Pepe Cortés
Una acusación de traición a la patria no es un asunto menor. El Código Penal Federal contempla penas de cinco a 40 años de prisión. Cuando el Estado utiliza una figura penal de semejante gravedad, está obligado a demostrarla con la misma seriedad con la que la formula.
El 17 de abril se realizó un operativo en El Pinal, Chihuahua, que terminó con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas y en el que participaron agentes estadounidenses. La Fiscalía General de la República sostiene que César Jáuregui permitió esa intervención sin autorización federal. El exfiscal fue detenido el 17 de octubre, acusado de traición a la patria.
Pudo haber fallado algún protocolo, pero jamás será traición a la patria combatir al crimen, a menos que el Estado mexicano sea el criminal. La cooperación internacional exige reglas y coordinación, pero existe una diferencia fundamental entre incumplir procedimientos y cometer un delito contra la nación. Esa distinción no puede desaparecer por conveniencia política.
México enfrenta organizaciones criminales que asesinan, secuestran, extorsionan y controlan territorios. Frente a esa realidad, combatir al crimen organizado constituye una obligación del Estado. La soberanía no consiste solamente en determinar quién participa en una operación, sino también en impedir que los criminales impongan sus propias reglas. Un territorio sometido al crimen organizado es un territorio donde la autoridad del Estado está siendo desafiada.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una operación destinada a desmantelar un laboratorio clandestino de drogas terminar convertida en una acusación de traición a la patria? ¿Qué sabían las autoridades federales? ¿Quién autorizó las acciones? ¿Dónde comienza y termina la responsabilidad de cada funcionario? La justicia debe responder con pruebas, no con interpretaciones políticas.
Existe además otra dimensión: la responsabilidad de quienes ejercen el poder. Los gobiernos funcionan mediante cadenas de mando, coordinación y decisiones compartidas. Cuando surge una controversia, no basta señalar a una persona sin esclarecer el contexto completo. La lealtad tampoco es una obligación exclusiva de los subordinados hacia sus superiores. Quienes gobiernan tienen responsabilidades frente a sus colaboradores. Asumirlas no significa encubrir irregularidades, sino explicar las decisiones institucionales y responder por la cadena de mando.
Conociendo la confrontación política entre la 4T y la oposición, preocupa que puedan surgir nuevas acusaciones y que el proceso termine convertido en un espectáculo mediático. La existencia de investigaciones adicionales no demuestra culpabilidad. Tampoco debería utilizarse una acusación penal para desacreditar adversarios. La justicia necesita expedientes sólidos, jueces independientes y resoluciones, no condenas anticipadas desde las conferencias de prensa.
El riesgo trasciende a Jáuregui. ¿Qué mensaje reciben los servidores públicos encargados de enfrentar al crimen organizado cuando una operación contra estructuras criminales puede desembocar en una acusación de semejante gravedad? La cooperación internacional necesita reglas claras, pero también certeza jurídica. El miedo institucional puede convertirse en una ventaja para quienes viven de la violencia.
La patria no pertenece a ningún gobierno ni tiene colores partidistas. Está representada por las familias que buscan desaparecidos, los comerciantes que resisten la extorsión y las comunidades que reclaman tranquilidad. La patria no se defiende con discursos mientras los criminales dominan territorios, ni confundiendo adversarios políticos con enemigos de México.
Porque la verdadera traición a México sería permitir que el crimen organizado ocupe el lugar que corresponde a sus instituciones.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es articulista y analista político.
