decisiones difíciles.
Lo que no acepta es sentirse humillado cuando reclama.
Y aquí aparece una pregunta todavía más incómoda:
¿El mismo trato que algunos ciudadanos denuncian en las calles comienza a reproducirse dentro de las propias dependencias?
Porque un gobierno termina hablando a través de sus funcionarios.
Los directores.
Los subsecretarios.
Los jefes de oficina.
Los responsables administrativos.
Y si desde arriba se transmite la idea de que la crítica es una provocación, abajo inevitablemente algunos funcionarios pueden terminar entendiendo que escuchar al ciudadano es opcional.
Eso es mucho más peligroso que una mala declaración.
Porque erosiona la relación entre Gobierno y sociedad.
Y no hay propaganda capaz de esconder indefinidamente el hartazgo cuando éste comienza a acumularse.
La gente no solamente observa cuánto dinero se anuncia.
Observa cómo la tratan.
Observa si la escuchan.
Observa si tiene que bloquear una calle para ser atendida.
Observa si necesita hacer una marcha para que aparezca el medicamento.
Observa si tiene que llevar una pancarta para que un funcionario finalmente reciba su expediente.
Observa si el ciudadano es recibido como persona o tratado como problema.
Y eso también forma parte de la evaluación pública de un Gobierno.
En 2027 y, posteriormente, en 2030, los ciudadanos tendrán la oportunidad constitucional de evaluar con su voto a quienes hayan ocupado responsabilidades públicas y a las fuerzas políticas que los representen.
No serán los comunicados oficiales los que determinen esa evaluación.
Serán también las experiencias acumuladas de la gente.
La fila.
El hospital.
El medicamento que no llegó.
El trámite que no se resolvió.
El trabajador que protestó.
La madre que pidió ser escuchada.
El ciudadano que sintió que tuvo que gritar para que alguien volteara a verlo.
Porque el poder tiene memoria.
Pero el pueblo también.
Y quizá la pregunta más incómoda para cualquier gobernante no sea cuántos funcionarios tiene.
Ni cuántas giras realiza.
Ni cuántos discursos pronuncia.
La pregunta verdaderamente incómoda es otra:
¿Cuando el ciudadano tiene un problema, siente que su Gobierno lo escucha…
o siente que primero tiene que vencer a todo el aparato del poder para conseguir que alguien le responda?
Ahí está el verdadero desgaste.
Y ahí también comienza la factura política de cualquier administración.
